A dos meses de cumplirse siete años del denominado operativo Fybeca, la Policía Nacional alista sus archivos para desempolvar ese y otros dos casos, en los que se investigará nuevamente a un grupo de efectivos y ex miembros de la institución, acusados en ese entonces de torturas, desaparición forzosa y muertes extrajudiciales.Si bien la disposición, emanada por el Ministerio del Interior como parte de la recomendación que hizo el informe de la Comisión de la Verdad, ha alegrado a los familiares de las víctimas, algunos policías que estuvieron implicados en esos hechos se muestran sorprendidos y rechazan la apertura de una nueva investigación.
Para el teniente coronel Eduardo González Flores quien, en noviembre 19 de 2003 estuvo al frente del operativo realizado afuera de la farmacia Fybeca, situada en la ciudadela Alborada (norte de Guayaquil), donde 8 personas murieron (6 delincuentes y 2 inocentes) y otras tres desaparecieron, el caso ya fue juzgado.
“Una vez más estoy sorprendido ante esa situación, por cuanto nuevamente atropellan nuestros derechos. Pasamos cinco meses detenidos injustamente por este caso. Se demostró que nuestra operación fue legítima dentro de los parámetros legales y en contra del hampa organizada, inclusive había gente terrorista, peruanos”, indicó González.
Según recuerda, luego de las investigaciones que realizó Asuntos Internos y la Fiscalía, donde se abrió un proceso penal contra la única detenida Seyde Vélez Falcónez, fueron sobreseídos por cuanto demostraron que “lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber. Ahora no sé qué van a investigar, porque ya es cosa juzgada... inclusive el informe de la Comisión de la Verdad determina que Jhonny Gómez Balda (uno de los tres desaparecidos) en el 2007 había acudido a un recinto electoral, entonces de qué desaparecido hablamos”, se preguntó el oficial.
No obstante de la posición que muestra, González afirmó que estará presto a colaborar al igual que los otros 19 policías que actuaron en Fybeca, porque no tienen nada que ocultar.
En 2007, el oficial solicitó la baja de la institución, cuatro años después del caso Fybeca y luego de ascender a teniente coronel. “Tranquilamente podía seguir mi vida profesional, pero la vida es de decisiones y principalmente cuando uno no recibe el respaldo de nuestros superiores y cumple con el deber, como fue en Fybeca...”.
Según aseguró, aún mantiene contacto con todos los policías, principalmente con los que trabajaron años en la lucha contra la delincuencia.
Otro policía, quien pidió la reserva de su identidad, y que también solicitó la baja de la institución tras ser involucrado en el caso Fybeca, dijo ratificarse en todas las versiones que rindió durante las investigaciones policiales y fiscales.
“Mi función fue táctica. El grupo de nosotros era táctico. El informe del caso entregado a las autoridades reveló los nombres de todos los policías que entraron y dispararon. Héctor Fruto y Castillo Yaguana fueron quienes dispararon contra el mensajero de la farmacia y el cliente. Eso ya se sabe”, señaló el ex uniformado.
A su criterio, lo que buscan las viudas: Dolores Vélez y Dolores Briones, esposas de las víctimas inocentes, es una indemnización, lo que le parece justo, “pero en lo que respecta a Dolores Guerra, ella sabe que su esposo Jhonny Gómez está prófugo y no desaparecido. Por lo tanto, lo que temo ahora, y creo que también el resto de agentes que intervinieron en Fybeca, es que se busque un testigo falso para que mienta y diga barbaridades”.
Dos años después, la Defensoría del Pueblo emitió una censura pública contra los uniformados, “por ser violadores de los derechos humanos, lo que fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento concluyó que en los acontecimientos ocurridos en la farmacia Fybeca cometieron y ejecutaron actos que son contrarios a los derechos humanos y otras garantías del debido proceso.
El jefe de la Policía Judicial de Guayas, Mario Acosta, expresó que aún no ha recibido ninguna disposición, pero que por su parte existirá total apertura para las investigaciones.
“Nosotros como Gobierno actuaremos con total transparencia y si el Ministerio del Interior ha reabierto el caso, lo respaldaremos”, agregó el gobernador, Roberto Cuero.
Lo cierto hasta ahora es que Seyde Vélez pagó cerca de 3 años de cárcel, al ser señalada como parte de la banda que asaltó Fybeca.
