En el Juzgado Segundo de lo Penal de la capital azuaya se tramitan 20 casos de los detenidos en las manifestaciones contra la Ley Minera.
De estos casos judiciales, cinco personas obtuvieron su libertad el jueves pasado. Ellos permanecían con prisión preventiva después de la medida de hecho registrada el 7 de enero último.
Miguel Cruz, Miguel Criollo, Orlando Criollo, Enrique Tacuri y Luis Misicanga, de las parroquias cuencanas de Molleturo y Victoria del Portete, pagaron una fianza de USD 440 cada uno. Fue el dictamen del juez Segundo de lo Penal, Simón Valdivieso.
Pero su juzgamiento continúa y está en la etapa de indagación previa. 14 de los imputados responden al cargo de cierre de vías.
Otros cuatro de la parroquia Molleturo están acusados por un supuesto terrorismo y plagio. En esta jurisdicción, el 7 de enero se quemó una ambulancia de la Policía y se retuvo a Oswaldo Castillo, médico de la Policía.
Los dos restantes casos, Carlos Pérez y Federico Guzmán, son investigados por supuestamente ser los autores e instigadores de las movilizaciones del 22 de diciembre y del 7 de enero.
Por otro lado, comuneros de los Sistemas Comunitarios de Agua de Azuay no declinan su decisión de impedir la aplicación de la nueva Ley de Minería.
Desde ayer, un grupo de dirigentes de los sistemas comunitarios y de la Federación de Campesinos de Azuay se ubicó en el céntrico parque Abdón Calderón, de Cuenca. Su intención fue recoger 1 000 firmas para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería. Este recurso se presentará en la Corte Constitucional.
Carlos Pérez, dirigente campesino de Azuay, dijo que agotarán todas las instancias legales con la Conaie-Ecuarunari para evitar que la norma se aplique. En caso de no ser considerado su pedido, buscarán instancias en el exterior.
De estos casos judiciales, cinco personas obtuvieron su libertad el jueves pasado. Ellos permanecían con prisión preventiva después de la medida de hecho registrada el 7 de enero último.
Miguel Cruz, Miguel Criollo, Orlando Criollo, Enrique Tacuri y Luis Misicanga, de las parroquias cuencanas de Molleturo y Victoria del Portete, pagaron una fianza de USD 440 cada uno. Fue el dictamen del juez Segundo de lo Penal, Simón Valdivieso.
Pero su juzgamiento continúa y está en la etapa de indagación previa. 14 de los imputados responden al cargo de cierre de vías.
Otros cuatro de la parroquia Molleturo están acusados por un supuesto terrorismo y plagio. En esta jurisdicción, el 7 de enero se quemó una ambulancia de la Policía y se retuvo a Oswaldo Castillo, médico de la Policía.
Los dos restantes casos, Carlos Pérez y Federico Guzmán, son investigados por supuestamente ser los autores e instigadores de las movilizaciones del 22 de diciembre y del 7 de enero.
Por otro lado, comuneros de los Sistemas Comunitarios de Agua de Azuay no declinan su decisión de impedir la aplicación de la nueva Ley de Minería.
Desde ayer, un grupo de dirigentes de los sistemas comunitarios y de la Federación de Campesinos de Azuay se ubicó en el céntrico parque Abdón Calderón, de Cuenca. Su intención fue recoger 1 000 firmas para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería. Este recurso se presentará en la Corte Constitucional.
Carlos Pérez, dirigente campesino de Azuay, dijo que agotarán todas las instancias legales con la Conaie-Ecuarunari para evitar que la norma se aplique. En caso de no ser considerado su pedido, buscarán instancias en el exterior.
