El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, recibió información de esa dependencia que en unos casos habla de sanciones en temas de arrestos disciplinarios menores y otros en temas de tribunales y disciplina.
Sobre la presunta desaparición de un grupo de gendarmes de sus puestos de trabajo, el Secretario de Estado aclaró que las personas que son parte de los procesos disciplinarios han entregado su dotación de armas. Sin embargo, confirmó que hay un grupo que no ha acudido a cumplir con sus labores.
“El número exacto no lo tengo, alrededor de ocho personas que no se han presentado a los llamados, eso tendría que ser constatado y confirmado por las respectivas autoridades internas”, manifestó.
Serán las autoridades policiales las encargadas de tomar las providencias correspondientes, pero si en 11 días ellos no se presentaron “involucra entrar en un proceso de deserción”. Todo eso tendrá que confirmarse con los archivos de asuntos internos, precisó.
Sobre las denuncias de que el día de la huelga policial algunas radios de los gendarmes fueron sustraídas y “mal utilizadas”, reiteró que eso merece una investigación profunda y una verificación.
Para ello existen peritajes de las voces que aparecen en las grabaciones de la central de Radio Patrulla difundidas por la agencia de noticias Andes, a fin de confirmar a quién pertenecen “más allá de si las radios fueron robadas o no, que también habrá que confirmarse”.
Las indagaciones en este caso son de alta complejidad, refirió el Ministro, y agregó que hay un debido proceso, experticias técnicas, peritajes y tecnologías que deben utilizarse.
Finalmente, sobre la difusión de correos electrónicos internos invitando a la protesta, que datan desde hace más de un año, Jalkh aún espera un informe policial.
Mientras la cúpula institucional continúa su acercamiento para hablar de estabilidad laboral, participación entre oficiales y tropa, la compensación a los sueldos y protección ciudadana. Esos temas fueron abordados durante una reunión reservada que mantuvieron con unos 200 gendarmes en el club de oficiales del Rancho San Vicente, el viernes.
Ahí además hablaron de los cambios operativos y del proyecto “Mi casa al fin”, en donde estuvieron delegados del Ministerio de Vivienda, el Banco del Pacífico y la inmobiliaria Ambiensa.
Jalkh explicó que los diálogos son permanentes, así como la clarificación de los mensajes para tranquilidad de la tropa de que “este Gobierno sí se ha ocupado de un estamento de la Policía, de la tropa, que no van a tener ningún perjuicio económico”, pues hay metodologías que se están ajustando y que no van afectar a ninguno de sus emolumentos.
Fiscalía sigue investigación
El fiscal Washington Pesántez insistió en que el ente actuará con seriedad y prudencia en el caso de la huelga policial.
Para analizar los correos internos que invitaban a la manifestación, existen expertos en delitos informáticos y peritos que buscan el origen de estas comunicaciones invitando a la insubordinación.
Alertó que lo más grave es que “en uno de ellos hace serias amenazas contra la vida de los altos mandos policiales, jueces y fiscales, y lo que es más reprochable las amenazas directas en contra de familiares de lo que ellos consideran son sus adversarios”.
Pesántez espera que las versiones sobre la existencia del Grupo Armado Policial (GAP), denunciado por el Ejecutivo, queden en especulaciones y ratificó el apoyo a la Policía como institución, pero esto parte de que se establezcan sanciones disciplinarias y administrativas como primer filtro.
Hoy, a las 09:30, el fiscal Jorge Cano, quien indaga la rebelión de los policías, hará el reconocimiento de las instalaciones del Regimiento Quito y el hospital policial.
Sobre la presunta desaparición de un grupo de gendarmes de sus puestos de trabajo, el Secretario de Estado aclaró que las personas que son parte de los procesos disciplinarios han entregado su dotación de armas. Sin embargo, confirmó que hay un grupo que no ha acudido a cumplir con sus labores.
“El número exacto no lo tengo, alrededor de ocho personas que no se han presentado a los llamados, eso tendría que ser constatado y confirmado por las respectivas autoridades internas”, manifestó.
Serán las autoridades policiales las encargadas de tomar las providencias correspondientes, pero si en 11 días ellos no se presentaron “involucra entrar en un proceso de deserción”. Todo eso tendrá que confirmarse con los archivos de asuntos internos, precisó.
Sobre las denuncias de que el día de la huelga policial algunas radios de los gendarmes fueron sustraídas y “mal utilizadas”, reiteró que eso merece una investigación profunda y una verificación.
Para ello existen peritajes de las voces que aparecen en las grabaciones de la central de Radio Patrulla difundidas por la agencia de noticias Andes, a fin de confirmar a quién pertenecen “más allá de si las radios fueron robadas o no, que también habrá que confirmarse”.
Las indagaciones en este caso son de alta complejidad, refirió el Ministro, y agregó que hay un debido proceso, experticias técnicas, peritajes y tecnologías que deben utilizarse.
Finalmente, sobre la difusión de correos electrónicos internos invitando a la protesta, que datan desde hace más de un año, Jalkh aún espera un informe policial.
Mientras la cúpula institucional continúa su acercamiento para hablar de estabilidad laboral, participación entre oficiales y tropa, la compensación a los sueldos y protección ciudadana. Esos temas fueron abordados durante una reunión reservada que mantuvieron con unos 200 gendarmes en el club de oficiales del Rancho San Vicente, el viernes.
Ahí además hablaron de los cambios operativos y del proyecto “Mi casa al fin”, en donde estuvieron delegados del Ministerio de Vivienda, el Banco del Pacífico y la inmobiliaria Ambiensa.
Jalkh explicó que los diálogos son permanentes, así como la clarificación de los mensajes para tranquilidad de la tropa de que “este Gobierno sí se ha ocupado de un estamento de la Policía, de la tropa, que no van a tener ningún perjuicio económico”, pues hay metodologías que se están ajustando y que no van afectar a ninguno de sus emolumentos.
Fiscalía sigue investigación
El fiscal Washington Pesántez insistió en que el ente actuará con seriedad y prudencia en el caso de la huelga policial.
Para analizar los correos internos que invitaban a la manifestación, existen expertos en delitos informáticos y peritos que buscan el origen de estas comunicaciones invitando a la insubordinación.
Alertó que lo más grave es que “en uno de ellos hace serias amenazas contra la vida de los altos mandos policiales, jueces y fiscales, y lo que es más reprochable las amenazas directas en contra de familiares de lo que ellos consideran son sus adversarios”.
Pesántez espera que las versiones sobre la existencia del Grupo Armado Policial (GAP), denunciado por el Ejecutivo, queden en especulaciones y ratificó el apoyo a la Policía como institución, pero esto parte de que se establezcan sanciones disciplinarias y administrativas como primer filtro.
Hoy, a las 09:30, el fiscal Jorge Cano, quien indaga la rebelión de los policías, hará el reconocimiento de las instalaciones del Regimiento Quito y el hospital policial.
