Dolores Vélez, Dolores Guerra, Sonia Bonilla y Alexander Cadena pidieron al ministro Gustavo Jalkh la aclaración de los casos.
El Ministerio del Interior anunció ayer su decisión de reabrir las investigaciones en contra de los presuntos responsables de las víctimas de tortura y muerte en los conocidos casos Fybeca, Terranova y Damián Peña.
Será un estudio interno en la Policía dirigido por la Unidad de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos de esa cartera de Estado que, en un plazo de 60 días, deberá determinar sanciones a los policías señalados como responsables.
El subsecretario del Interior, Édwin Jarrín, manifestó que escogieron esos casos porque en ellos están implicados uniformados y para dar cumplimiento con las recomendaciones del informe realizado por la Comisión de la Verdad.
“El hecho de ser una Unidad independiente de la Policía garantizará la imparcialidad en las investigaciones”, señaló el funcionario.
Sentadas en primera fila, en el Regimiento Quito No. 2 (en el Centro Histórico), Dolores Guerra, Dolores Briones y Dolores Vélez escuchaban con expectativa el anuncio oficial. Junto a ellas estaba Sonia Bonilla, madre de Damián Peña, el estudiante fallecido en Cuenca en 2002; y Miguel Cadena, quien afirmó haber sido torturado por agentes del desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO).
Evitar la impunidad y aclarar las denuncias, son el principal objetivo de reabrir esos procesos. Para el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, no importa el tiempo que haya pasado, pero es necesario “investigarlos, ya que los análisis que se hicieron en el pasado, en algunos casos, no fueron profundos o no se iniciaron”.
La reapertura responde a la transformación iniciada en la institución policial. El comandante encargado de la Policía, Florencio Ruiz, ofreció colaboración en las indagaciones de los casos que existe la presunción de “exceso o procedimientos irregulares”, respetando el derecho a la defensa y debido proceso de los implicados. Para ello anunció la apertura para el acceso a los archivos y colaboración de los gendarmes.
Las “Dolores” buscan la aclaración de las muertes de sus esposos. “Nadie nos va a restituir el hogar perdido. Es importante que mi esposo no quede como un prófugo ni desaparecido”, señaló Dolores Guerra.
Para Sonia Bonilla, madre de Damián, “es una puerta de esperanza para que casos como estos no se repitan”. El expediente permaneció nueve años en indagación previa.
El Ministerio del Interior anunció ayer su decisión de reabrir las investigaciones en contra de los presuntos responsables de las víctimas de tortura y muerte en los conocidos casos Fybeca, Terranova y Damián Peña.
Será un estudio interno en la Policía dirigido por la Unidad de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos de esa cartera de Estado que, en un plazo de 60 días, deberá determinar sanciones a los policías señalados como responsables.
El subsecretario del Interior, Édwin Jarrín, manifestó que escogieron esos casos porque en ellos están implicados uniformados y para dar cumplimiento con las recomendaciones del informe realizado por la Comisión de la Verdad.
“El hecho de ser una Unidad independiente de la Policía garantizará la imparcialidad en las investigaciones”, señaló el funcionario.
Sentadas en primera fila, en el Regimiento Quito No. 2 (en el Centro Histórico), Dolores Guerra, Dolores Briones y Dolores Vélez escuchaban con expectativa el anuncio oficial. Junto a ellas estaba Sonia Bonilla, madre de Damián Peña, el estudiante fallecido en Cuenca en 2002; y Miguel Cadena, quien afirmó haber sido torturado por agentes del desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO).
Evitar la impunidad y aclarar las denuncias, son el principal objetivo de reabrir esos procesos. Para el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, no importa el tiempo que haya pasado, pero es necesario “investigarlos, ya que los análisis que se hicieron en el pasado, en algunos casos, no fueron profundos o no se iniciaron”.
La reapertura responde a la transformación iniciada en la institución policial. El comandante encargado de la Policía, Florencio Ruiz, ofreció colaboración en las indagaciones de los casos que existe la presunción de “exceso o procedimientos irregulares”, respetando el derecho a la defensa y debido proceso de los implicados. Para ello anunció la apertura para el acceso a los archivos y colaboración de los gendarmes.
Las “Dolores” buscan la aclaración de las muertes de sus esposos. “Nadie nos va a restituir el hogar perdido. Es importante que mi esposo no quede como un prófugo ni desaparecido”, señaló Dolores Guerra.
Para Sonia Bonilla, madre de Damián, “es una puerta de esperanza para que casos como estos no se repitan”. El expediente permaneció nueve años en indagación previa.
