Los pedidos afectan mayoritariamente a los representantes cantonales y provinciales del partido de Gobierno.
“Si la norma se mantenía como estaba, seguramente muchos alcaldes del Gobierno saldrían”.
Medardo Oleas
Ex presidente del ex Tribunal Supremo Electoral
Pese a que fue un artículo correspondiente a la Constitución mayoritariamente aprobada por Alianza PAIS, a este grupo político se le olvidó normarlo, lo que ahora se les está yendo en su contra, así lo afirman analistas consultados sobre este tema.
La tarde del pasado miércoles el presidente Rafael Correa se reunió con los miembros de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con los que estableció una comisión que trabajará en una nueva normativa para la destitución de funcionarios, con la que se busca determinar causales y no sólo el actual requisito, de recopilación del 10% de firmas del padrón, para que una autoridad tenga que dejar su cargo.
Los alcaldes son los principales afectados por esta disposición constitucional, pues de los 242 procesos existentes, 219 buscan la salida de funcionarios de este nivel.
Efecto boomerang
El planteamiento de la revocatoria se les volvió en su contra, aseguró el ex presidente de la entidad electoral máxima, Medardo Oleas, quien considera que en el “Gobierno se están dando cuenta que muchos de los funcionarios que ellos colocaron en las alcaldías, prefecturas y Asamblea no han cumplido adecuadamente sus funciones y que pueden ser sujetos de destitución, quieren establecer reglas más rígidas para que la ciudadanía pueda solicitar su salida”.
El experto en temas electorales agregó que PAIS “se dio cuenta que para ganar una elección sólo se necesita un buen financista y un buen publicista, pero mantenerse en el cargo ya depende de saber administrar y eso no les ha resultado tan fácil a las autoridades seccionales”.
La opinión de Oleas es confirmada por los datos presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que establece que de los 23 cuestionamientos a prefectos, nueve son a funcionarios de Alianza PAIS, mientras que de los 219 procesos en contra de alcaldes, 72 son a autoridades del partido gobiernista.
Norma para el futuro
El también ex presidente del ex Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, señaló que la nueva norma en la que se está trabajando no regirá para los procesos que actualmente se iniciaron, si llegan a presentar las firmas recopiladas antes de que se apruebe la normativa.
“Toda norma legal rige para el futuro, si se pretende hacer lo contrario es inconstitucional, esta ley no es retroactiva, así que si los interesados logran reunir las firmas, no habrá nadie que impida que se haga la consulta popular para derrocar al funcionario”, dijo Acosta.
Mirando hacia la reforma
Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, el Gobierno o la Asamblea deberán proponer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana para incluir los causales pedidos por los alcaldes y autoridades gubernamentales.
Además, para Simon, en la reforma se debería establecer qué organismo se encargará de verificar que los funcionarios hayan incumplido su plan de gobierno o se hayan visto inmiscuidos en actos de corrupción, que son las justificaciones propuestas por el Gobierno para pedir la salida de la autoridad.
“Si la norma se mantenía como estaba, seguramente muchos alcaldes del Gobierno saldrían”.
Medardo Oleas
Ex presidente del ex Tribunal Supremo Electoral
Pese a que fue un artículo correspondiente a la Constitución mayoritariamente aprobada por Alianza PAIS, a este grupo político se le olvidó normarlo, lo que ahora se les está yendo en su contra, así lo afirman analistas consultados sobre este tema.
La tarde del pasado miércoles el presidente Rafael Correa se reunió con los miembros de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con los que estableció una comisión que trabajará en una nueva normativa para la destitución de funcionarios, con la que se busca determinar causales y no sólo el actual requisito, de recopilación del 10% de firmas del padrón, para que una autoridad tenga que dejar su cargo.
Los alcaldes son los principales afectados por esta disposición constitucional, pues de los 242 procesos existentes, 219 buscan la salida de funcionarios de este nivel.
Efecto boomerang
El planteamiento de la revocatoria se les volvió en su contra, aseguró el ex presidente de la entidad electoral máxima, Medardo Oleas, quien considera que en el “Gobierno se están dando cuenta que muchos de los funcionarios que ellos colocaron en las alcaldías, prefecturas y Asamblea no han cumplido adecuadamente sus funciones y que pueden ser sujetos de destitución, quieren establecer reglas más rígidas para que la ciudadanía pueda solicitar su salida”.
El experto en temas electorales agregó que PAIS “se dio cuenta que para ganar una elección sólo se necesita un buen financista y un buen publicista, pero mantenerse en el cargo ya depende de saber administrar y eso no les ha resultado tan fácil a las autoridades seccionales”.
La opinión de Oleas es confirmada por los datos presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que establece que de los 23 cuestionamientos a prefectos, nueve son a funcionarios de Alianza PAIS, mientras que de los 219 procesos en contra de alcaldes, 72 son a autoridades del partido gobiernista.
Norma para el futuro
El también ex presidente del ex Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, señaló que la nueva norma en la que se está trabajando no regirá para los procesos que actualmente se iniciaron, si llegan a presentar las firmas recopiladas antes de que se apruebe la normativa.
“Toda norma legal rige para el futuro, si se pretende hacer lo contrario es inconstitucional, esta ley no es retroactiva, así que si los interesados logran reunir las firmas, no habrá nadie que impida que se haga la consulta popular para derrocar al funcionario”, dijo Acosta.
Mirando hacia la reforma
Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, el Gobierno o la Asamblea deberán proponer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana para incluir los causales pedidos por los alcaldes y autoridades gubernamentales.
Además, para Simon, en la reforma se debería establecer qué organismo se encargará de verificar que los funcionarios hayan incumplido su plan de gobierno o se hayan visto inmiscuidos en actos de corrupción, que son las justificaciones propuestas por el Gobierno para pedir la salida de la autoridad.
