La Federación de Servidores Públicos (FEDESEPP), a través de su presidente, Miguel García Falconí, afirmó que ante la crisis fiscal que sufre el país, no se puede pensar si quiera en un aumento de los salarios, pero que es necesario formular una nueva Ley del Sector Público, que sin desconocer los justos derechos adquiridos, establezca una escala remunerativa que redistribuya equitativamente la actual masa salarial entre todas las categorías ocupacionales existentes.El dirigente gremial puntualizó que con ello se evitará que un profesional uno de una entidad autónoma gane diez veces más que su similar que trabaja en un ministerio.
García Falconí acudió a la comisión de lo Laboral y Social, con el fin de exponer la posición de la organización en torno al proyecto de reformas a la Ley y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, elaborado por la SENPLADES Y SENRES. Al respecto, aseveró que no está de acuerdo con que la Secretaría de Remuneraciones del Sector Público (SENRES) tenga atribuciones para suprimir, mantener, crear, trasladar puestos y determinar el número óptimo de funcionarios de cada institución, como se propone en el proyecto.
Planteó modificar el artículo 113 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, para determinar que “el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones, establecerá la escala de remuneraciones de aplicación obligatoria a los empleados y servidores, escala que definirá las categorías ocupacionales que se ubican en cada uno de los grados remunerativos; y, los empleados y funcionarios ubicados en las diversas categorías ocupacionales tendrán derecho únicamente a recibir la remuneración establecida en el correspondiente grado remunerativo.
No comparten la idea de impedir el reingreso al sector público de los jubilados en general, considera que deben mantenerse los topes estipulados actualmente, es decir para quienes reciben más de 500 dólares por concepto de pensión de jubilación.
Por otro lado, sostuvo que no es pertinente que la SENRES y SENPLADES, planteen únicamente reformas al actual LOSCCA, pretendiendo cambiar el título de esta por Ley Orgánica del Servicio Público”.
En otro orden, realizó varias observaciones a la información proporcionada por la Senres y Senplades sobre el número de servidores públicos y salarios. Señaló que aprincipios del año 2006 existían 467.174 empleados públicos, incluidos maestros, Fuerzas Armadas, Policía, municipios y consejos provinciales, así como obreros y empleados de las diferentes entidades y funciones del Estado y que el gasto en sueldos y salarios para enero del 2007 se estimó en 2.417 millones de dólares, pero que esta cifra resulta incompleta, porque hasta la presente fecha muchas entidades,
especialmente las llamadas autónomas no transparentan el presupuesto que asignan para sueldos.
Agregó que en la actualidad se estima que la cifra real de la masa salarial bordea los tres mil millones de dólares anuales.
Expresó su preocupación porque existen 14 diferentes formas de remuneración, lo que ha determinado un panorama de absoluta inequidad, discriminación salarial que ha originado espacios de poder, conocidos por la opinión pública como “burocracia dorada”.
A su vez, el presidente de la Comisión Especializada Santiago Correa, dijo que los pedidos son coherentes con la realidad económica y social que vive el país, pero que quienes tienen sueldos privilegiados constituyen un grupo minoritario, por lo que considera que no habrá problema en llegar acuerdos para asegurar salarios equitativos.
García Falconí acudió a la comisión de lo Laboral y Social, con el fin de exponer la posición de la organización en torno al proyecto de reformas a la Ley y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, elaborado por la SENPLADES Y SENRES. Al respecto, aseveró que no está de acuerdo con que la Secretaría de Remuneraciones del Sector Público (SENRES) tenga atribuciones para suprimir, mantener, crear, trasladar puestos y determinar el número óptimo de funcionarios de cada institución, como se propone en el proyecto.
Planteó modificar el artículo 113 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, para determinar que “el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones, establecerá la escala de remuneraciones de aplicación obligatoria a los empleados y servidores, escala que definirá las categorías ocupacionales que se ubican en cada uno de los grados remunerativos; y, los empleados y funcionarios ubicados en las diversas categorías ocupacionales tendrán derecho únicamente a recibir la remuneración establecida en el correspondiente grado remunerativo.
No comparten la idea de impedir el reingreso al sector público de los jubilados en general, considera que deben mantenerse los topes estipulados actualmente, es decir para quienes reciben más de 500 dólares por concepto de pensión de jubilación.
Por otro lado, sostuvo que no es pertinente que la SENRES y SENPLADES, planteen únicamente reformas al actual LOSCCA, pretendiendo cambiar el título de esta por Ley Orgánica del Servicio Público”.
En otro orden, realizó varias observaciones a la información proporcionada por la Senres y Senplades sobre el número de servidores públicos y salarios. Señaló que aprincipios del año 2006 existían 467.174 empleados públicos, incluidos maestros, Fuerzas Armadas, Policía, municipios y consejos provinciales, así como obreros y empleados de las diferentes entidades y funciones del Estado y que el gasto en sueldos y salarios para enero del 2007 se estimó en 2.417 millones de dólares, pero que esta cifra resulta incompleta, porque hasta la presente fecha muchas entidades,
especialmente las llamadas autónomas no transparentan el presupuesto que asignan para sueldos.
Agregó que en la actualidad se estima que la cifra real de la masa salarial bordea los tres mil millones de dólares anuales.
Expresó su preocupación porque existen 14 diferentes formas de remuneración, lo que ha determinado un panorama de absoluta inequidad, discriminación salarial que ha originado espacios de poder, conocidos por la opinión pública como “burocracia dorada”.
A su vez, el presidente de la Comisión Especializada Santiago Correa, dijo que los pedidos son coherentes con la realidad económica y social que vive el país, pero que quienes tienen sueldos privilegiados constituyen un grupo minoritario, por lo que considera que no habrá problema en llegar acuerdos para asegurar salarios equitativos.
