El Ministerio del Ambiente invirtió USD 800 000 en una estación de monitoreo.
Solo los países de la Cuenca Amazónica y la India tienen pueblos no contactados. En el caso de Ecuador son los tagaeri y taromenane los que viven en aislamiento voluntario en la zona intangible del Parque Yasuní.
Para garantizar sus derechos y cumplir con las disposiciones de la nueva Constitución y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer tres ministerios firmaron un acuerdo para proteger a estos pueblos.
Las carteras del Ambiente; Patrimonio Natural y Cultural; Justicia y Derechos Humanos coordinarán una estrategia que precautele la supervivencia de estas comunidades indígenas que habitan entre las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.
El compromiso de los tres ministerios es generar una política de Estado, así como la creación de un comité de gestión interinstitucional integrado por delegados de Justicia, Ambiente, Minas y Petróleos, Inclusión Social, Defensa, Salud, Turismo, Cancillería, Ecorae, Procuraduría...
Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente, será quien presida este comité, el cual se reunirá cada mes para evaluar los avances del cumplimiento del Plan de Medidas Cautelares.
Una de las acciones concretas impulsadas en 2008 por el Ministerio del Ambiente es la construcción de una estación de control y monitoreo en la zona del río Shiripuno, en Orellana.
Aguiñaga explicó ayer, en rueda de prensa, que el objetivo del centro, en el cual se invirtieron más de USD 800 000, es controlar algunas actividades que pudieran poner en riesgo a los pueblos no contactados. Uno de los primeros resultados es el trabajo con líderes huaoranis para que se vuelvan aliados de la conservación y evitar el tráfico ilegal de madera que, según la Ministra, es uno de los fenómenos negativos que más amenaza a los grupos no contactados.
La ministra de Patrimonio, Doris Solís, informó que el Ecorae asimismo destinará recursos para la conservación de la zona intangible del Parque Yasuní. Y se cuenta con un proyecto de USD 3 millones de Naciones Unidas para la protección de esta área natural. “No queremos que se vuelvan a repetir hechos como la matanza del pueblo tagaeri y taromenane causada por intrusos y explotadores ilegales de madera”.
Gustavo Jalkh, ministro de Justicia, sostuvo que su Cartera desarrollará acciones de capacitación en derechos humanos a la Fuerza Pública, con el fin que conozca el cumplimento de las medidas cautelares dictadas en 2006.
Solo los países de la Cuenca Amazónica y la India tienen pueblos no contactados. En el caso de Ecuador son los tagaeri y taromenane los que viven en aislamiento voluntario en la zona intangible del Parque Yasuní.
Para garantizar sus derechos y cumplir con las disposiciones de la nueva Constitución y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer tres ministerios firmaron un acuerdo para proteger a estos pueblos.
Las carteras del Ambiente; Patrimonio Natural y Cultural; Justicia y Derechos Humanos coordinarán una estrategia que precautele la supervivencia de estas comunidades indígenas que habitan entre las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.
El compromiso de los tres ministerios es generar una política de Estado, así como la creación de un comité de gestión interinstitucional integrado por delegados de Justicia, Ambiente, Minas y Petróleos, Inclusión Social, Defensa, Salud, Turismo, Cancillería, Ecorae, Procuraduría...
Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente, será quien presida este comité, el cual se reunirá cada mes para evaluar los avances del cumplimiento del Plan de Medidas Cautelares.
Una de las acciones concretas impulsadas en 2008 por el Ministerio del Ambiente es la construcción de una estación de control y monitoreo en la zona del río Shiripuno, en Orellana.
Aguiñaga explicó ayer, en rueda de prensa, que el objetivo del centro, en el cual se invirtieron más de USD 800 000, es controlar algunas actividades que pudieran poner en riesgo a los pueblos no contactados. Uno de los primeros resultados es el trabajo con líderes huaoranis para que se vuelvan aliados de la conservación y evitar el tráfico ilegal de madera que, según la Ministra, es uno de los fenómenos negativos que más amenaza a los grupos no contactados.
La ministra de Patrimonio, Doris Solís, informó que el Ecorae asimismo destinará recursos para la conservación de la zona intangible del Parque Yasuní. Y se cuenta con un proyecto de USD 3 millones de Naciones Unidas para la protección de esta área natural. “No queremos que se vuelvan a repetir hechos como la matanza del pueblo tagaeri y taromenane causada por intrusos y explotadores ilegales de madera”.
Gustavo Jalkh, ministro de Justicia, sostuvo que su Cartera desarrollará acciones de capacitación en derechos humanos a la Fuerza Pública, con el fin que conozca el cumplimento de las medidas cautelares dictadas en 2006.
