El denominado salario digno de $360 (sumados varios componentes) que plantea el Código de la Producción preocupa a varios sectores productivos.
Dos son los aspectos que generan dudas en lo que tiene que ver con la normativa salarial: El salario digno y los incentivos limitados para generar el salario digno.
Según el proyecto, el salario digno es aquel que permite al trabajador acceder a la canasta básica y está calculado en $360. Para el pago, el empleador deberá destinar hasta el 100% de las utilidades de la empresa.
El presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Bruno Leone, aseguró que el proyecto del Código ya define como se constituirá ese salario: el salario básico unificado, más la doceava parte del décimo tercero y decimo cuarto sueldos, comisiones, bonos por productividad e incluso los fondos de reserva, con lo cual "es insostenible sostener ese tipo de sueldo". Además dijo que el Código señala que ninguna empresa pueda reportar ganancias si sus obreros no ganan el salario digno.
Con este criterio coincide Cesar Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien sostiene que el salario podría ser causa de que las empresas no puedan cubrir los sueldos. "No todas las empresas pueden cubrir el faltante para llegar al salario digno que nos quiere imponer el Gobierno", Añadió que el proyecto debe ser analizado por la Asamblea para rectificar ciertas normas que serían perjudiciales.
De igual forma, Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, afirmó que el Código no será un estímulo, ni para la producción ni para el comercio. "Lo que pasará es que se tendrán que repartir las utilidades y compensar a los trabajadores que no ganen el salario mínimo. El cálculo es que los empresarios deberán pagar una diferencia de $30 por mes, por empleado", indicó el directivo.
Por otra parte, el Código establece incentivos para nuevas inversiones, sobre todo, en zonas deprimidas fuera las zonas urbanas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.
Para Eduardo Egas, vicepresidente de la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei), los incentivos son discriminatorios, cuestiona que si al excluir a las ciudades grandes también se considera a las parroquias rurales. "Sería injusta esa exclusión porque si una empresa opera en Posorja, que es una zona muy deprimida, pero forma parte de Guayaquil no tendría ese estímulo", manifestó.
Ignacio Pérez, presidente de Expoflores, señaló que es un tema donde no hay consenso que podría generar complicaciones obrero-patronales.
Por su parte la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, defendió el proyecto manifestado que el Código ha sido discutido por más de seis meses con el sector productivo, "no será perfecto el Código, es difícil ponerse de acuerdo con todo el mundo", dijo.
