El ex titular de Agricultura, Walter Poveda, fue inculpado por mal uso de fondos públicos durante la emergencia de Manabí en 2008.Antecedentes
Mediante decreto ejecutivo No. 900, del 31 de enero del 2008, se declaró la Emergencia en: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro y en las zonas de la región Costa de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar y Cañar.
El 20 de febrero del 2008, el presidente de la República, Rafael Correa, amplió el estado de emergencia, a todo el territorio nacional.
En el decreto 926 se dispuso que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iniciaran acciones conjuntas con el Ministerio del Litoral.
Por peculado, mal uso de fondos públicos y sobreprecio en la adquisición de bienes, materiales y contratos fueron denunciados, ayer, ante la Fiscalía General del Estado, el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda Ricaurte, y varios ex funcionarios de dicha cartera, entre ellos: Elías Achi Marín y Mónica García Acuña.
La denuncia la realizó el secretario Nacional de Transparencia de Gestión, Juan Sebastián Roldán; a las 11:15, ante el fiscal General, Washington Pesántez, tras detectar irregularidades en 14 contratos suscritos en 2008. El monto de los contratos asciende a 3 millones 500 mil dólares.
La denuncia establece que los presuntos delitos cometidos serían peculado y estarían vinculados Poveda, como Ministro; Achi y Marín como responsables de la Comisión Técnica de Contratación; los administradores de los contratos, los consultores, los fiscalizadores consultores y el fiscalizador de los 14 contratos, José Euclides Andrade García.
Con documentos en mano, Roldán informó que la Secretaría investigó los contratos durante cuatro meses. Las irregularidades fueron detectadas en los 14 contratos suscritos por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acualcutura y Pesca (Magap) para la realización de 32 obras en la provincia de Manabí, durante el estado emergencia decretado por el Ejecutivo el 31 de enero del 2008.
El sobreprecio (elevación del costo real) en las compras varía entre el 185 por ciento y el 706 por ciento
Cinco ejes
Las irregularidades se pudieron detectar bajo cinco parámetros. Primero, existen 11 obras inconclusas pese a que el plazo para su culminación era de máximo 90 días.
Segundo, no existen actas de entrega de recepción de las obras. Tercero, en época invernal se hicieron obras para riego por goteo en propiedad privada.
Cuarto, los 14 contratos irregulares fueron fiscalizados por la misma persona; y quinto, se detectaron sobreprecios en la adquisición de equipos y materiales para suplir la emergencia.
Roldán añadió “que el tercer punto llamó la atención, en gran medida, y dio paso a la investigación porque en plena época invernal se hicieron obras para riego en propiedad privada y hoy existen terrenos con anuncio de venta en la provincia de Manabí”.
Justamente los informes de la Secretaría plantean como actos incongruentes, y que forman parte de los contratos, la realización de obras para riego, aún en época invernal, la construcción de obras en propiedades privadas y predios que actualmente están a la venta y que incluyen los trabajos ejecutados con fondos públicos.
La existencia de sobreprecio fue evidente durante la adquisición de materiales y equipos como: postes de hormigón, transformadores de energía y tuberías. El sobreprecio en los productos (elevación del costo real) varía entre el 185 por ciento y el 706 por ciento.
Mediante decreto ejecutivo No. 900, del 31 de enero del 2008, se declaró la Emergencia en: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro y en las zonas de la región Costa de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar y Cañar.
El 20 de febrero del 2008, el presidente de la República, Rafael Correa, amplió el estado de emergencia, a todo el territorio nacional.
En el decreto 926 se dispuso que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iniciaran acciones conjuntas con el Ministerio del Litoral.
Por peculado, mal uso de fondos públicos y sobreprecio en la adquisición de bienes, materiales y contratos fueron denunciados, ayer, ante la Fiscalía General del Estado, el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda Ricaurte, y varios ex funcionarios de dicha cartera, entre ellos: Elías Achi Marín y Mónica García Acuña.
La denuncia la realizó el secretario Nacional de Transparencia de Gestión, Juan Sebastián Roldán; a las 11:15, ante el fiscal General, Washington Pesántez, tras detectar irregularidades en 14 contratos suscritos en 2008. El monto de los contratos asciende a 3 millones 500 mil dólares.
La denuncia establece que los presuntos delitos cometidos serían peculado y estarían vinculados Poveda, como Ministro; Achi y Marín como responsables de la Comisión Técnica de Contratación; los administradores de los contratos, los consultores, los fiscalizadores consultores y el fiscalizador de los 14 contratos, José Euclides Andrade García.
Con documentos en mano, Roldán informó que la Secretaría investigó los contratos durante cuatro meses. Las irregularidades fueron detectadas en los 14 contratos suscritos por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acualcutura y Pesca (Magap) para la realización de 32 obras en la provincia de Manabí, durante el estado emergencia decretado por el Ejecutivo el 31 de enero del 2008.
El sobreprecio (elevación del costo real) en las compras varía entre el 185 por ciento y el 706 por ciento
Cinco ejes
Las irregularidades se pudieron detectar bajo cinco parámetros. Primero, existen 11 obras inconclusas pese a que el plazo para su culminación era de máximo 90 días.
Segundo, no existen actas de entrega de recepción de las obras. Tercero, en época invernal se hicieron obras para riego por goteo en propiedad privada.
Cuarto, los 14 contratos irregulares fueron fiscalizados por la misma persona; y quinto, se detectaron sobreprecios en la adquisición de equipos y materiales para suplir la emergencia.
Roldán añadió “que el tercer punto llamó la atención, en gran medida, y dio paso a la investigación porque en plena época invernal se hicieron obras para riego en propiedad privada y hoy existen terrenos con anuncio de venta en la provincia de Manabí”.
Justamente los informes de la Secretaría plantean como actos incongruentes, y que forman parte de los contratos, la realización de obras para riego, aún en época invernal, la construcción de obras en propiedades privadas y predios que actualmente están a la venta y que incluyen los trabajos ejecutados con fondos públicos.
La existencia de sobreprecio fue evidente durante la adquisición de materiales y equipos como: postes de hormigón, transformadores de energía y tuberías. El sobreprecio en los productos (elevación del costo real) varía entre el 185 por ciento y el 706 por ciento.
