Las autoridades universitarias concentradas en el Consejo Consultivo decidieron ayer realizar una movilización masiva hacia la Asamblea Nacional el próximo martes. La intención será expresar nuevamente el desacuerdo con el veto del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Los representantes de los distintos organismos universitarios, reunidos por alrededor de cuatro horas en Quito, analizaron los puntos del veto. Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que una comisión redactará los criterios que serán entregados en la Asamblea.
Ernesto Álvarez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, manifestó que, independientemente de que impongan o no el proyecto del Ejecutivo, el Consejo Consultivo estará vigente y operativo. “Nos mantendremos firmes y unidos frente a la aprobación de la ley”, comentó.
A la par de la preparación de la marcha, el organismo pulirá también las posibles demandas de inconstitucionalidad contra la ley, en caso de que la Asamblea no insista en los textos originalmente aprobados.
Samuel Valdivieso, de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, cuestionó el irrespeto al diálogo que han mantenido por más de dos años para la redacción de la ley. Por ello, realizó un llamado a la Comisión de Educación de la Asamblea para que respete los acuerdos mantenidos y cuando sometan a votación la ley, ratifiquen el texto que enviaron al Ejecutivo.
Dos de las críticas de las universidades al veto tienen que ver con la reducción en la participación de estudiantes y trabajadores en el cogobierno y, el papel que tendrá la Secretaría Nacional Técnica de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación. “Su participación será con carácter de rectoría y no de ente coordinador”, expresó Valdivieso.
Alejandro Rivadeneira, rector de la Universidad de los Hemisferios, señaló que la paciencia y diálogos realizados por el sistema universitario han sido interpretados por el Gobierno y la Asamblea como muestra de debilidad.
“La universidad no estará dispuesta a un proceso de diálogo que no lleva sino a la concentración absoluta de los poderes” manifestó, en respuesta a un posible ciclo de conversaciones que emprendería el Ministerio Coordinador de la Política. “Qué sentido tiene dialogar con el Ministerio de la Política, porque ellos harán lo que les diga el Presidente. No tienen capacidad de decisión final”, acotó.
Por su parte, Yolanda Albán, representante de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Particulares, es del criterio que la LOES revertirá la facultad de contar con el nivel técnico y tecnológico de los institutos.
Mientras que Franklin Castillo, presidente de la Federación de Institutos Superiores Públicos y Pedagógicos del Ecuador, considera que los institutos deberían ser regidos por el nuevo Consejo de Educación Superior, y no por la Secretaría Técnica, “lo que significa que se pierde esa autonomía”, expresó. A esto sumó la falta de definición en los recursos económicos que destinarán para la investigación.
Los representantes de los distintos organismos universitarios, reunidos por alrededor de cuatro horas en Quito, analizaron los puntos del veto. Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que una comisión redactará los criterios que serán entregados en la Asamblea.
Ernesto Álvarez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, manifestó que, independientemente de que impongan o no el proyecto del Ejecutivo, el Consejo Consultivo estará vigente y operativo. “Nos mantendremos firmes y unidos frente a la aprobación de la ley”, comentó.
A la par de la preparación de la marcha, el organismo pulirá también las posibles demandas de inconstitucionalidad contra la ley, en caso de que la Asamblea no insista en los textos originalmente aprobados.
Samuel Valdivieso, de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, cuestionó el irrespeto al diálogo que han mantenido por más de dos años para la redacción de la ley. Por ello, realizó un llamado a la Comisión de Educación de la Asamblea para que respete los acuerdos mantenidos y cuando sometan a votación la ley, ratifiquen el texto que enviaron al Ejecutivo.
Dos de las críticas de las universidades al veto tienen que ver con la reducción en la participación de estudiantes y trabajadores en el cogobierno y, el papel que tendrá la Secretaría Nacional Técnica de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación. “Su participación será con carácter de rectoría y no de ente coordinador”, expresó Valdivieso.
Alejandro Rivadeneira, rector de la Universidad de los Hemisferios, señaló que la paciencia y diálogos realizados por el sistema universitario han sido interpretados por el Gobierno y la Asamblea como muestra de debilidad.
“La universidad no estará dispuesta a un proceso de diálogo que no lleva sino a la concentración absoluta de los poderes” manifestó, en respuesta a un posible ciclo de conversaciones que emprendería el Ministerio Coordinador de la Política. “Qué sentido tiene dialogar con el Ministerio de la Política, porque ellos harán lo que les diga el Presidente. No tienen capacidad de decisión final”, acotó.
Por su parte, Yolanda Albán, representante de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Particulares, es del criterio que la LOES revertirá la facultad de contar con el nivel técnico y tecnológico de los institutos.
Mientras que Franklin Castillo, presidente de la Federación de Institutos Superiores Públicos y Pedagógicos del Ecuador, considera que los institutos deberían ser regidos por el nuevo Consejo de Educación Superior, y no por la Secretaría Técnica, “lo que significa que se pierde esa autonomía”, expresó. A esto sumó la falta de definición en los recursos económicos que destinarán para la investigación.
