martes, 26 de octubre de 2010

La revuelta costó 7 dólares por militar

Según el borrador del informe de la Contraloría General del Estado (CGE), las pérdidas por la paralización de la Base Aérea Mariscal Sucre ascienden a 44 mil 622 dólares. Para hacer este análisis, se consultó a Quiport S.A., corporación que administra el aeropuerto de Quito.

Los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron informados que el personal militar de la zona y del Ministerio de Defensa tendrán que asumir estas pérdidas. Se les comunicó que se les descontará entre 6 a 7 dólares de su remuneración mensual para suplir las pérdidas del 30 S

Pérdidas
Ese día, el Estado dejó de percibir tasas aeroportuarias relacionadas a las facilidades aeronáuticas y la utilización de la infraestructura aeronáutica correspondientes a vuelos internacionales. En vuelos nacionales, las tasas son cobradas dentro del pasaje de avión. Los militares involucrados pertenecerían a la Comandancia del Ala de Transportes No. 11, el Comando de Educación y Doctrina, la Dirección de la Academia de Guerra Aérea y la Gerencia del Servicio a Bordo.

Descuento
Este descuento se realizaría a partir de noviembre, pero todavía no se ha especificado con qué modalidad se hará. Inicialmente se les indicó que se les descontaría algo más de dos dólares durante tres meses para completar la cuota de siete dólares. No se sabe específicamente a cuántos militares se les hará este descuento, pero para que esto sea factible se tendría que hacer un descuento colectivo a unos 6.375 militares.

Ejército alista posibles sanciones graves
El domingo pasado, el Ministerio de Defensa informó que se determinó la responsabilidad administrativa de siete miembros de tropa del Ejército en los acontecimientos del pasado 30 de septiembre. Los militares fueron juzgados en base al Reglamento de Disciplina Militar. Ya se habría notificado a los militares para que presenten las pruebas de descargo correspondientes en el plazo de 72 horas. Si fueron notificados el domingo, el plazo vencería hoy.

Si los siete militares implicados no llegaren a entregar las pruebas de descargo, las sanciones serán aplicadas inmediatamente. El Ministerio de Defensa comunicó que en este caso se trata faltas disciplinarias tipificadas como graves, que van de uno a cinco días de arresto. “Se debe aclarar que las medidas disciplinarias son sin perjuicio a las acciones legales de la justicia ordinaria”, indica el comunicado.