Dirigentes de organizaciones sindicales anunciaron una movilización nacional para este martes, en rechazo al veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público que aprobó la Asamblea Nacional.
El Gobierno, mediante este cuerpo legal, pretende dar paso a la “racionalización” del sector público con la compra de miles de renuncias y la obligatoriedad a la jubilación de personas mayores de 70 años.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Eduardo Valdez, solicitó a los asambleístas que insistan en el texto original para no dar paso al veto parcial, porque cree que el Gobierno busca institucionalizar el despido intempestivo de los trabajadores públicos.
Ayer, decenas de empleados petroleros, de los gobiernos seccionales, de los sectores de salud, educación, servicio exterior y otros se movilizaron a la Asamblea para rechazar la ley y exigir estabilidad laboral.
El presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos y ex asambleísta constituyente por PAIS, Héctor Terán, denunció que el régimen modificó el contenido de la ley para viabilizar la compra de renuncias con bonos del Estado. “No aceptamos el pago de indemnizaciones en bonos”.
El presidente de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, Mesías Tatamuez, dijo que las movilizaciones serán progresivas hasta que la Asamblea analice el veto presidencial, y advirtió con la toma de esas instalaciones para exigir a los asambleístas que insistan en el texto original.
Los burócratas exhibieron pancartas con consignas contra el Gobierno: “País con despidos, pueblo sin derechos", era la más visible con colores verde y azul del movimiento gobiernista, que portaban los trabajadores de Petroecuador, liderados por el dirigente Diego Cano.
Lo de ayer fue una medición de fuerza, para lo que será la marcha del martes próximo a la asamblea, pues ese día se debatirá el veto a la ley de Servicio público
El Gobierno, mediante este cuerpo legal, pretende dar paso a la “racionalización” del sector público con la compra de miles de renuncias y la obligatoriedad a la jubilación de personas mayores de 70 años.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Eduardo Valdez, solicitó a los asambleístas que insistan en el texto original para no dar paso al veto parcial, porque cree que el Gobierno busca institucionalizar el despido intempestivo de los trabajadores públicos.
Ayer, decenas de empleados petroleros, de los gobiernos seccionales, de los sectores de salud, educación, servicio exterior y otros se movilizaron a la Asamblea para rechazar la ley y exigir estabilidad laboral.
El presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos y ex asambleísta constituyente por PAIS, Héctor Terán, denunció que el régimen modificó el contenido de la ley para viabilizar la compra de renuncias con bonos del Estado. “No aceptamos el pago de indemnizaciones en bonos”.
El presidente de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, Mesías Tatamuez, dijo que las movilizaciones serán progresivas hasta que la Asamblea analice el veto presidencial, y advirtió con la toma de esas instalaciones para exigir a los asambleístas que insistan en el texto original.
Los burócratas exhibieron pancartas con consignas contra el Gobierno: “País con despidos, pueblo sin derechos", era la más visible con colores verde y azul del movimiento gobiernista, que portaban los trabajadores de Petroecuador, liderados por el dirigente Diego Cano.
Lo de ayer fue una medición de fuerza, para lo que será la marcha del martes próximo a la asamblea, pues ese día se debatirá el veto a la ley de Servicio público
