Ecuador todavía no ha definido qué hará con el contrato con la petrolera franco-británica Perenco, que el 16 de julio abandonó los pozos de donde extraía unos 21.000 barriles diarios de crudo, dijo el lunes el ministro ecuatoriano de Petróleos, Germánico Pinto.
"Estamos todavía haciendo un análisis jurídico" antes de tomar una decisión, declaró el funcionario el rueda de prensa y agregó que "todavía no hay ningún informe al respecto de Petroecuador", la empresa que representa al Estado en los contratos con las petroleras extranjeras.
Pinto anotó que el informe "llegará (al ministerio) en el momento que Petroecuador tenga una idea clara al respecto. Nos dará la información en cuanto crea conveniente en función de lo que dice la ley y el contrato".
El ministro es el juez de última instancia en el caso, dentro del cual Perenco -que operaba en el país asociada con la estadounidense Burlington- ha denunciando una expropiación de sus bienes.
La ley ecuatoriana establece que el Estado podrá declarar la caducidad de los contratos petroleros tras 30 días de abandono de las operaciones.
Quito anunció el 19 de agosto que la petrolera, que se niega a pagar unos 327 millones de dólares en impuestos por una polémica repartición de ganancias, tenía un plazo de diez días para cumplir con su contrato.
La compañía dejó las operaciones tras intentar infructuosamente paralizar sus actividades en protesta contra un embargo de su producción, que le impuso el Estado para cobrarse la millonaria deuda impositiva. Los pozos de Perenco quedaron a cargo de Petroamazonas, una operadora de Petroecuador.
En mayo de 2006 Quito dio por terminado el convenio con la Occidental Petroleum (Oxy) por vender acciones sin autorización, por lo que la firma estadounidense abandonó los campos en la Amazonia en los que explotaba unos 100.000 barriles por día (un 20% de la producción nacional).
"Estamos todavía haciendo un análisis jurídico" antes de tomar una decisión, declaró el funcionario el rueda de prensa y agregó que "todavía no hay ningún informe al respecto de Petroecuador", la empresa que representa al Estado en los contratos con las petroleras extranjeras.
Pinto anotó que el informe "llegará (al ministerio) en el momento que Petroecuador tenga una idea clara al respecto. Nos dará la información en cuanto crea conveniente en función de lo que dice la ley y el contrato".
El ministro es el juez de última instancia en el caso, dentro del cual Perenco -que operaba en el país asociada con la estadounidense Burlington- ha denunciando una expropiación de sus bienes.
La ley ecuatoriana establece que el Estado podrá declarar la caducidad de los contratos petroleros tras 30 días de abandono de las operaciones.
Quito anunció el 19 de agosto que la petrolera, que se niega a pagar unos 327 millones de dólares en impuestos por una polémica repartición de ganancias, tenía un plazo de diez días para cumplir con su contrato.
La compañía dejó las operaciones tras intentar infructuosamente paralizar sus actividades en protesta contra un embargo de su producción, que le impuso el Estado para cobrarse la millonaria deuda impositiva. Los pozos de Perenco quedaron a cargo de Petroamazonas, una operadora de Petroecuador.
En mayo de 2006 Quito dio por terminado el convenio con la Occidental Petroleum (Oxy) por vender acciones sin autorización, por lo que la firma estadounidense abandonó los campos en la Amazonia en los que explotaba unos 100.000 barriles por día (un 20% de la producción nacional).
