Los aranceles que cobren las universidades particulares serán fijados con base en un informe técnico de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Este organismo vuelve a tener la rectoría del sistema.
Es uno de los puntos principales que objeta el Ejecutivo de la Ley Orgánica de Educación Superior , aprobada el 4 de agosto, y que era uno de los artículos cruciales del acuerdo al que llegaron universidades y asambleístas.
En el art. 89 del proyecto avalado por la Asamblea se señalaba que las instituciones de educación superior particulares establecerán los aranceles ajustándose a “los parámetros generales”, que establecerá el Consejo de Educación Superior y no la Secretaría. Estos parámetros eran nivel y calidad de la enseñanza, pago adecuado de los docentes, costos de investigación y extensión, etc.
Este Diario tuvo acceso a un borrador del veto presidencial, que hoy se enviará a la Asamblea. En ese documento se reforman 36 artículos, la mayoría relacionado a las universidades particulares.
Por ejemplo, en el tema de las becas completas, el Ejecutivo sostiene que deberán entregarse a por lo menos el 10% de los alumnos regulares de los centros.
En el acuerdo legislativo, las instituciones particulares se comprometieron a entregar solo el 5%. También se les solicita aplicar aranceles diferenciados, según el proyecto original. Los centros privados proponían ofrecen arancel diferenciado al 10% de alumnos.
Otro punto que se modifica y que incidirá en universidades públicas y privadas será el examen nacional de evaluación a las carreras y programas. En principio era obligatorio para todos los estudiantes de último año. Pero con el adéndum (acuerdo) se estableció que se tome una muestra.
Eso, para legisladores de Alianza País, como Gastón Gagliardo, no habría permitido que se conozca la realidad de un centro pues las autoridades podrían escoger a quienes tomar la prueba.
En el documento se señala que el muestreo sería aleatorio. El Ejecutivo también pide que el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero sea automático y gratuito. Este tema también estará en manos de la Secretaría.
Sobre el actual Consejo de Educación, el veto acaba con la propuesta de que los vocales se prorroguen en funciones hasta que se integre el nuevo organismo, con seis académicos y cuatro ministros. Se insiste que se integre provisionalmente con académicos de las universidades públicas de categoría ‘A’.
Uno de los cambios más polémicos es la eliminación de la Universidad de Santo Domingo del proyecto, en el que se mantienen los centros de Azogues, Guayaquil y Tena. Pero el Presidente plantea crear la Universidad Experimental de InvestigaciónCientífica, sin fijar una sede.
Esto preocupa a Mery Verduga, legisladora de Alianza País, originaria de Santo Domingo. En la reunión del bloque, del anteayer, ya anunció que votaría contra el veto. Su compañero Xavier Tomalá cree que esa universidad se concibió con un concepto de desarrollo regional, no por votos.
Las observaciones, según un documento de más de 70 páginas
Ley aprobada
El art. 182 decía que la SecretaríaNacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es el ente coordinador entre la función Ejecutiva y las instituciones del sistema de educación superior.
En una de las transitorias se indicaba que se crearán las universidades Nacional de Educación, en Azogues; Regional Amazónica, en Tena; de las Artes, en Guayaquil; Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas...
El art. 117 eliminaba la tipologíade universidades y escuelas politécnicas, al señalar que las universidades se clasificarán de acuerdo con el énfasis en investigación, docencia y extensión. En esta redacción no se establecen tipologías.
El veto presidencial
En su lugar se colocará que la Secretaría Nacional de Educación Superior es el órgano que tiene por objeto “ejercer la rectoría de las políticas públicas en materia de educación superior, en aplicación de la norma constitucional”.
Es uno de los puntos principales que objeta el Ejecutivo de la Ley Orgánica de Educación Superior , aprobada el 4 de agosto, y que era uno de los artículos cruciales del acuerdo al que llegaron universidades y asambleístas.
En el art. 89 del proyecto avalado por la Asamblea se señalaba que las instituciones de educación superior particulares establecerán los aranceles ajustándose a “los parámetros generales”, que establecerá el Consejo de Educación Superior y no la Secretaría. Estos parámetros eran nivel y calidad de la enseñanza, pago adecuado de los docentes, costos de investigación y extensión, etc.
Este Diario tuvo acceso a un borrador del veto presidencial, que hoy se enviará a la Asamblea. En ese documento se reforman 36 artículos, la mayoría relacionado a las universidades particulares.
Por ejemplo, en el tema de las becas completas, el Ejecutivo sostiene que deberán entregarse a por lo menos el 10% de los alumnos regulares de los centros.
En el acuerdo legislativo, las instituciones particulares se comprometieron a entregar solo el 5%. También se les solicita aplicar aranceles diferenciados, según el proyecto original. Los centros privados proponían ofrecen arancel diferenciado al 10% de alumnos.
Otro punto que se modifica y que incidirá en universidades públicas y privadas será el examen nacional de evaluación a las carreras y programas. En principio era obligatorio para todos los estudiantes de último año. Pero con el adéndum (acuerdo) se estableció que se tome una muestra.
Eso, para legisladores de Alianza País, como Gastón Gagliardo, no habría permitido que se conozca la realidad de un centro pues las autoridades podrían escoger a quienes tomar la prueba.
En el documento se señala que el muestreo sería aleatorio. El Ejecutivo también pide que el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero sea automático y gratuito. Este tema también estará en manos de la Secretaría.
Sobre el actual Consejo de Educación, el veto acaba con la propuesta de que los vocales se prorroguen en funciones hasta que se integre el nuevo organismo, con seis académicos y cuatro ministros. Se insiste que se integre provisionalmente con académicos de las universidades públicas de categoría ‘A’.
Uno de los cambios más polémicos es la eliminación de la Universidad de Santo Domingo del proyecto, en el que se mantienen los centros de Azogues, Guayaquil y Tena. Pero el Presidente plantea crear la Universidad Experimental de InvestigaciónCientífica, sin fijar una sede.
Esto preocupa a Mery Verduga, legisladora de Alianza País, originaria de Santo Domingo. En la reunión del bloque, del anteayer, ya anunció que votaría contra el veto. Su compañero Xavier Tomalá cree que esa universidad se concibió con un concepto de desarrollo regional, no por votos.
Las observaciones, según un documento de más de 70 páginas
Ley aprobada
El art. 182 decía que la SecretaríaNacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es el ente coordinador entre la función Ejecutiva y las instituciones del sistema de educación superior.
En una de las transitorias se indicaba que se crearán las universidades Nacional de Educación, en Azogues; Regional Amazónica, en Tena; de las Artes, en Guayaquil; Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas...
El art. 117 eliminaba la tipologíade universidades y escuelas politécnicas, al señalar que las universidades se clasificarán de acuerdo con el énfasis en investigación, docencia y extensión. En esta redacción no se establecen tipologías.
El veto presidencial
En su lugar se colocará que la Secretaría Nacional de Educación Superior es el órgano que tiene por objeto “ejercer la rectoría de las políticas públicas en materia de educación superior, en aplicación de la norma constitucional”.
