En enero del próximo año se presentará el informe de la Comisión de la Verdad, que investiga la violación de los derechos humanos en el período 1984-1988 y otros casos especiales. Elsie Monge, titular del organismo, indica que el trabajo ya está terminado.
Sin embargo, argumenta que este se postergará por la falta de recursos para su presentación.
Monge señala que el retraso en la entrega del informe no tiene relación con la investidura de inmunidad que se tramita en la Asamblea Nacional por pedido del Ejecutivo, pero aclara que ello es necesario.
"Seguramente habrá ataques contra el trabajo de la comisión y los comisionados, por eso estamos pidiendo la inmunidad", expresó. Además, señaló que en el informe que darán a conocer "hay hechos bastante fuertes" con "indicios de responsabilidad".
Monge indicó que no han recibido la última partida que ya se encuentra aprobada, para la impresión del informe de entrega al Ejecutivo: un resumen más ágil de distribución masiva, liquidación del personal y realización del evento con presencia de invitados extranjeros. Estos gastos ascienden a más de $300 mil.
Sobre el pedido de inmunidad, la asambleísta María Paula Romo (AP), presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, manifestó en días pasados su desacuerdo para que se condicione la "entrega de ese trabajo a la aprobación de las leyes". Hizo un llamado para que la Comisión de la Verdad y la de Angostura presenten sus conclusiones, pues cuando la Asamblea apruebe la inmunidad ellos se podrían acoger a esa figura.
Por su parte, asambleístas como Vicente Taiano (PRIAN) y Luis Almeida (PSP), integrantes de la Comisión de Justicia, anunciaron su rechazo y el de sus partidos a la propuesta desde ya.
Justamente para solicitar la inmunidad, los comisionados acudieron hace un mes a la Asamblea Constituyente, argumentando que la norma siete de la Declaración Universal les garantiza esa figura.
El documento que entregará la Comisión de la Verdad posee entre 2 500 y 3 000 hojas clasificadas en cinco volúmenes sobre el contexto de la problemática, caracterización, estructuras, testimonios recogidos, conclusiones y recomendaciones, según dijo Monge.
Para la investigación de la comisión se invitó a 266 personas mencionadas en los testimonios de las víctimas, pero acudieron solamente alrededor de 90 personas. Además, se identificaron cerca de 870 víctimas, las mismas que fueron agrupadas en 127 casos.
La presidenta de la comisión informó que habrá una entidad que dará seguimiento en el plano jurídico a los resultados del informe. También, presentarán al Ejecutivo y ministros involucrados en el tema un proyecto de "ley de víctimas" para que se presente a la Asamblea y se garantice "que el trabajo desempeñado no se quede en papel".
Sin embargo, argumenta que este se postergará por la falta de recursos para su presentación.
Monge señala que el retraso en la entrega del informe no tiene relación con la investidura de inmunidad que se tramita en la Asamblea Nacional por pedido del Ejecutivo, pero aclara que ello es necesario.
"Seguramente habrá ataques contra el trabajo de la comisión y los comisionados, por eso estamos pidiendo la inmunidad", expresó. Además, señaló que en el informe que darán a conocer "hay hechos bastante fuertes" con "indicios de responsabilidad".
Monge indicó que no han recibido la última partida que ya se encuentra aprobada, para la impresión del informe de entrega al Ejecutivo: un resumen más ágil de distribución masiva, liquidación del personal y realización del evento con presencia de invitados extranjeros. Estos gastos ascienden a más de $300 mil.
Sobre el pedido de inmunidad, la asambleísta María Paula Romo (AP), presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, manifestó en días pasados su desacuerdo para que se condicione la "entrega de ese trabajo a la aprobación de las leyes". Hizo un llamado para que la Comisión de la Verdad y la de Angostura presenten sus conclusiones, pues cuando la Asamblea apruebe la inmunidad ellos se podrían acoger a esa figura.
Por su parte, asambleístas como Vicente Taiano (PRIAN) y Luis Almeida (PSP), integrantes de la Comisión de Justicia, anunciaron su rechazo y el de sus partidos a la propuesta desde ya.
Justamente para solicitar la inmunidad, los comisionados acudieron hace un mes a la Asamblea Constituyente, argumentando que la norma siete de la Declaración Universal les garantiza esa figura.
El documento que entregará la Comisión de la Verdad posee entre 2 500 y 3 000 hojas clasificadas en cinco volúmenes sobre el contexto de la problemática, caracterización, estructuras, testimonios recogidos, conclusiones y recomendaciones, según dijo Monge.
Para la investigación de la comisión se invitó a 266 personas mencionadas en los testimonios de las víctimas, pero acudieron solamente alrededor de 90 personas. Además, se identificaron cerca de 870 víctimas, las mismas que fueron agrupadas en 127 casos.
La presidenta de la comisión informó que habrá una entidad que dará seguimiento en el plano jurídico a los resultados del informe. También, presentarán al Ejecutivo y ministros involucrados en el tema un proyecto de "ley de víctimas" para que se presente a la Asamblea y se garantice "que el trabajo desempeñado no se quede en papel".
