La división en el movimiento indígena y la injerencia del Gobierno habrían sido los factores que determinaron la poca participación en la movilización realizada el martes, en rechazo a la Ley Minera.
El dirigente de la Fenocín, Luis Andrango, reconoció la división. "Las bases de toda la organización están divididas por un factor político", manifestó, al señalar que los distintos sectores están enfrascados en definir candidaturas, de cara a las elecciones del próximo 26 de abril.
Añadió que la Fenocín no estuvo de acuerdo con la tesis de archivar la Ley Minera, por considerar que eso sería un retroceso.
En cambio, el presidente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas), Marlon Santi, y el presidente de Pachakutik, acusaron al ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, de haber evitado que las marchas lleguen a su destino, con la fuerza policial.
Para Santi, la movilización no ha terminado, sino que se trasladará a las comunidades indígenas, "que han declarado la desobediencia civil... No permitiremos que las transnacionales entren a nuestros territorios", advirtió.
El analista político Felipe Burbano de Lara coincidió en que la manifestación fue débil, ya que estuvo enmarcada en una demanda que "no generó cohesión en el movimiento indígena y otros grupos sociales".
De su lado, el politólogo Vladimir Sierra reconoció que la movilización no fue multitudinaria, pero sí un llamado de atención al presidente para que no se enfoque solo en la extracción de materia prima, sino en el agro y la pequeña industria.
Mientras tanto, los 11 manifestantes detenidos durante las protestas del martes fueron liberados en la tarde de ayer, debido a que no se encontraron pruebas en su contra. Sin embargo, los juicios a los implicados se mantienen. Ellos estarían acusados de rebelión y de agredir a seis policías, delito por el cual podrían ser encarcelados por hasta tres años. El presidente Rafael Correa advirtió con sancionar los actos violentos "con todo el rigor de la ley".
El dirigente de la Fenocín, Luis Andrango, reconoció la división. "Las bases de toda la organización están divididas por un factor político", manifestó, al señalar que los distintos sectores están enfrascados en definir candidaturas, de cara a las elecciones del próximo 26 de abril.
Añadió que la Fenocín no estuvo de acuerdo con la tesis de archivar la Ley Minera, por considerar que eso sería un retroceso.
En cambio, el presidente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas), Marlon Santi, y el presidente de Pachakutik, acusaron al ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, de haber evitado que las marchas lleguen a su destino, con la fuerza policial.
Para Santi, la movilización no ha terminado, sino que se trasladará a las comunidades indígenas, "que han declarado la desobediencia civil... No permitiremos que las transnacionales entren a nuestros territorios", advirtió.
El analista político Felipe Burbano de Lara coincidió en que la manifestación fue débil, ya que estuvo enmarcada en una demanda que "no generó cohesión en el movimiento indígena y otros grupos sociales".
De su lado, el politólogo Vladimir Sierra reconoció que la movilización no fue multitudinaria, pero sí un llamado de atención al presidente para que no se enfoque solo en la extracción de materia prima, sino en el agro y la pequeña industria.
Mientras tanto, los 11 manifestantes detenidos durante las protestas del martes fueron liberados en la tarde de ayer, debido a que no se encontraron pruebas en su contra. Sin embargo, los juicios a los implicados se mantienen. Ellos estarían acusados de rebelión y de agredir a seis policías, delito por el cual podrían ser encarcelados por hasta tres años. El presidente Rafael Correa advirtió con sancionar los actos violentos "con todo el rigor de la ley".
