A pesar de su estado de gestación, la directora del CJ, Mariella Dávila, realizó personalmente el operativo en tres notarías de la ciudad, donde encontró novedades.
Maritza Ortega y Michel Macías llegaron indistintamente hasta la notaría 30 de Guayaquil, ubicada en 9 de Octubre y Chile, para notariar unos documentos, en medio de decenas de usuarios que pugnaban por recibir atención.
No les importó el calor que hacía en el lugar o el roce de las demás personas, pues ambas coincidían en señalar que allí, el costo por el servicio que requerían era inferior a las demás notarías.
“Un poder especial me cobran aquí 30 dólares, en otras están a 35 y 40”, aseguró Maritza, mientras que Michel afirmó que una declaración juramentada le costaba $ 10, cinco y diez menos de lo que le pedían otros fedatarios.
Y es que la diferencia en el cobro de la tabla arancelaria, que en 2007 fijó el Consejo de la Judicatura, para los servicios que brindan esas dependencias, fue una de las observaciones que hizo en la mañana de ayer la directora provincial del Consejo de la Judicatura, Mariella Dávila. Esto, durante un operativo sorpresa que, por vez primera, realiza la entidad en las notarías ubicadas en el centro de Guayaquil.
El objetivo de la operación fue confirmar si efectivamente los notarios están aplicando los aranceles vigentes y constatar que estén presentes al momento de dar fe pública de los actos que se presenta ante ellos.
“Son mecanismos de control que lo vamos a hacer aleatoriamente con todas las notarías, porque la ciudadanía tiene que estar con la tranquilidad de que ustedes están cumpliendo con su labor y nosotros lo que queremos es constatar que se aplique”, explicó Dávila a un funcionario.
El operativo se inició a las 09:15 en la notaría trigésima Novena, ubicada en las calles Rumichaca y 9 de Octubre. La primera observación que hizo a la notaria interina, María Chicaíza Castro, es que no había llegado a su despacho a la hora de atención fijada en su puerta. La funcionaria explicó que tuvo un problema de salud.
Además, que la tabla sea exhibida en un lugar más visible para los usuarios.
La inspección se extendió a las notarías treinta y quinta, donde la funcionaria judicial solicitó un expediente para verificar la liquidación de aranceles de este año, lo que fue analizado por un asesor jurídico y el de control disciplinario de la Judicatura. También estuvo presente el relacionista público de la entidad, quien realizó una encuesta a los usuarios.
Los fedatarios visitados se mostraron sorprendidos por la inusual visita, pero no pusieron objeción a los pedidos.
“Está bien todo lo que sea en beneficio de la comunidad”, dijo la notaria Castro, al añadir que en ocasiones los aranceles no se respetan porque llegan usuarios de escasos recursos económicos, que no pueden cubrir el costo del servicio, por lo que se hace una rebaja.
“Debemos tener un poco de sensibilidad porque hay gente que en realidad no tiene”, pero sí se respeta la tarifa para el que puede pagar.
Para el notario 30, Piero Aycart Vicenzzini, una de las razones por las cuales tiene más usuarios que las demás notarías es “la calidez con que se lo atiende” y si no tiene para costear el trámite lo hace gratis.
Según el funcionario, nunca antes había existido una vigilancia de esa naturaleza en las notarías por parte de la Corte de Justicia, que antes ejercía control sobre ellos. No obstante, señala que periódicamente los visita el SRI y el Seguro.
Maritza Ortega y Michel Macías llegaron indistintamente hasta la notaría 30 de Guayaquil, ubicada en 9 de Octubre y Chile, para notariar unos documentos, en medio de decenas de usuarios que pugnaban por recibir atención.
No les importó el calor que hacía en el lugar o el roce de las demás personas, pues ambas coincidían en señalar que allí, el costo por el servicio que requerían era inferior a las demás notarías.
“Un poder especial me cobran aquí 30 dólares, en otras están a 35 y 40”, aseguró Maritza, mientras que Michel afirmó que una declaración juramentada le costaba $ 10, cinco y diez menos de lo que le pedían otros fedatarios.
Y es que la diferencia en el cobro de la tabla arancelaria, que en 2007 fijó el Consejo de la Judicatura, para los servicios que brindan esas dependencias, fue una de las observaciones que hizo en la mañana de ayer la directora provincial del Consejo de la Judicatura, Mariella Dávila. Esto, durante un operativo sorpresa que, por vez primera, realiza la entidad en las notarías ubicadas en el centro de Guayaquil.
El objetivo de la operación fue confirmar si efectivamente los notarios están aplicando los aranceles vigentes y constatar que estén presentes al momento de dar fe pública de los actos que se presenta ante ellos.
“Son mecanismos de control que lo vamos a hacer aleatoriamente con todas las notarías, porque la ciudadanía tiene que estar con la tranquilidad de que ustedes están cumpliendo con su labor y nosotros lo que queremos es constatar que se aplique”, explicó Dávila a un funcionario.
El operativo se inició a las 09:15 en la notaría trigésima Novena, ubicada en las calles Rumichaca y 9 de Octubre. La primera observación que hizo a la notaria interina, María Chicaíza Castro, es que no había llegado a su despacho a la hora de atención fijada en su puerta. La funcionaria explicó que tuvo un problema de salud.
Además, que la tabla sea exhibida en un lugar más visible para los usuarios.
La inspección se extendió a las notarías treinta y quinta, donde la funcionaria judicial solicitó un expediente para verificar la liquidación de aranceles de este año, lo que fue analizado por un asesor jurídico y el de control disciplinario de la Judicatura. También estuvo presente el relacionista público de la entidad, quien realizó una encuesta a los usuarios.
Los fedatarios visitados se mostraron sorprendidos por la inusual visita, pero no pusieron objeción a los pedidos.
“Está bien todo lo que sea en beneficio de la comunidad”, dijo la notaria Castro, al añadir que en ocasiones los aranceles no se respetan porque llegan usuarios de escasos recursos económicos, que no pueden cubrir el costo del servicio, por lo que se hace una rebaja.
“Debemos tener un poco de sensibilidad porque hay gente que en realidad no tiene”, pero sí se respeta la tarifa para el que puede pagar.
Para el notario 30, Piero Aycart Vicenzzini, una de las razones por las cuales tiene más usuarios que las demás notarías es “la calidez con que se lo atiende” y si no tiene para costear el trámite lo hace gratis.
Según el funcionario, nunca antes había existido una vigilancia de esa naturaleza en las notarías por parte de la Corte de Justicia, que antes ejercía control sobre ellos. No obstante, señala que periódicamente los visita el SRI y el Seguro.
