Las reformas a la Ley de Tránsito tienen cuatro puntos considerados polémicos, por lo que en la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico aún persisten diferencias: el incremento de las sanciones; la creación de un organismo que otorgue apoyo en el tránsito a los municipios para que asuman las competencias; la constitución de una aseguradora nacional que administre los recursos del SOAT; y la elección de la entidad responsable para aprobar o no la creación de cooperativas de taxis y sus regulaciones.
La Comisión debía presentar hoy el informe para segundo debate, sobre las reformas a la Ley de Tránsito, sin embargo pidió un tiempo adicional, aduciendo que aún no se aprueba el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad).
Según la asambleísta Betty Carrillo (PAIS) es necesario que se apruebe esta ley para que se planteen las reformas, ya que con el cuerpo legal los gobiernos locales asumen varias competencias, entre ellas la de tránsito. Por eso, insiste, los debates se basan en un borrador del segundo informe. En lo que respecta a las sanciones, en la Comisión se analiza mantener los 30 puntos de la licencia.
En el primer informe se había sugerido que este valor fuera de 60. A esa reforma se estudia incorporar delitos como circular con llantas lisas, sancionar con prisión de ocho días a las personas que conduzcan sin los documentos necesarios, entre otros.
Dentro de los cambios se mantiene el pago del 5 por ciento de un salario mínimo vital para las faltas administrativas leves de primera clase contempladas en el artículo 139 de la actual Ley de Tránsito; por ejemplo usar inapropiadamente la bocina o conducir sin placas.
Las de segunda clase, contempladas en el artículo 140, serán sancionadas con el 10 por ciento y la reducción de tres puntos en la licencia. Algunas de estas faltas son no manejar por la derecha en las vías de doble dirección o invasión de carriles exclusivos.
Con relación a quién dará el apoyo a los municipios que no puedan asumir el tránsito, se plantea que la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (que reemplaza a la Comisión Nacional de Tránsito) sea el ente que capacite a los cabildos para que asuman esta competencia en sus jurisdicciones. De no ser así la Policía tendrá que asumir este papel.
En este marco, la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) desaparecería pues sus funciones deberá asumirlas el Municipio de Guayaquil. Esto de acuerdo con la disposición constitucional que plantea que las ciudades asuman el tránsito vehicular.
En lo relacionado con la entidad responsable para aprobar o no la creación de cooperativas de taxis y sus regulaciones, el asambleísta Francisco Ulloa dijo que de acuerdo con el Cootad, los municipios asumen el tránsito y deben ser esas entidades quienes decidan. Esa tarea, aclara, debe realizarse luego de un estudio. Adelantó que presentará un informe de minoría ante la falta de debate en la Comisión.
Finalmente, el tema de la aseguradora nacional para el manejo del SOAT se plantea como una posibilidad, debido a que el Fonsoat asumió, de acuerdo con la Comisión, el 46 por ciento de los reclamos de las personas que fueron afectadas por un chofer que huyó. La idea, según el borrador, es crear nuevas casas de salud y fortalecer las actuales con la finalidad de servir a las personas que sufren accidentes de tránsito.
Saruka Rodríguez, presidenta del suborganismo legislativo, señaló que era necesario pedir más plazos pues no ha existido un debate a profundidad.
Galo Sosa
La Comisión debía presentar hoy el informe para segundo debate, sobre las reformas a la Ley de Tránsito, sin embargo pidió un tiempo adicional, aduciendo que aún no se aprueba el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad).
Según la asambleísta Betty Carrillo (PAIS) es necesario que se apruebe esta ley para que se planteen las reformas, ya que con el cuerpo legal los gobiernos locales asumen varias competencias, entre ellas la de tránsito. Por eso, insiste, los debates se basan en un borrador del segundo informe. En lo que respecta a las sanciones, en la Comisión se analiza mantener los 30 puntos de la licencia.
En el primer informe se había sugerido que este valor fuera de 60. A esa reforma se estudia incorporar delitos como circular con llantas lisas, sancionar con prisión de ocho días a las personas que conduzcan sin los documentos necesarios, entre otros.
Dentro de los cambios se mantiene el pago del 5 por ciento de un salario mínimo vital para las faltas administrativas leves de primera clase contempladas en el artículo 139 de la actual Ley de Tránsito; por ejemplo usar inapropiadamente la bocina o conducir sin placas.
Las de segunda clase, contempladas en el artículo 140, serán sancionadas con el 10 por ciento y la reducción de tres puntos en la licencia. Algunas de estas faltas son no manejar por la derecha en las vías de doble dirección o invasión de carriles exclusivos.
Con relación a quién dará el apoyo a los municipios que no puedan asumir el tránsito, se plantea que la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (que reemplaza a la Comisión Nacional de Tránsito) sea el ente que capacite a los cabildos para que asuman esta competencia en sus jurisdicciones. De no ser así la Policía tendrá que asumir este papel.
En este marco, la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) desaparecería pues sus funciones deberá asumirlas el Municipio de Guayaquil. Esto de acuerdo con la disposición constitucional que plantea que las ciudades asuman el tránsito vehicular.
En lo relacionado con la entidad responsable para aprobar o no la creación de cooperativas de taxis y sus regulaciones, el asambleísta Francisco Ulloa dijo que de acuerdo con el Cootad, los municipios asumen el tránsito y deben ser esas entidades quienes decidan. Esa tarea, aclara, debe realizarse luego de un estudio. Adelantó que presentará un informe de minoría ante la falta de debate en la Comisión.
Finalmente, el tema de la aseguradora nacional para el manejo del SOAT se plantea como una posibilidad, debido a que el Fonsoat asumió, de acuerdo con la Comisión, el 46 por ciento de los reclamos de las personas que fueron afectadas por un chofer que huyó. La idea, según el borrador, es crear nuevas casas de salud y fortalecer las actuales con la finalidad de servir a las personas que sufren accidentes de tránsito.
Saruka Rodríguez, presidenta del suborganismo legislativo, señaló que era necesario pedir más plazos pues no ha existido un debate a profundidad.
Galo Sosa
