IgnacioChauvín, dirigente de Acuerdo País, fue implicado en un caso de narcotráfico por su relación con los hermanos Jefferson y Édison Ostaiza. Ellos supuestamente lideraban una red de tráfico de drogas y lavado de activos.
Según las declaraciones de cuatro testigos del caso, ‘Nacho’ Chauvín era el contacto en el Gobierno que estaba gestionando directamente la adjudicación de pozos petroleros para la compañía Jooamy Ema, de propiedad de los hermanos Ostaiza.
Estas versiones sirvieron de base para que el fiscal Antinarcóticos, Jorge Solórzano, lo vincule en la instrucción fiscal Nº 118 de 2008, que indaga a Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza. Ellos, al parecer, son los principales miembros de una red internacional que traficaba clorhidrato de cocaína de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a México y a Estados Unidos.
En su declaración en la Fiscalía, Chauvín admitió que era amigo y que tenía una relación estrecha con Édison Ostaiza. Además, reconoció que se reunió varias veces con Jefferson Ostaiza.
El jueves, la dirigencia de Pichincha de País analizará el caso.
El dirigente fue viceministro de Gobierno cuando Gustavo Larrea estaba a cargo de esa Cartera. Además, es amigo cercano del ex ministro y trabajó en la campaña de Alianza País desde 2006.
La vinculación de Chauvín en el proceso legal causó la reacción de varios sectores. Ayer, en una entrevista en radio Democracia, el nuevo ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo que el Gobierno impulsará la investigación del caso y que “se llegará hasta las últimas consecuencias... Si tienen que volar cabezas, volarán”.
Además, recalcó que no se protegerá a nadie y que seguirán indagando hasta que se aclare la verdad de los hechos.
Asimismo, Martha Roldós, comisionada de RED, recalcó que se deben investigar las vinculaciones de todos los funcionarios o ex funcionarios del Gobierno con el narcotráfico. “La ciudadanía debe pedir que se indague a fondo este caso. Nosotros también lo vamos a pedir en la Asamblea”, dijo.
La dirigencia provincial de Alianza País recibió la noticia de la vinculación de Chauvín en el caso, como un balde de agua fría. El comisionado gobiernista, César Rodríguez, informó que el jueves, en la sesión ordinaria del movimiento, la directiva de Pichincha analizará el caso y tomará una resolución sobre si retirar a Chauvín de Alianza País. No obstante, recalcó que las actuaciones del dirigente no pueden afectar al trabajo del Gobierno.
Pero, la directiva nacional evitó pronunciarse sobre el caso, porque primero quiere “analizar la situación” y tomar una resolución.
Hoy la jueza cuarta de lo Penal de Guayas, Zoila Alvarado, resolverá el pedido de orden de prisión en contra de Chauvín y de otros cuatro implicados. A las 08:30 se realizará la audiencia de formulación de cargos.
En caso de que la jueza ordene su detención, la Policía está lista para actuar. Por ello, se han cerciorado de que no salga del país. “Nosotros sabemos que no ha dejado el Ecuador”, contó el Comandante de la Policía. “Sabemos que este caso tiene un tratamiento acelerado, pero nosotros cumpliremos con lo que disponga la justicia”, explicó Hurtado.
Según las declaraciones de cuatro testigos del caso, ‘Nacho’ Chauvín era el contacto en el Gobierno que estaba gestionando directamente la adjudicación de pozos petroleros para la compañía Jooamy Ema, de propiedad de los hermanos Ostaiza.
Estas versiones sirvieron de base para que el fiscal Antinarcóticos, Jorge Solórzano, lo vincule en la instrucción fiscal Nº 118 de 2008, que indaga a Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza. Ellos, al parecer, son los principales miembros de una red internacional que traficaba clorhidrato de cocaína de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a México y a Estados Unidos.
En su declaración en la Fiscalía, Chauvín admitió que era amigo y que tenía una relación estrecha con Édison Ostaiza. Además, reconoció que se reunió varias veces con Jefferson Ostaiza.
El jueves, la dirigencia de Pichincha de País analizará el caso.
El dirigente fue viceministro de Gobierno cuando Gustavo Larrea estaba a cargo de esa Cartera. Además, es amigo cercano del ex ministro y trabajó en la campaña de Alianza País desde 2006.
La vinculación de Chauvín en el proceso legal causó la reacción de varios sectores. Ayer, en una entrevista en radio Democracia, el nuevo ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo que el Gobierno impulsará la investigación del caso y que “se llegará hasta las últimas consecuencias... Si tienen que volar cabezas, volarán”.
Además, recalcó que no se protegerá a nadie y que seguirán indagando hasta que se aclare la verdad de los hechos.
Asimismo, Martha Roldós, comisionada de RED, recalcó que se deben investigar las vinculaciones de todos los funcionarios o ex funcionarios del Gobierno con el narcotráfico. “La ciudadanía debe pedir que se indague a fondo este caso. Nosotros también lo vamos a pedir en la Asamblea”, dijo.
La dirigencia provincial de Alianza País recibió la noticia de la vinculación de Chauvín en el caso, como un balde de agua fría. El comisionado gobiernista, César Rodríguez, informó que el jueves, en la sesión ordinaria del movimiento, la directiva de Pichincha analizará el caso y tomará una resolución sobre si retirar a Chauvín de Alianza País. No obstante, recalcó que las actuaciones del dirigente no pueden afectar al trabajo del Gobierno.
Pero, la directiva nacional evitó pronunciarse sobre el caso, porque primero quiere “analizar la situación” y tomar una resolución.
Hoy la jueza cuarta de lo Penal de Guayas, Zoila Alvarado, resolverá el pedido de orden de prisión en contra de Chauvín y de otros cuatro implicados. A las 08:30 se realizará la audiencia de formulación de cargos.
En caso de que la jueza ordene su detención, la Policía está lista para actuar. Por ello, se han cerciorado de que no salga del país. “Nosotros sabemos que no ha dejado el Ecuador”, contó el Comandante de la Policía. “Sabemos que este caso tiene un tratamiento acelerado, pero nosotros cumpliremos con lo que disponga la justicia”, explicó Hurtado.
