La publicación en el Registro Oficial de los tres reglamentos de la Ley de Minería permitió que las actividades mineras se reanuden en el país luego de 19 meses de suspensión. La primera en reactivar sus labores fue la empresa Kinross-Aurelian, que desde mediados de noviembre pasado puso en funcionamiento tres taladros en su yacimiento Fruta del Norte, ubicado en Morona Santiago.
Dominic Channer, vicepresidente de Asuntos Externos de la empresa, explicó que la exploración avanzada en la zona se reinició tras conseguir la autorización del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
Para ello, la compañía presentó el plan de manejo ambiental del proyecto y el permiso de uso industrial del agua, tal como lo ordena la ley del sector.
Igual proceso siguió la empresa Ecuacorrientes (ECSA), que tiene su proyecto Mirador, también en Morona Santiago, donde hay reservas de cobre.
Las actividades mineras en el país estaban suspendidas desde abril de 2008, cuando la Asamblea emitió el Mandato Minero, mediante el cual se ordenó regular al sector y suspender las concesiones no apegadas a la ley y que estaban paralizadas.
En el mismo mandato se estableció un plazo de 180 días para elaborar una nueva ley de minería a fin de reanudar las operaciones.
Las autoridades anunciaron el reinicio de los trabajos en marzo pasado, sin embargo, la suspensión se extendió por el retraso en la aprobación de los tres reglamentos de la ley: el general, el de minería pequeña y artesanal, y el ambiental.
La vigencia de estos documentos se esperaba para mediados del presente año, afirmó el presidente de la Cámara de Minería, César Espinoza. Pero recién el 4 de noviembre pasado se firmó el Decreto Ejecutivo Nº 119 que los expidió.
Ahora comienza un nuevo proceso con otras reglas. Por ejemplo, en un plazo de 120 días las empresas deben sustituir sus títulos de operación, los cuales se sujetarán a la nueva normativa.
Sobre este tema, Channer indicó que los abogados de Kinross-Aurelian están solicitando aclaraciones puntuales al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. “Entendemos que las autoridades van a elaborar un instructivo para tener más claro el proceso que deben seguir las empresas para la sustitución de los títulos”, dijo.
Además, cuando las compañías culminen la etapa de exploración, deberán negociar con el Estado las condiciones para la explotación del yacimiento. En esos diálogos se definirá el tiempo de la concesión, la inversión prevista, las regalías (aunque el reglamento general tiene una tabla de porcentajes), entre otros aspectos.
Según información del Ministerio del ramo, hay más de 2.000 concesiones vigentes, que tienen derecho a más de un millón de hectáreas.
Con este nuevo marco legal el Gobierno busca iniciar la minería a gran escala en el país, pero de forma responsable en el aspecto social y ambiental, dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Germánico Pinto, en una reunión que tuvo semanas atrás en Canadá.
Dominic Channer, vicepresidente de Asuntos Externos de la empresa, explicó que la exploración avanzada en la zona se reinició tras conseguir la autorización del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
Para ello, la compañía presentó el plan de manejo ambiental del proyecto y el permiso de uso industrial del agua, tal como lo ordena la ley del sector.
Igual proceso siguió la empresa Ecuacorrientes (ECSA), que tiene su proyecto Mirador, también en Morona Santiago, donde hay reservas de cobre.
Las actividades mineras en el país estaban suspendidas desde abril de 2008, cuando la Asamblea emitió el Mandato Minero, mediante el cual se ordenó regular al sector y suspender las concesiones no apegadas a la ley y que estaban paralizadas.
En el mismo mandato se estableció un plazo de 180 días para elaborar una nueva ley de minería a fin de reanudar las operaciones.
Las autoridades anunciaron el reinicio de los trabajos en marzo pasado, sin embargo, la suspensión se extendió por el retraso en la aprobación de los tres reglamentos de la ley: el general, el de minería pequeña y artesanal, y el ambiental.
La vigencia de estos documentos se esperaba para mediados del presente año, afirmó el presidente de la Cámara de Minería, César Espinoza. Pero recién el 4 de noviembre pasado se firmó el Decreto Ejecutivo Nº 119 que los expidió.
Ahora comienza un nuevo proceso con otras reglas. Por ejemplo, en un plazo de 120 días las empresas deben sustituir sus títulos de operación, los cuales se sujetarán a la nueva normativa.
Sobre este tema, Channer indicó que los abogados de Kinross-Aurelian están solicitando aclaraciones puntuales al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. “Entendemos que las autoridades van a elaborar un instructivo para tener más claro el proceso que deben seguir las empresas para la sustitución de los títulos”, dijo.
Además, cuando las compañías culminen la etapa de exploración, deberán negociar con el Estado las condiciones para la explotación del yacimiento. En esos diálogos se definirá el tiempo de la concesión, la inversión prevista, las regalías (aunque el reglamento general tiene una tabla de porcentajes), entre otros aspectos.
Según información del Ministerio del ramo, hay más de 2.000 concesiones vigentes, que tienen derecho a más de un millón de hectáreas.
Con este nuevo marco legal el Gobierno busca iniciar la minería a gran escala en el país, pero de forma responsable en el aspecto social y ambiental, dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Germánico Pinto, en una reunión que tuvo semanas atrás en Canadá.
