El Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha respondió a la acción de protección interpuesta por asambleístas de oposición en contra de una medida gubernamental: la cadena indefinida e ininterrumpida, de seis horas, a la que los medios de comunicación tuvieron que conectarse el 30-S.Gladys Terán Sierra, presidenta del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, convocó a una audiencia de acción de protección al Primer Mandatario, Rafael Correa. Y también a Vinicio y Fernando Alvarado, los secretarios de la Administración y de Comunicación.
Hoy, a las 11:00, los representantes del Ejecutivo y los legisladores que interpusieron el amparo de protección deberán acudir al Tribunal Tercero, ubicado en las avenidas Ramírez Dávalos y 10 de Agosto, en Quito.
El jueves pasado, César Montúfar (Concertación Nacional), Andrés Páez (ID), Leonardo Viteri (PSC), Fausto Cobo y Fernando Aguirre (PSP) acudieron a la justicia en busca de respuestas a esta medida, que consideran una ‘mordaza’ impuesta a la libertad de prensa, el 30 de septiembre. Además se quejaron porque aseguraron que la cadena se ordenó fuera del estado de excepción.
Los asambleístas creen que los canales de televisión y las radios perdieron la oportunidad de transmitir su programación habitual, por lo que debieran ser recompensados. Además exigieron que Radio La Luna, dirigida anteriormente por el oficialista Paco Velasco, sea sancionada porque fue la única que no se enlazó.
Los legisladores de oposición cuestionaron el oficio SNCOM-O-10-721, que emitió la Subsecretaría de Comunicación de la Presidencia, ese día. Los cinco asambleístas adelantaron que si no obtienen una respuesta satisfactoria de la justicia nacional, acudirán a instancias internacionales.
Páez aseguró que el llamado del Tribunal Tercero de Garantías Penales un primer paso dentro de su solicitud de que se investigue lo sucedido el 30-S. “Esperamos que nuestro pedido se evacúe en el marco de la ley, creo que el Tribunal solamente debe actuar en consonancia con la ley”, señaló y repitió que los cinco legisladores se han propuesto agotar todas las instancias en el país. Esperan que el Ejecutivo por lo menos envíe a un representante legal para transparentar lo ocurrido.
