Mientras la Fiscalía sigue esperando el listado de los militares insurrectos, el secretario jurídico de la presidencia de la República, Alexis Mera, sostiene que para el Gobierno estos uniformados no han incurrido en ninguna infracción de tipo penal y que si hay sanciones, estas deberían ser de carácter disciplinario-administrativo.
No obstante, aclaró que tanto él como el Gobierno respetarán como los que más el pronunciamiento que tenga la Fiscalía General del Estado en este caso específico, que es motivo de investigación desde el pasado 30 de septiembre.
“El Gobierno piensa que los sucesos que se dieron en la Base Aérea de Quito, no constituyen una infracción penal, pero ese es el criterio del Gobierno y la Fiscalía es independiente y tiene derecho a sostener lo que quiera”, dijo el funcionario, al tiempo de aclarar que el mismo criterio se utiliza para el caso de los militares que salieron a la Plaza de La Recoleta, en el Ministerio de Defensa Nacional.
Mera sostiene que esos hechos deberían ser juzgados en el plano administrativo-disciplinario, porque se trata de personas que dentro de la institución militar rompieron la jerarquía y por tanto es un tema de las Fuerzas Armadas que debe ser resuelto al interior.
Para Alexis Mera, la paralización de los servicios públicos del Aeropuerto Mariscal Sucre fue realizada por los policías al haber dejado las dependencias de migración y narcóticos, por lo que de parte de los miembros de la FAE no hubo la intención de paralizar nada, porque ya estaba cortada.
Dentro de la misma investigación, ayer estaba previsto receptarse los testimonios del ministro de Defensa, Javier Ponce y del comandante general de la FAE, Leonardo Barreiro, pero los dos no asistieron: el primero justificó a través de un comunicado que recién acababa de llegar al país de una misión oficial; y, el segundo, que la Fuerza Aérea Ecuatoriana está de fiesta.
El miércoles último venció el plazo que dio el fiscal Iván Ron para que el ministerio de Defensa remita la lista de militares insurrectos
No obstante, aclaró que tanto él como el Gobierno respetarán como los que más el pronunciamiento que tenga la Fiscalía General del Estado en este caso específico, que es motivo de investigación desde el pasado 30 de septiembre.
“El Gobierno piensa que los sucesos que se dieron en la Base Aérea de Quito, no constituyen una infracción penal, pero ese es el criterio del Gobierno y la Fiscalía es independiente y tiene derecho a sostener lo que quiera”, dijo el funcionario, al tiempo de aclarar que el mismo criterio se utiliza para el caso de los militares que salieron a la Plaza de La Recoleta, en el Ministerio de Defensa Nacional.
Mera sostiene que esos hechos deberían ser juzgados en el plano administrativo-disciplinario, porque se trata de personas que dentro de la institución militar rompieron la jerarquía y por tanto es un tema de las Fuerzas Armadas que debe ser resuelto al interior.
Para Alexis Mera, la paralización de los servicios públicos del Aeropuerto Mariscal Sucre fue realizada por los policías al haber dejado las dependencias de migración y narcóticos, por lo que de parte de los miembros de la FAE no hubo la intención de paralizar nada, porque ya estaba cortada.
Dentro de la misma investigación, ayer estaba previsto receptarse los testimonios del ministro de Defensa, Javier Ponce y del comandante general de la FAE, Leonardo Barreiro, pero los dos no asistieron: el primero justificó a través de un comunicado que recién acababa de llegar al país de una misión oficial; y, el segundo, que la Fuerza Aérea Ecuatoriana está de fiesta.
El miércoles último venció el plazo que dio el fiscal Iván Ron para que el ministerio de Defensa remita la lista de militares insurrectos
