El Ministerio del Ambiente otorgó el permiso a la compañía canadiense Kinross-Aurelian, para realizar los trabajos de exploración avanzada en La Zarza (Zamora Chinchipe), donde está ubicado el yacimiento de oro y plata Fruta del Norte, que cuenta con las mayores reservas de esos metales.
La multinacional Ecuacorriente, obtuvo también los permisos para impulsar los proyectos Panantza-San Carlos y Mirador, puntos con grandes depósitos de cobre, plata y oro.
La licencia ambiental permite finiquitar el desarrollo de estos proyectos. Así, el sector tiene luz verde a la minería a gran escala. Las compañías cuentan con $ 2.700 millones listos para invertir y su actividad generará unas diez mil plazas de trabajo directas e indirectas.
Dominic Channer, vicepresidente de asuntos externos y responsabilidad corporativa de Kinross-Aurelian, destacó que la empresa cumple con todos los estándares ambientales no solo en el Ecuador, sino en todos los países donde opera.
Afirmó que la autorización del Ministerio fue lograda bajo el marco de la nueva Ley de Minería y contempla actividades como perforación, muestreo y estudios técnicos.
Este es el paso previo para la firma de los contratos de explotación, los cuales serán negociados desde 2011, una vez que el Gobierno entregue el modelo de contrato a las compañías extranjeras.
Pero la licencia ambiental genera controversia. El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quihspe, calificó de inconstitucional la concesión de los permisos a las compañías mineras Kinross-Aurelian y Ecuacorriente, para la realización de la exploración avanzada de los yacimientos minerales metálicos.
“Esta licencia carece de legalidad ya que Kinross-Aurelian, al consultar a la comunidad tomó atribuciones que son de competencia exclusiva del Estado. Además, las empresas Kinross-Aurelian y EXA, se encuentran asentadas dentro de áreas protegidas, no respetan la Constitución y el Gobierno no dice nada. Pero las comunidades no vamos a dejar que esto se concrete, pues la situación puede desembocar en un levantamiento social”, aseveró.
“Estamos en la obligación de hacer respetar los derechos que vulneran al pueblo y vamos a demostrar a este Gobierno que no somos cuatro ecologistas infantiles los que estamos defendiendo nuestra heredad territorial”, concluyó Quishpe.
Por su parte, la comunidad de Tzawata (provincia de Napo), reclama sus tierras ancestrales, donde está ubicada la compañía Merendon S.A. Denuncian que esta empresa realizó explotación de oro a cielo abierto, contaminando el aire, el agua y la tierra, y ahora pretende vender ese suelo contaminado a sus verdaderos dueños. Las organizaciones indígenas respaldan la exigencia de la comunidad Tzawata.
La multinacional Ecuacorriente, obtuvo también los permisos para impulsar los proyectos Panantza-San Carlos y Mirador, puntos con grandes depósitos de cobre, plata y oro.
La licencia ambiental permite finiquitar el desarrollo de estos proyectos. Así, el sector tiene luz verde a la minería a gran escala. Las compañías cuentan con $ 2.700 millones listos para invertir y su actividad generará unas diez mil plazas de trabajo directas e indirectas.
Dominic Channer, vicepresidente de asuntos externos y responsabilidad corporativa de Kinross-Aurelian, destacó que la empresa cumple con todos los estándares ambientales no solo en el Ecuador, sino en todos los países donde opera.
Afirmó que la autorización del Ministerio fue lograda bajo el marco de la nueva Ley de Minería y contempla actividades como perforación, muestreo y estudios técnicos.
Este es el paso previo para la firma de los contratos de explotación, los cuales serán negociados desde 2011, una vez que el Gobierno entregue el modelo de contrato a las compañías extranjeras.
Pero la licencia ambiental genera controversia. El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quihspe, calificó de inconstitucional la concesión de los permisos a las compañías mineras Kinross-Aurelian y Ecuacorriente, para la realización de la exploración avanzada de los yacimientos minerales metálicos.
“Esta licencia carece de legalidad ya que Kinross-Aurelian, al consultar a la comunidad tomó atribuciones que son de competencia exclusiva del Estado. Además, las empresas Kinross-Aurelian y EXA, se encuentran asentadas dentro de áreas protegidas, no respetan la Constitución y el Gobierno no dice nada. Pero las comunidades no vamos a dejar que esto se concrete, pues la situación puede desembocar en un levantamiento social”, aseveró.
“Estamos en la obligación de hacer respetar los derechos que vulneran al pueblo y vamos a demostrar a este Gobierno que no somos cuatro ecologistas infantiles los que estamos defendiendo nuestra heredad territorial”, concluyó Quishpe.
Por su parte, la comunidad de Tzawata (provincia de Napo), reclama sus tierras ancestrales, donde está ubicada la compañía Merendon S.A. Denuncian que esta empresa realizó explotación de oro a cielo abierto, contaminando el aire, el agua y la tierra, y ahora pretende vender ese suelo contaminado a sus verdaderos dueños. Las organizaciones indígenas respaldan la exigencia de la comunidad Tzawata.
