El contencioso que mantiene desde hace más de 15 años un grupo de comunidades indígenas de Ecuador contra la petrolera estadounidense Chevron-Texaco por daños ambientales llegó hoy al Congreso de Estados Unidos.
La Comisión de Derechos Humanos centró su sesión de hoy en la defensa de los pueblos indígenas y minorías que se han visto afectados por desastres naturales y el de Ecuador fue uno de los casos que se analizaron, junto con otros de Nigeria y Papúa.
El abogado Steven Dozinger, representante de los indígenas ecuatorianos, subrayó que "cualquier preocupación por los derechos humanos debe incluir la cuestión medioambiental como un aspecto fundamental".
Dozinger indicó que aunque congresistas estadounidenses han mostrado su interés por el caso, esta es la primera vez que llegaba al Capitolio e instó a los legisladores a que pongan atención en la seguridad de las comunidades del Amazonas y los derechos humanos.
Los demandantes acusan a la petrolera de causar daños medioambientales irreparables durante los años que operó en la región, entre 1971 y 1992 y consideran que esos vertidos son la causa del aumento de casos de cáncer y otras enfermedades en estas poblaciones.
El abogado subrayó que las leyes de los países imponen claras obligaciones de protección del medioambiente como un elemento básico para la defensa de los derechos humanos y que EE.UU. no puede permitir que otras empresas hagan "lo que Chevron hizo" en Ecuador.
La degradación del Amazonas ecuatoriano, dijo, "es un ejemplo de cómo estos principios necesitan ser tenidos en cuenta para salvar vidas, administrar justicia y responsabilidad".
De hecho, señaló que algunos países han acordado que algunas violaciones de las normas medioambientales "no son simplemente acciones equivocadas con responsabilidad civil, sino crímenes internacionales que pueden ser objeto de castigo".
En este sentido, el congresista Jim McGovern, copresidente de la comisión, subrayó que Estados Unidos tiene que tener un papel de liderazgo y trabajar con la comunidad internacional para elevar la categoría de los asuntos medioambientales.
"Lo que he visto en Ecuador es inaceptable, tanto por la parte de Chevron como de Petroecuador (la compañía estatal ecuatoriana)" e hizo un llamamiento para que las compañías reparen el daño hecho.
No obstante, el congresista, que viajó a la región el pasado noviembre, dijo que no se trata de encontrar un culpable, sino una solución.
En cuanto a la responsabilidad de las empresas estadounidenses que operan en otros países y la posibilidad de que se regulen sus acciones, McGovern dijo a la prensa que Estados Unidos tiene primero que examinar cómo están trabajando en el exterior, "para entender si lo están haciendo bien o no".
Esta comisión ya se ha puesto en contacto con el Gobierno del presidente Barack Obama y ha enviado una carta al Departamento de Estado para pedir más atención en materia medioambiental.
También participaron en la comisión Stephen Kretzmann, de la organización Oil Change International, que defiende a las comunidades del delta del Níger, donde las compañías multinacionales extraen gas, así como el activista de los derechos medioambientales, Octovianus Mote, de Papua (Indonesia). EFE
La Comisión de Derechos Humanos centró su sesión de hoy en la defensa de los pueblos indígenas y minorías que se han visto afectados por desastres naturales y el de Ecuador fue uno de los casos que se analizaron, junto con otros de Nigeria y Papúa.
El abogado Steven Dozinger, representante de los indígenas ecuatorianos, subrayó que "cualquier preocupación por los derechos humanos debe incluir la cuestión medioambiental como un aspecto fundamental".
Dozinger indicó que aunque congresistas estadounidenses han mostrado su interés por el caso, esta es la primera vez que llegaba al Capitolio e instó a los legisladores a que pongan atención en la seguridad de las comunidades del Amazonas y los derechos humanos.
Los demandantes acusan a la petrolera de causar daños medioambientales irreparables durante los años que operó en la región, entre 1971 y 1992 y consideran que esos vertidos son la causa del aumento de casos de cáncer y otras enfermedades en estas poblaciones.
El abogado subrayó que las leyes de los países imponen claras obligaciones de protección del medioambiente como un elemento básico para la defensa de los derechos humanos y que EE.UU. no puede permitir que otras empresas hagan "lo que Chevron hizo" en Ecuador.
La degradación del Amazonas ecuatoriano, dijo, "es un ejemplo de cómo estos principios necesitan ser tenidos en cuenta para salvar vidas, administrar justicia y responsabilidad".
De hecho, señaló que algunos países han acordado que algunas violaciones de las normas medioambientales "no son simplemente acciones equivocadas con responsabilidad civil, sino crímenes internacionales que pueden ser objeto de castigo".
En este sentido, el congresista Jim McGovern, copresidente de la comisión, subrayó que Estados Unidos tiene que tener un papel de liderazgo y trabajar con la comunidad internacional para elevar la categoría de los asuntos medioambientales.
"Lo que he visto en Ecuador es inaceptable, tanto por la parte de Chevron como de Petroecuador (la compañía estatal ecuatoriana)" e hizo un llamamiento para que las compañías reparen el daño hecho.
No obstante, el congresista, que viajó a la región el pasado noviembre, dijo que no se trata de encontrar un culpable, sino una solución.
En cuanto a la responsabilidad de las empresas estadounidenses que operan en otros países y la posibilidad de que se regulen sus acciones, McGovern dijo a la prensa que Estados Unidos tiene primero que examinar cómo están trabajando en el exterior, "para entender si lo están haciendo bien o no".
Esta comisión ya se ha puesto en contacto con el Gobierno del presidente Barack Obama y ha enviado una carta al Departamento de Estado para pedir más atención en materia medioambiental.
También participaron en la comisión Stephen Kretzmann, de la organización Oil Change International, que defiende a las comunidades del delta del Níger, donde las compañías multinacionales extraen gas, así como el activista de los derechos medioambientales, Octovianus Mote, de Papua (Indonesia). EFE
