La película vuelve a repetirse en la Asamblea. Grupos preocupados por la rapidez con la que debe analizarse y aprobarse el Código de la Producción, tal como ocurrió con el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Y una Comisión de lo Económico y Tributario que recoge en largas jornadas de debate las observaciones de asambleístas, gremios empresariales, de trabajadores, asociaciones, etc. Todo el andamiaje deberá ser aprobado o rechazado como máximo hasta el 19 de noviembre.
Por ello, ayer varios grupos sociales acudieron a presentar sus observaciones. La mayoría coincidió en que se devolviera el proyecto al Presidente para que lo remitiese por la vía ordinaria. Idéntico a lo ocurrido con el documento de Finanzas.
Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, fue muy crítico con el procedimiento y pidió que “devuelvan el proyecto de Ley y pidan al Ejecutivo el tiempo necesario para su respectivo trámite”.
Más allá, los empresarios aplauden la iniciativa del Gobierno por incentivar la producción, aunque no creen que será tan relevante. “Los países desarrollados tienen leyes claras, incentivos para la nueva inversión. No tienen ningún Código porque finalmente el Código de la Producción no va a dar seguridad al inversionista o seguridad al mundo si es que el Gobierno sigue enviando mensajes contradictorios como la aprobación de leyes que son confiscatorias”, señaló Peñaherrera.
Para Patricio Orbe, ingeniero comercial y empresario, la decena de incentivos tributarios contemplados en el Código, si bien ayudan, no es en sí un imán para el inversionista. “Que se disminuya el Impuesto a la Renta es una buena alternativa, pero habrá que preguntarse si en un país primario exportador como el nuestro, incentivar la alta tecnología va de acuerdo con la realidad”.
Pero la ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, defiende su proyecto señalando que el Código busca, precisamente, realizar una transformación productiva y democratizar los medios de producción en el país, tradicionalmente concentrados en pocas manos.
Juan Pablo Torres, productor de partes metálicas, es más realista. Señala que los efectos se verán en el corto plazo. “Se ve que hay incentivos tributarios y eso puede motivar. Pero dudo que los impuestos que se dejarán de percibir no sean cobrados con otros impuestos o ajustes a los reglamentos tributarios actuales”.
Al respecto, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, señaló que los incentivos son un mecanismo positivo. “Pero tengo que aclarar que se aplicarán solo hasta que las empresas hayan logrado un crecimiento y que los sectores a los que pertenecen se hayan beneficiado de ello. Por eso, realizaremos un monitoreo permanente para que ciertas empresas no se conviertan en vías de evasión fiscal”.
El impacto fiscal del Código de la Producción en su primer año será de USD 379,47 millones por todos los incentivos.
En materia puntual, Javier Díaz, presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador, plantea que se aporte como un estímulo la devolución automática de una parte de los impuestos pagados con las exportaciones. Para ello solicita una tasa del 5% del valor FOB de la exportaciones, que sería apoyado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana “pero se debe ingresar esa figura en el proyecto. Y se mostró partidario de la exoneración del pago mínimo del Impuesto a la Renta para quienes cumplen con el salario digno.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, en cambio, se quejó por las nuevas condiciones para sus operaciones crediticias y tributarias. “Hay que revisar las exoneraciones que se dan a bienes de capital, importación y pagos, especialmente”.
Por último, un hecho que critica el mediano empresario Fabián Solórzano, es que Quito y Guayaquil no se beneficien de incentivos. “Son las ciudades con más actividad y no se reconoce eso. Incluso a Cuenca, que estaba inicialmente en la lista de vetados, fue incorporada”.
Y una Comisión de lo Económico y Tributario que recoge en largas jornadas de debate las observaciones de asambleístas, gremios empresariales, de trabajadores, asociaciones, etc. Todo el andamiaje deberá ser aprobado o rechazado como máximo hasta el 19 de noviembre.
Por ello, ayer varios grupos sociales acudieron a presentar sus observaciones. La mayoría coincidió en que se devolviera el proyecto al Presidente para que lo remitiese por la vía ordinaria. Idéntico a lo ocurrido con el documento de Finanzas.
Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, fue muy crítico con el procedimiento y pidió que “devuelvan el proyecto de Ley y pidan al Ejecutivo el tiempo necesario para su respectivo trámite”.
Más allá, los empresarios aplauden la iniciativa del Gobierno por incentivar la producción, aunque no creen que será tan relevante. “Los países desarrollados tienen leyes claras, incentivos para la nueva inversión. No tienen ningún Código porque finalmente el Código de la Producción no va a dar seguridad al inversionista o seguridad al mundo si es que el Gobierno sigue enviando mensajes contradictorios como la aprobación de leyes que son confiscatorias”, señaló Peñaherrera.
Para Patricio Orbe, ingeniero comercial y empresario, la decena de incentivos tributarios contemplados en el Código, si bien ayudan, no es en sí un imán para el inversionista. “Que se disminuya el Impuesto a la Renta es una buena alternativa, pero habrá que preguntarse si en un país primario exportador como el nuestro, incentivar la alta tecnología va de acuerdo con la realidad”.
Pero la ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, defiende su proyecto señalando que el Código busca, precisamente, realizar una transformación productiva y democratizar los medios de producción en el país, tradicionalmente concentrados en pocas manos.
Juan Pablo Torres, productor de partes metálicas, es más realista. Señala que los efectos se verán en el corto plazo. “Se ve que hay incentivos tributarios y eso puede motivar. Pero dudo que los impuestos que se dejarán de percibir no sean cobrados con otros impuestos o ajustes a los reglamentos tributarios actuales”.
Al respecto, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, señaló que los incentivos son un mecanismo positivo. “Pero tengo que aclarar que se aplicarán solo hasta que las empresas hayan logrado un crecimiento y que los sectores a los que pertenecen se hayan beneficiado de ello. Por eso, realizaremos un monitoreo permanente para que ciertas empresas no se conviertan en vías de evasión fiscal”.
El impacto fiscal del Código de la Producción en su primer año será de USD 379,47 millones por todos los incentivos.
En materia puntual, Javier Díaz, presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador, plantea que se aporte como un estímulo la devolución automática de una parte de los impuestos pagados con las exportaciones. Para ello solicita una tasa del 5% del valor FOB de la exportaciones, que sería apoyado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana “pero se debe ingresar esa figura en el proyecto. Y se mostró partidario de la exoneración del pago mínimo del Impuesto a la Renta para quienes cumplen con el salario digno.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, en cambio, se quejó por las nuevas condiciones para sus operaciones crediticias y tributarias. “Hay que revisar las exoneraciones que se dan a bienes de capital, importación y pagos, especialmente”.
Por último, un hecho que critica el mediano empresario Fabián Solórzano, es que Quito y Guayaquil no se beneficien de incentivos. “Son las ciudades con más actividad y no se reconoce eso. Incluso a Cuenca, que estaba inicialmente en la lista de vetados, fue incorporada”.
