Pasada la medianoche, continuaba la audiencia de formulación de cargos, en la que la jueza de garantías penales de Pichincha, Tania Molina González, tenía que dictar la prisión preventiva u ordenar la libertad de los 53 policías detenidos hasta ayer, acusados de sublevación.
El fiscal del caso, Jorge Cano, intentó probar la participación de los acusados en la revuelta del 30 de septiembre.
La audiencia de ayer empezó a las 19:30 con una exposición de los hechos ocurridos aquel día, desde las 08:00 hasta minutos después de la salida del mandatario del hospital de la Policía, donde permaneció durante once horas. Según él, secuestrado.
Uno tras otro fueron presentados los 53 policías apresados el martes, pero en unos casos sus nombres no constaban en la nómina de convocados y, en otros, no había pruebas de su participación en la revuelta.
Los abogados alegaron ilegalidad en las detenciones. Fabián Terán, quien junto a Patricio Armijos y Alberto Herdoíza defiende a 36 uniformados, denunció, antes de la audiencia, que sus patrocinados fueron engañados para que acudieran a una Unidad Canina en el norte de Quito, donde fueron apresados.
Armijos aclaró que al momento es un grupo reducido de policías los detenidos, pues la Fiscalía estaría investigando a 264 uniformados. Ellos se suman a los coroneles Julio César Cueva, Manuel Ribadeneira y Marcelo Echeverría, acusados por presunta tentativa de asesinato al presidente Correa.
Terán denunció que, a través del memorándum CIR. N° 2010-1406-CMO-UVC.Occ-PN, hubo la orden de que más de 50 gendarmes se presenten el martes 05 de octubre de 2010, a las 18:00, en el Centro de Adiestramiento Canino sin excepción”. De ese grupo, solo 32 habrían acudido al sitio de la convocatoria.
Al llegar, refirió el abogado, los policías entre los que están dos mayores, una capitana, dos subtenientes y policías de tropa, fueron despojados de sus armas y uniformes. En el grupo estaría un agente que cumplía un arresto de nueve días en ese Centro y que no estuvo en el lugar de los incidentes del jueves. Según Terán, la Fiscalía está buscando incriminar “al que es y al que no es”.
Mencionó que en la Fiscalía de la avenida Patria la noche del martes estuvo preparado todo para involucrar a sus clientes sin que tuvieran la oportunidad de acceder a un defensor privado. Para ello los policías, contó, estuvieron incomunicados y estaban listos 25 defensores públicos para actuar.
Otro de los abogados defensores de los uniformados detenidos, Ángel Portilla, comentó que parte del argumento de defensa será sustentado en el mismo Código Penal que “establece que no hay delito cuando es en rebelión. Y la asonada del jueves pasado se fundamenta en la rebelión”. (Ver gráfico)
Ayer, durante todo el día, familiares de los detenidos acudieron a visitarlos al Centro de Adiestramiento Canino.
Padres, madres y esposas, con hijos en brazos, con rostros bañados en lágrimas, pidieron a gritos la libertad de quienes son acusados de sublevación y de proferir ofensas y agravios al presidente Rafael Correa.
Con pancartas expresaron que“están deteniendo a policías inocentes” en vez de a quienes lideraron la revuelta policial.
El fiscal del caso, Jorge Cano, intentó probar la participación de los acusados en la revuelta del 30 de septiembre.
La audiencia de ayer empezó a las 19:30 con una exposición de los hechos ocurridos aquel día, desde las 08:00 hasta minutos después de la salida del mandatario del hospital de la Policía, donde permaneció durante once horas. Según él, secuestrado.
Uno tras otro fueron presentados los 53 policías apresados el martes, pero en unos casos sus nombres no constaban en la nómina de convocados y, en otros, no había pruebas de su participación en la revuelta.
Los abogados alegaron ilegalidad en las detenciones. Fabián Terán, quien junto a Patricio Armijos y Alberto Herdoíza defiende a 36 uniformados, denunció, antes de la audiencia, que sus patrocinados fueron engañados para que acudieran a una Unidad Canina en el norte de Quito, donde fueron apresados.
Armijos aclaró que al momento es un grupo reducido de policías los detenidos, pues la Fiscalía estaría investigando a 264 uniformados. Ellos se suman a los coroneles Julio César Cueva, Manuel Ribadeneira y Marcelo Echeverría, acusados por presunta tentativa de asesinato al presidente Correa.
Terán denunció que, a través del memorándum CIR. N° 2010-1406-CMO-UVC.Occ-PN, hubo la orden de que más de 50 gendarmes se presenten el martes 05 de octubre de 2010, a las 18:00, en el Centro de Adiestramiento Canino sin excepción”. De ese grupo, solo 32 habrían acudido al sitio de la convocatoria.
Al llegar, refirió el abogado, los policías entre los que están dos mayores, una capitana, dos subtenientes y policías de tropa, fueron despojados de sus armas y uniformes. En el grupo estaría un agente que cumplía un arresto de nueve días en ese Centro y que no estuvo en el lugar de los incidentes del jueves. Según Terán, la Fiscalía está buscando incriminar “al que es y al que no es”.
Mencionó que en la Fiscalía de la avenida Patria la noche del martes estuvo preparado todo para involucrar a sus clientes sin que tuvieran la oportunidad de acceder a un defensor privado. Para ello los policías, contó, estuvieron incomunicados y estaban listos 25 defensores públicos para actuar.
Otro de los abogados defensores de los uniformados detenidos, Ángel Portilla, comentó que parte del argumento de defensa será sustentado en el mismo Código Penal que “establece que no hay delito cuando es en rebelión. Y la asonada del jueves pasado se fundamenta en la rebelión”. (Ver gráfico)
Ayer, durante todo el día, familiares de los detenidos acudieron a visitarlos al Centro de Adiestramiento Canino.
Padres, madres y esposas, con hijos en brazos, con rostros bañados en lágrimas, pidieron a gritos la libertad de quienes son acusados de sublevación y de proferir ofensas y agravios al presidente Rafael Correa.
Con pancartas expresaron que“están deteniendo a policías inocentes” en vez de a quienes lideraron la revuelta policial.