La Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por la legisladora Nívea Vélez, analizó el proyecto de ley.
La incorporación de la figura de “renuncia obligatoria” y la disminución en el monto de indemnizaciones para los servidores públicos, son parte del veto que el Ejecutivo impuso a la Ley de Servicio Público, que desde ya cuenta con el rechazo de las minorías.
La norma, que reemplaza a la actual Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), contó con 108 votos para su aprobación. Sin embargo, la objeción del presidente Rafael Correa dejó sin piso varios temas que habían alcanzado el apoyo multipartidista.
Así lo señala la independiente Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Pues, en el veto a la décima disposición transitoria, el Ejecutivo cambió la figura de “renuncia voluntaria” por la de “renuncia obligatoria”.
Además, el Parlamento había aprobado que los servidores que dejen su puesto recibirán como indemnización siete salarios básicos por año ($ 1.680), con un techo de 210 salarios ($ 50.400). Ahora Correa plantea que sean cinco salarios por año de trabajo ($ 1.200), con un tope de 175 salarios ($ 42.000).
Para Línder Altafuya (MPD), la norma y otras incluidas en la objeción solo demuestran que el Primer Mandatario “tiene el propósito de dejar en la calle a más de 200.000 trabajadores públicos”, aseguró.
Para ello, agregó el parlamentario, en el veto está incluido que los burócratas que tengan 65 años de edad no podrán ascender y tendrán que dejar obligatoriamente sus cargos.
A ello hay que sumar, dijo Vélez, que el Ejecutivo determinó que las indemnizaciones podrán ser pagadas con bonos del Estado, lo cual es “terrible”.
El PSP rechazó que el veto también incluya al personal Legislativo y de Contraloría. Si esto se da, el Ministerio de Relaciones Laborales tendría inmenso poder, acotó ese bloque.
En la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior (Afese) también hay descontento por el artículo 83 literal i) de la ley. Incluso, el gremio analiza la posibilidad de paralizar sus actividades.
El titular de ese organismo, Rodrigo Yépez, advirtió que la aprobación de la ley obligaría a la salida de más de 300 funcionarios que están bajo la Ley Orgánica del Servicio Exterior y que pasarían a la Ley del Servicio Público.
“La aprobación de esta disposición ocasionará inseguridad jurídica, no solo en el ministerio, sino en las misiones en el exterior, porque estos trabajadores estarán regidos bajo dos leyes”. Además correrían el riesgo de que las autoridades, a su turno, apliquen una de las dos normas a su conveniencia.
La incorporación de la figura de “renuncia obligatoria” y la disminución en el monto de indemnizaciones para los servidores públicos, son parte del veto que el Ejecutivo impuso a la Ley de Servicio Público, que desde ya cuenta con el rechazo de las minorías.
La norma, que reemplaza a la actual Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), contó con 108 votos para su aprobación. Sin embargo, la objeción del presidente Rafael Correa dejó sin piso varios temas que habían alcanzado el apoyo multipartidista.
Así lo señala la independiente Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Pues, en el veto a la décima disposición transitoria, el Ejecutivo cambió la figura de “renuncia voluntaria” por la de “renuncia obligatoria”.
Además, el Parlamento había aprobado que los servidores que dejen su puesto recibirán como indemnización siete salarios básicos por año ($ 1.680), con un techo de 210 salarios ($ 50.400). Ahora Correa plantea que sean cinco salarios por año de trabajo ($ 1.200), con un tope de 175 salarios ($ 42.000).
Para Línder Altafuya (MPD), la norma y otras incluidas en la objeción solo demuestran que el Primer Mandatario “tiene el propósito de dejar en la calle a más de 200.000 trabajadores públicos”, aseguró.
Para ello, agregó el parlamentario, en el veto está incluido que los burócratas que tengan 65 años de edad no podrán ascender y tendrán que dejar obligatoriamente sus cargos.
A ello hay que sumar, dijo Vélez, que el Ejecutivo determinó que las indemnizaciones podrán ser pagadas con bonos del Estado, lo cual es “terrible”.
El PSP rechazó que el veto también incluya al personal Legislativo y de Contraloría. Si esto se da, el Ministerio de Relaciones Laborales tendría inmenso poder, acotó ese bloque.
En la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior (Afese) también hay descontento por el artículo 83 literal i) de la ley. Incluso, el gremio analiza la posibilidad de paralizar sus actividades.
El titular de ese organismo, Rodrigo Yépez, advirtió que la aprobación de la ley obligaría a la salida de más de 300 funcionarios que están bajo la Ley Orgánica del Servicio Exterior y que pasarían a la Ley del Servicio Público.
“La aprobación de esta disposición ocasionará inseguridad jurídica, no solo en el ministerio, sino en las misiones en el exterior, porque estos trabajadores estarán regidos bajo dos leyes”. Además correrían el riesgo de que las autoridades, a su turno, apliquen una de las dos normas a su conveniencia.
