El Contralor General del Estado acudió ante el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para impugnar la resolución que pretende dejar sin efecto la millonaria Orden de Reintegro emitida por la Contraloría, a pesar de haber sido ratificada su validez, por la Corte Suprema de Justicia.
Esta actuación ilegítima de la Segunda Sala de dicho Tribunal, favorece a la Empresa Andrade Gutiérrez, en perjuicio del Estado ecuatoriano en más de 100 millones de dólares. Carlos Pólit, visiblemente contrariado, al rechazar esta actuación, solicitó se declare la inmediata nulidad de la providencia del pasado 17 de abril de 2009, mediante la cual se niega el recurso de hecho interpuesto oportunamente por la Contraloría.
El Contralor argumentó la nulidad de dicha actuación, al haberse demostrado la intervención de dos conjueces, (Bety Fabiola Guerrero Chávez y Vicente Izquierdo Pinos) pese a que la Sala estaba debidamente integrada. Esta providencia imposibilita, a la Contraloría, hacer efectiva la recuperación del valor de la Orden de Reintegro por 23.4 millones de dólares que emitió el organismo de control en contra de la empresa Andrade Gutiérrez, por el perjuicio irrogado al Estado, en la construcción de la carretera Méndez Morona cuyo monto, con intereses, supera los 100 millones de dólares.
Esta acción toma la Contraloría, sin perjuicio de otras acciones legales que podría presentarse ante el Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General, expresó finalmente el Contralor Pólit.
Esta actuación ilegítima de la Segunda Sala de dicho Tribunal, favorece a la Empresa Andrade Gutiérrez, en perjuicio del Estado ecuatoriano en más de 100 millones de dólares. Carlos Pólit, visiblemente contrariado, al rechazar esta actuación, solicitó se declare la inmediata nulidad de la providencia del pasado 17 de abril de 2009, mediante la cual se niega el recurso de hecho interpuesto oportunamente por la Contraloría.
El Contralor argumentó la nulidad de dicha actuación, al haberse demostrado la intervención de dos conjueces, (Bety Fabiola Guerrero Chávez y Vicente Izquierdo Pinos) pese a que la Sala estaba debidamente integrada. Esta providencia imposibilita, a la Contraloría, hacer efectiva la recuperación del valor de la Orden de Reintegro por 23.4 millones de dólares que emitió el organismo de control en contra de la empresa Andrade Gutiérrez, por el perjuicio irrogado al Estado, en la construcción de la carretera Méndez Morona cuyo monto, con intereses, supera los 100 millones de dólares.
Esta acción toma la Contraloría, sin perjuicio de otras acciones legales que podría presentarse ante el Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General, expresó finalmente el Contralor Pólit.
