El pleno de la Asamblea, resolvió ayer retornar a la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, el proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, con el fin de que se compilen las observaciones realizadas por los asambleístas.
La Comisión se reunirá mañana para trabajar en el nuevo documento que será sometido a votación en la posterior reunión.
Así, a los 2,6 millones de comerciantes minoristas solo les queda esperar. Sin embargo, ellos ven algunos beneficios en la propuesta como la creación de un régimen especial y solidario de la seguridad social, la ubicación y promoción de los comerciantes en lugares adecuados, las líneas de crédito preferenciales dentro del sector financiero y del Banco Nacional de Fomento (BNF), la prohibición de decomiso, retención y confiscación, la creación de centros de desarrollo infantil, proyectos de vivienda y bienestar social, y la participación con voz y voto en los concejos municipales.
El instrumento legal fue modificado con las propuestas de los asambleístas y la participación de las entidades AME y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE). A estos se unieron alcaldes y representantes de organizaciones que agrupan a los comerciantes.
La norma tiene como objetivo garantizar las actividades productivas, de comercio y/o servicios de este sector. Inclusive el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, recibió en Comisión General a una delegación de los informales para escuchar sus planteamientos y él propuso que se recojan más observaciones.
Carlos Samaniego, vocal de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, fue el proponente del informe de la mesa.
Dijo que fue una decisión de la Comisión sacar de este proyecto de ley a los microempresarios, con el objetivo de que se diseñe una nueva normativa para ellos.
Sostuvo que con este proyecto de ley lo que se busca es mantener una coherencia con el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), para que los gobiernos seccionales se encarguen de la regulación y control de los espacios públicos. No obstante, indicó que los municipios deberán dejar de lado los fideicomisos, las retenciones o confiscaciones de la mercancía y productos.
Añadió que es indispensable que los comerciantes minoristas cuenten con un marco legal que los regule.
Por su parte Carlos Castellanos, presidente nacional de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), luego de resaltar los beneficios de la ley, manifestó que existen dos de esos seis temas que aún no convencen al resto de los asambleístas y que tienen que ver con los créditos que otorgue el BNF y la regulación por parte de los municipios.
La Comisión se reunirá mañana para trabajar en el nuevo documento que será sometido a votación en la posterior reunión.
Así, a los 2,6 millones de comerciantes minoristas solo les queda esperar. Sin embargo, ellos ven algunos beneficios en la propuesta como la creación de un régimen especial y solidario de la seguridad social, la ubicación y promoción de los comerciantes en lugares adecuados, las líneas de crédito preferenciales dentro del sector financiero y del Banco Nacional de Fomento (BNF), la prohibición de decomiso, retención y confiscación, la creación de centros de desarrollo infantil, proyectos de vivienda y bienestar social, y la participación con voz y voto en los concejos municipales.
El instrumento legal fue modificado con las propuestas de los asambleístas y la participación de las entidades AME y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE). A estos se unieron alcaldes y representantes de organizaciones que agrupan a los comerciantes.
La norma tiene como objetivo garantizar las actividades productivas, de comercio y/o servicios de este sector. Inclusive el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, recibió en Comisión General a una delegación de los informales para escuchar sus planteamientos y él propuso que se recojan más observaciones.
Carlos Samaniego, vocal de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, fue el proponente del informe de la mesa.
Dijo que fue una decisión de la Comisión sacar de este proyecto de ley a los microempresarios, con el objetivo de que se diseñe una nueva normativa para ellos.
Sostuvo que con este proyecto de ley lo que se busca es mantener una coherencia con el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), para que los gobiernos seccionales se encarguen de la regulación y control de los espacios públicos. No obstante, indicó que los municipios deberán dejar de lado los fideicomisos, las retenciones o confiscaciones de la mercancía y productos.
Añadió que es indispensable que los comerciantes minoristas cuenten con un marco legal que los regule.
Por su parte Carlos Castellanos, presidente nacional de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), luego de resaltar los beneficios de la ley, manifestó que existen dos de esos seis temas que aún no convencen al resto de los asambleístas y que tienen que ver con los créditos que otorgue el BNF y la regulación por parte de los municipios.
