Mediante resolución n.º 1269, la Junta Bancaria estableció nuevos acuerdos de pago para los deudores de las 35 instituciones financieras en liquidación.
Según Gloria Sabando, superintendenta de Bancos, el ente de control determinó un mecanismo extraordinario de recuperación de "deudas malas y dudosas" con el objetivo de conseguir un resultado eficaz de la gestión de cobro de la cartera de créditos de los bancos. "Así queremos cerrar el capítulo de la crisis bancaria de 1999", dijo.
De acuerdo con el documento, amparado en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a este proceso "se podrán acoger las personas naturales y jurídicas deudoras de las entidades sometidas a procesos de liquidación forzosa".
Sin embargo, para el ex superintendente de Bancos Alfredo Vergara, esta medida es inconstitucional, ya que "la Carta Política vigente señala, en el art. 290 numeral 7, la prohibición al Estado de asumir deudas privadas. Es decir que el Régimen no puede resolver resposabilidades ajenas", dijo.
El mismo criterio lo comparte Patricio Ruiz, experto financiero, quien además consideró que, "en esta resolución, existe un doble juego por la campaña electoral, ya que se ayuda a los deudores, pero se incumple con lo que dictamina la nueva Constitución".
El documento legal también indica que el plazo para acogerse a este mecanismo extraordinario será de 90 días, a partir de la fecha en que se conforme el Consejo Temporal de Liquidación o la Junta de Acreedores de la respectiva financiera.
Los interesados deberán realizar los pago en efectivo o con certificados de depósitos garantizados. Otra opción es aplicar la compensación de créditos. Además, los deudores podrán acceder a un acuerdo de cancelación de sus obligaciones mediante una suscripción, en la cual se beneficiarán con descuentos en los intereses y gastos adeudados.
"Eso es parte del salvataje bancario. No se puede discrecionalmente arreglar las responsabilidades de las personas. Ahí también se da paso a la corrupción", explicó el ex superintendente.
De su parte, Ruiz consideró que, a pesar de la irregularidad, este sistema permitirá que las personas vuelvan a ser sujetos de crédito.
Si el deudor cumple con el acuerdo, mejorará su calificación de riesgo. Según explicó Sabando, puede llegar hasta a la categoría B.
Por el contrario, si el titular se atrasa en sus pagos e incumple el acuerdo, el liquidador de la respectiva entidad ejercerá la jurisdicción coactiva para el cobro inmediato del total de la deuda, incluyendo los intereses y gastos rebajados.
Además se aplicará la declaratoria de insolvencia o quiebra del deudor quien, al mismo tiempo, será reclasificado a la categoría de riesgo E, que será reportada a la central de riesgos, explicó la titular del organismo de control.
Por su parte el ex superintendente de bancos, Juan falconí Puig, dijo esta mañana que si ele stado logra recuperar un dólar de las deuda del Filanbanco, es gracias a su gestión. El ex funcionario arremetió contra ex funcionarios de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia de quien dijo haber recibido persecusión, incluso habló de que en cualquier momento lo pueden meter a la cárcel con una medida preventiva emitida por la primera sala de lo penal de la actual Corte Nacional de Justicia.
Según Gloria Sabando, superintendenta de Bancos, el ente de control determinó un mecanismo extraordinario de recuperación de "deudas malas y dudosas" con el objetivo de conseguir un resultado eficaz de la gestión de cobro de la cartera de créditos de los bancos. "Así queremos cerrar el capítulo de la crisis bancaria de 1999", dijo.
De acuerdo con el documento, amparado en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a este proceso "se podrán acoger las personas naturales y jurídicas deudoras de las entidades sometidas a procesos de liquidación forzosa".
Sin embargo, para el ex superintendente de Bancos Alfredo Vergara, esta medida es inconstitucional, ya que "la Carta Política vigente señala, en el art. 290 numeral 7, la prohibición al Estado de asumir deudas privadas. Es decir que el Régimen no puede resolver resposabilidades ajenas", dijo.
El mismo criterio lo comparte Patricio Ruiz, experto financiero, quien además consideró que, "en esta resolución, existe un doble juego por la campaña electoral, ya que se ayuda a los deudores, pero se incumple con lo que dictamina la nueva Constitución".
El documento legal también indica que el plazo para acogerse a este mecanismo extraordinario será de 90 días, a partir de la fecha en que se conforme el Consejo Temporal de Liquidación o la Junta de Acreedores de la respectiva financiera.
Los interesados deberán realizar los pago en efectivo o con certificados de depósitos garantizados. Otra opción es aplicar la compensación de créditos. Además, los deudores podrán acceder a un acuerdo de cancelación de sus obligaciones mediante una suscripción, en la cual se beneficiarán con descuentos en los intereses y gastos adeudados.
"Eso es parte del salvataje bancario. No se puede discrecionalmente arreglar las responsabilidades de las personas. Ahí también se da paso a la corrupción", explicó el ex superintendente.
De su parte, Ruiz consideró que, a pesar de la irregularidad, este sistema permitirá que las personas vuelvan a ser sujetos de crédito.
Si el deudor cumple con el acuerdo, mejorará su calificación de riesgo. Según explicó Sabando, puede llegar hasta a la categoría B.
Por el contrario, si el titular se atrasa en sus pagos e incumple el acuerdo, el liquidador de la respectiva entidad ejercerá la jurisdicción coactiva para el cobro inmediato del total de la deuda, incluyendo los intereses y gastos rebajados.
Además se aplicará la declaratoria de insolvencia o quiebra del deudor quien, al mismo tiempo, será reclasificado a la categoría de riesgo E, que será reportada a la central de riesgos, explicó la titular del organismo de control.
Por su parte el ex superintendente de bancos, Juan falconí Puig, dijo esta mañana que si ele stado logra recuperar un dólar de las deuda del Filanbanco, es gracias a su gestión. El ex funcionario arremetió contra ex funcionarios de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia de quien dijo haber recibido persecusión, incluso habló de que en cualquier momento lo pueden meter a la cárcel con una medida preventiva emitida por la primera sala de lo penal de la actual Corte Nacional de Justicia.
