La existencia de un órgano estatal controlador del cumplimiento de los derechos de la comunicación es el factor común en los dos proyectos de Ley de la materia que ya se han propuesto a la Asamblea. Uno es el del legislador César Montúfar y el otro, que llegó ayer, es el del Foro Ecuatoriano de la Comunicación, respaldado por Pachakutik.
El texto de Montúfar propone la creación del Consejo de Protección de los Derechos de Comunicación mientras que el de las organizaciones sociales sugiere la construcción del Consejo Social de Comunicación.
Pero mientras los integrantes del primero son, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, delegados de radio, prensa y televisión y de la ciudanía, en el segundo se da prioridad a los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, campesinos y de las universidades.
La distribución de las frecuencias de radio y televisión es un tema que le ha preocupado al Foro de la Comunicación, compuesto por unas 20 organizaciones. René Espín, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha indicó que ahora el 95% del espectro está en manos privadas.
Por eso, desde allí impulsan la idea de que el 100% del espectro se divida en tres partes iguales, cada una equivalente al 33,33%. La primera sería para la radio y televisión privada, la segunda para el sector público y la tercera para el ámbito comunitario.
En el documento de Montúfar, en cambio, simplemente se enuncia que la concesión de las frecuencias debe responder a criterios de equidad, transparencia, no discriminación, pluralismo y diversidad, los cuales deberán regularse en la Ley de Telecomunicaciones.
Los deberes y derechos de los medios de comunicación, según la propuesta de Montúfar, se centran en la libertad de buscar, producir y difundir información y opinión independiente del Estado. En tanto, establece que la prensa pública debe separarse del poder político.
En cambio, para el Foro, se enfoca en una especie de retórica sobre la difusión de los derechos humanos, la educación, los valores, la creatividad, la paz…. que tendrían como deber los medios de comunicación sean públicos, privados o comunitarios.
No sólo se regulará a los medios sino que determinará la participación de la ciudadanía y del Estado en ellos.
El texto de Montúfar propone la creación del Consejo de Protección de los Derechos de Comunicación mientras que el de las organizaciones sociales sugiere la construcción del Consejo Social de Comunicación.
Pero mientras los integrantes del primero son, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, delegados de radio, prensa y televisión y de la ciudanía, en el segundo se da prioridad a los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, campesinos y de las universidades.
La distribución de las frecuencias de radio y televisión es un tema que le ha preocupado al Foro de la Comunicación, compuesto por unas 20 organizaciones. René Espín, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha indicó que ahora el 95% del espectro está en manos privadas.
Por eso, desde allí impulsan la idea de que el 100% del espectro se divida en tres partes iguales, cada una equivalente al 33,33%. La primera sería para la radio y televisión privada, la segunda para el sector público y la tercera para el ámbito comunitario.
En el documento de Montúfar, en cambio, simplemente se enuncia que la concesión de las frecuencias debe responder a criterios de equidad, transparencia, no discriminación, pluralismo y diversidad, los cuales deberán regularse en la Ley de Telecomunicaciones.
Los deberes y derechos de los medios de comunicación, según la propuesta de Montúfar, se centran en la libertad de buscar, producir y difundir información y opinión independiente del Estado. En tanto, establece que la prensa pública debe separarse del poder político.
En cambio, para el Foro, se enfoca en una especie de retórica sobre la difusión de los derechos humanos, la educación, los valores, la creatividad, la paz…. que tendrían como deber los medios de comunicación sean públicos, privados o comunitarios.
No sólo se regulará a los medios sino que determinará la participación de la ciudadanía y del Estado en ellos.
