La presión en EE.UU. para revisar los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias (Atpdea) a Ecuador aumenta, a pocas semanas de que el Congreso de ese país decida sobre la extensión del período.
Mientras las autoridades ecuatorianas tienen como meta una prórroga de las preferencias por cuatro años, los congresistas estadounidenses reciben comunicaciones de varios sectores pidiendo la anulación o una ratificación condicionada.
Primero fue la Cámara de Comercio estadounidense, que agrupa a tres millones de empresas, la cual envió anteayer una carta a los miembros del Congreso estadounidense, donde pide analizar con detenimiento la posible renovación de la Atpdea, debido a que en el Ecuador hay un ambiente poco propicio para la inversión.
Según explica Diego Ramírez, director del Comité de Negociaciones Internacionales de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, no se trata de un pedido expreso de anular las preferencias, sino de otorgarlas, pero bajo la inspección anual del cumplimiento de ciertos parámetros.
“No se oponen a la extensión, sino que hacen una diferenciación entre la situación de Colombia y Perú, con la de Ecuador y Bolivia. sin embargo, siempre es un problema que se hable de esta diferenciación. Por ello, los socios de nuestra cámara, junto con otros grupos empresariales, viajan a EE.UU. para promover que se extiendan las preferencias, por el más largo plazo posible”.
Pero la tarea será difícil, ya que otros grupos también presionan a los congresistas estadounidenses para que dejen sin efecto la Atpdea para el Ecuador. Ese es el caso de la empresa Chevron que, con fecha 15 de septiembre, envió un memorando al Representante Comercial de EE.UU., detallando el litigio por el juicio por daños al medioambiente que se le sigue en el Ecuador.
La petrolera hace críticas sobre el litigio en curso y denuncia su preocupación por “la falta de un Estado de derecho en Ecuador”. Además, rechaza la denuncia de los tratados inversión que el Gobierno ecuatoriano ha emprendido. Por esa razón, Chevron recomienda que la administración estadounidense considere sus preocupaciones al analizar la extensión de los beneficios.
Por su parte, Calman Cohen, presidente del Comité de Emergencia del Comercio Americano, en carta dirigida el 15 de septiembre al Representante Comercial, afirmó que “sigue muy preocupada por las violaciones a la regla general de derecho en Ecuador, en particular en lo que respecta a la inversión extranjera, a los derechos de propiedad intelectual y las licencias obligatorias”. También insta a la administración a considerar la retirada de los beneficios para Ecuador.
Finalmente, Douglas Goudie, director de la Asociación Nacional de Fabricantes de EE.UU., observa sobre “la corrupción y la falta de independencia judicial”.
Mientras las autoridades ecuatorianas tienen como meta una prórroga de las preferencias por cuatro años, los congresistas estadounidenses reciben comunicaciones de varios sectores pidiendo la anulación o una ratificación condicionada.
Primero fue la Cámara de Comercio estadounidense, que agrupa a tres millones de empresas, la cual envió anteayer una carta a los miembros del Congreso estadounidense, donde pide analizar con detenimiento la posible renovación de la Atpdea, debido a que en el Ecuador hay un ambiente poco propicio para la inversión.
Según explica Diego Ramírez, director del Comité de Negociaciones Internacionales de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, no se trata de un pedido expreso de anular las preferencias, sino de otorgarlas, pero bajo la inspección anual del cumplimiento de ciertos parámetros.
“No se oponen a la extensión, sino que hacen una diferenciación entre la situación de Colombia y Perú, con la de Ecuador y Bolivia. sin embargo, siempre es un problema que se hable de esta diferenciación. Por ello, los socios de nuestra cámara, junto con otros grupos empresariales, viajan a EE.UU. para promover que se extiendan las preferencias, por el más largo plazo posible”.
Pero la tarea será difícil, ya que otros grupos también presionan a los congresistas estadounidenses para que dejen sin efecto la Atpdea para el Ecuador. Ese es el caso de la empresa Chevron que, con fecha 15 de septiembre, envió un memorando al Representante Comercial de EE.UU., detallando el litigio por el juicio por daños al medioambiente que se le sigue en el Ecuador.
La petrolera hace críticas sobre el litigio en curso y denuncia su preocupación por “la falta de un Estado de derecho en Ecuador”. Además, rechaza la denuncia de los tratados inversión que el Gobierno ecuatoriano ha emprendido. Por esa razón, Chevron recomienda que la administración estadounidense considere sus preocupaciones al analizar la extensión de los beneficios.
Por su parte, Calman Cohen, presidente del Comité de Emergencia del Comercio Americano, en carta dirigida el 15 de septiembre al Representante Comercial, afirmó que “sigue muy preocupada por las violaciones a la regla general de derecho en Ecuador, en particular en lo que respecta a la inversión extranjera, a los derechos de propiedad intelectual y las licencias obligatorias”. También insta a la administración a considerar la retirada de los beneficios para Ecuador.
Finalmente, Douglas Goudie, director de la Asociación Nacional de Fabricantes de EE.UU., observa sobre “la corrupción y la falta de independencia judicial”.
