Los asambleístas del oficialismo acuden hoy al palacio de Gobierno para tratar con el presidente Rafael Correa las observaciones que este hizo a tres normativas.Los extensos vetos que el Ejecutivo impuso a las leyes de Educación Superior, Código de Ordenamiento Territorial y Servicio Público serán analizados hoy por el bloque legislativo de PAIS y el presidente de la República, Rafael Correa, quien ayer arribó al país desde Asia.
En la cita programada para las 15:00 en Carondelet, los asambleístas expondrán los temas en los que no están de acuerdo con la objeción realizada por el Primer Mandatario. Esta argumentación será en base a los informes emitidos por las respectivas comisiones que tramitaron dichas leyes.
Juan Carlos Cassinelli afirma que su bloque no necesariamente acogerá todas las objeciones hechas por el Ejecutivo. Ello requiere de un análisis, recalca, pues hay temas que preocupan. Por ejemplo, en la Ley de Servicio Público, aspectos como la figura de la renuncia obligatoria o la regulación para la contratación de extranjeros.
Gastón Gagliardo y Aminta Buenaño coinciden en que en la cita también debatirán más a fondo el tema del cogobierno en las universidades. En el veto al proyecto de Ley de Educación Superior, el Jefe de Estado determinó que al elegir a las autoridades, el voto de los estudiantes representará “entre el 10% y el 25%”. En cambio, la Asamblea había aprobado que el pronunciamiento de los alumnos represente el 50% de la votación universal.
En esta misma norma, el Ejecutivo eliminó la creación de la universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Pero en la bancada oficialista hay la intención de insistir en este tema; incluso, el pasado miércoles, el prefecto Geovanny Benítez acudió a la reunión del bloque oficialista y expuso la necesidad de crear dicho plantel.
Otra normativa que afecta a Santo Domingo de los Tsáchilas consta en la objeción al Código de Ordenamiento Territorial. La Asamblea había aprobado que durante cinco años esa provincia podría crear cantones con un mínimo de 12.000 habitantes y no con 50.000, como rige para el resto del país.
El Mandatario eliminó esa disposición pero, según argumenta Paola Pabón (PAIS), en este tema podría insistirse ya que la intención es apuntalar el desarrollo de esta nueva provincia y además, facilitar su gobernabilidad.
