A fin de establecer una normativa que afiance la lucha contra la corrupción, en lo que se refiere a las actividades ilícitas originadas o vinculadas a diversos delitos como el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, captación ilegal de dinero, terrorismo, enriquecimiento ilícito, entre otros, la Comisión Legislativa organizó un encuentro con todos los sectores involucrados en la temática, a fin de que recoger los puntos de vista en torno al proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que se encuentra en estudio en la Comisión de Contratación Pública y Transparencia. Actuaron como expositores; Gustavo Vega, presidente del CONESUP, con el tema: Una visión académica de la figura de extinción de dominio; el primer vicepresidente de la Comisión Legislativa, César Rodríguez, objetivos del proyecto de ley; Washington Pesantez, Fiscal General del Estado, contenido de la ley ; Julio Ospino, de la Procuraduría de la República de Colombia, antecedentes y visión regional; Alfredo Vera Arrata, Secretario Nacional de Transparencia de Gestión: la Ley de Extinción de Dominio y la transparencia en la gestión pública; y, Domingo Paredes, Secretario Ejecutivo del CONSEP, Ley de Extinción de Dominio y Narcotráfico. Asistieron al encuentro asambleístas, catedráticos, estudiantes, universidades, juristas, público en general.
Los expositores resaltaron la importancia de que la Comisión Legislativa y de Fiscalización apruebe lo antes posible esta ley que ha sido consensuada por diferentes sectores: Asamblea, Procuraduría, Ministerio de Justicia, CONSEP, Policía Nacional, Tribunal Constitucional, AGD, Banco Central, Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General y que tiene por objetivo garantizar a los habitantes el derecho a una cultura en paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción.
En sí la normativa regula el procedimiento autónomo y tiene por objetivo investigar, procesar, declarar la extinción del derecho de dominio de los particulares y otorgarlo a favor del Estado sobre los bienes de procedencia, uso o destino ilícito. Esta ley se aplica únicamente sobre los bienes mal habidos.
Reglas clarasEl Fiscal Washington Pesantez explicó que la normativa busca establecer reglas legales que permitan luchar contra los activos generados por las redes de la corrupción y el crimen organizado, evitar la impunidad que genera la extinción y la acción penal. Es una acción real, independiente, especial de naturaleza jurisdiccional y acción autónoma que garantiza el debido proceso. Se desarrolla en relación de bienes concretos y determinados, no contra las personas, es decir, la pérdida del derecho de la propiedad cuando la procedencia es ilícita, afirmó.
Aclaró que esta acción se enmarca tanto en lo civil como en lo penal, es decir, el derecho penal investiga la procedencia del ilícito de los bienes y el derecho civil extingue la propiedad. “El crimen avanza y la ley debe evolucionar y garantizar plenamente los derechos”, acotó.
Indicó que la ley es restrospectiva, por tanto, si la normativa se aprueba en estos días, produce efectos hacia el pasado sobre derechos adquiridos. Bienes aprehendidos pasan al EstadoEl primer vicepresidente de la Comisión Legislativa, César Rodríguez precisó que los bienes que han sido aprehendidos por actos ilícitos pasan al Estado. Se crea una entidad que se encarga de la subasta pública y los recursos ingresan a la cuenta Única del Tesoro Nacional para que se inviertan en obras de desarrollo para el país y también en el combate a este delito.
Según el mandato constituyente 23, el proyecto de ley se encuentra en el proceso de socialización con todos los sectores involucrados, y será la Comisión de Contratación Pública la que presente los informes para primer y segundo debate, por tanto, podría estar aprobado hasta marzo y el país contaría con reglas claras para el combate a la corrupción en lo que respecta a bienes mal habidos., explicó.
Acoger fortalezas de la experiencia colombianaEl procurador de Colombia, Julio Ospino, explicó que el país vecino aprobó una normativa sobre la Ley de Extinción de dominio hace 20 años, pero para que sea eficaz se han tenido que desarrollar reformas durante el proceso, por ello, sugirió a la Comisión Legislativa acoja las fortalezas de la experiencia colombiana para construir un instrumento eficaz, ágil y certero para combatir este delito.
Señaló que Colombia al contar con esta normativa pudo incautar más de 40 mil bienes por concepto de extinción de dominio y a la fecha hay más de 8 000 con sentencia definitiva. “Son cuantiosas fortunas que provienen del narcotráfico, de la delincuencia organizada”.
Constituye una herramienta eficaz, contundente y clara que tiene el Estado y la sociedad para luchar contra el crimen organizado, por ello, vale la pena que Ecuador también tenga una ley sobre esta materia, agregó.
Urge aprobar normativaEntre tanto, Domingo Paredes, Secretario Ejecutivo del CONSEP, planteó ocho argumentos fundamentales para apoyar el cuerpo legal que aprobará la Comisión Legislativa.
Tras indicar que producto del narcotráfico circulan en el mundo 700 mil millones de dólares anuales, recordó que en el 2008, se han destruido 14 laboratorios clandestinos, localizados por las Fuerzas Armadas, cuatro por la Policía Nacional.
Los expositores resaltaron la importancia de que la Comisión Legislativa y de Fiscalización apruebe lo antes posible esta ley que ha sido consensuada por diferentes sectores: Asamblea, Procuraduría, Ministerio de Justicia, CONSEP, Policía Nacional, Tribunal Constitucional, AGD, Banco Central, Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General y que tiene por objetivo garantizar a los habitantes el derecho a una cultura en paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción.
En sí la normativa regula el procedimiento autónomo y tiene por objetivo investigar, procesar, declarar la extinción del derecho de dominio de los particulares y otorgarlo a favor del Estado sobre los bienes de procedencia, uso o destino ilícito. Esta ley se aplica únicamente sobre los bienes mal habidos.
Reglas clarasEl Fiscal Washington Pesantez explicó que la normativa busca establecer reglas legales que permitan luchar contra los activos generados por las redes de la corrupción y el crimen organizado, evitar la impunidad que genera la extinción y la acción penal. Es una acción real, independiente, especial de naturaleza jurisdiccional y acción autónoma que garantiza el debido proceso. Se desarrolla en relación de bienes concretos y determinados, no contra las personas, es decir, la pérdida del derecho de la propiedad cuando la procedencia es ilícita, afirmó.
Aclaró que esta acción se enmarca tanto en lo civil como en lo penal, es decir, el derecho penal investiga la procedencia del ilícito de los bienes y el derecho civil extingue la propiedad. “El crimen avanza y la ley debe evolucionar y garantizar plenamente los derechos”, acotó.
Indicó que la ley es restrospectiva, por tanto, si la normativa se aprueba en estos días, produce efectos hacia el pasado sobre derechos adquiridos. Bienes aprehendidos pasan al EstadoEl primer vicepresidente de la Comisión Legislativa, César Rodríguez precisó que los bienes que han sido aprehendidos por actos ilícitos pasan al Estado. Se crea una entidad que se encarga de la subasta pública y los recursos ingresan a la cuenta Única del Tesoro Nacional para que se inviertan en obras de desarrollo para el país y también en el combate a este delito.
Según el mandato constituyente 23, el proyecto de ley se encuentra en el proceso de socialización con todos los sectores involucrados, y será la Comisión de Contratación Pública la que presente los informes para primer y segundo debate, por tanto, podría estar aprobado hasta marzo y el país contaría con reglas claras para el combate a la corrupción en lo que respecta a bienes mal habidos., explicó.
Acoger fortalezas de la experiencia colombianaEl procurador de Colombia, Julio Ospino, explicó que el país vecino aprobó una normativa sobre la Ley de Extinción de dominio hace 20 años, pero para que sea eficaz se han tenido que desarrollar reformas durante el proceso, por ello, sugirió a la Comisión Legislativa acoja las fortalezas de la experiencia colombiana para construir un instrumento eficaz, ágil y certero para combatir este delito.
Señaló que Colombia al contar con esta normativa pudo incautar más de 40 mil bienes por concepto de extinción de dominio y a la fecha hay más de 8 000 con sentencia definitiva. “Son cuantiosas fortunas que provienen del narcotráfico, de la delincuencia organizada”.
Constituye una herramienta eficaz, contundente y clara que tiene el Estado y la sociedad para luchar contra el crimen organizado, por ello, vale la pena que Ecuador también tenga una ley sobre esta materia, agregó.
Urge aprobar normativaEntre tanto, Domingo Paredes, Secretario Ejecutivo del CONSEP, planteó ocho argumentos fundamentales para apoyar el cuerpo legal que aprobará la Comisión Legislativa.
Tras indicar que producto del narcotráfico circulan en el mundo 700 mil millones de dólares anuales, recordó que en el 2008, se han destruido 14 laboratorios clandestinos, localizados por las Fuerzas Armadas, cuatro por la Policía Nacional.
