El Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha llamó a juicio a cuatro directivos de la Casa de Valores Interfeder.
Efraín, Etewar y Santiago Domínguez, junto con Carlos Suárez, son señalados como los responsables de captar dinero de forma ilegal y de pagar intereses superiores a los que permite la Ley (piramidación de activos).
Según el fallo, ellos recogían sumas de entre USD 10 y 5 000 y luego pagaban a sus clientes hasta 80% de interés, cada 32 días, por fuera de lo regulado por el sistema financiero local.
Interfeder, filial de DRFE, firma colombiana, fue registrada en la Notaría 31 de Quito, el 10 de junio de 2008, lo cual dio credibilidad a los depositantes.
Según la investigación de la Fiscalía, la agencia captaba al día USD 26 000. Al menos 17 000 clientes ecuatorianos perdieron su dinero.
En el momento, los Domínguez se encuentran recluidos. No así Suárez, quien tiene orden de prisión. Su juicio permanecerá suspendido hasta que se logre su captura, señaló el juez.
La jueza de lo penal Ángela Sarmiento también ordenó el embargo de los bienes de la captadora y la libertad de otras 20 personas, detenidas mientras se ejecutaba la investigación.
Efraín, Etewar y Santiago Domínguez, junto con Carlos Suárez, son señalados como los responsables de captar dinero de forma ilegal y de pagar intereses superiores a los que permite la Ley (piramidación de activos).
Según el fallo, ellos recogían sumas de entre USD 10 y 5 000 y luego pagaban a sus clientes hasta 80% de interés, cada 32 días, por fuera de lo regulado por el sistema financiero local.
Interfeder, filial de DRFE, firma colombiana, fue registrada en la Notaría 31 de Quito, el 10 de junio de 2008, lo cual dio credibilidad a los depositantes.
Según la investigación de la Fiscalía, la agencia captaba al día USD 26 000. Al menos 17 000 clientes ecuatorianos perdieron su dinero.
En el momento, los Domínguez se encuentran recluidos. No así Suárez, quien tiene orden de prisión. Su juicio permanecerá suspendido hasta que se logre su captura, señaló el juez.
La jueza de lo penal Ángela Sarmiento también ordenó el embargo de los bienes de la captadora y la libertad de otras 20 personas, detenidas mientras se ejecutaba la investigación.
