La producción petrolera de las empresas privadas muestra una constante caída desde 2006. En ese año, la extracción de crudo fue de 287 mil barriles por día; ahora, se ha reducido a 196 mil barriles, de acuerdo con el ministro de Energías No Renovables, Wilson Pástor. Esa caída se debe a la cada vez menor inversión: según el mismo funcionario, las petroleras destinaron unos $772,5 millones en 2006, que para 2010 disminuirán a $321 millones y para 2013, a $80 millones.
Esa caída corresponde a un período de transición por el cambio de los contratos entre el Estado y las empresas privadas, de la modalidad de participación a la de prestación de servicios. Ese proceso se ha dilatado y no concluye todavía.
Es predecible que, si el país no ofrece reglas claras y estables, se frenen las inversiones. Sin ellas, no es posible hallar nuevas reservas, tanto más necesarias cuanto declinen los pozos que se explotan, y para obtener nueva y más eficaz tecnología de recuperación en estos últimos.
Ni el contrato de participación ni el de servicios son mejor o peor por sí mismos: depende de las condiciones. En cualquier caso, se trata de concretar una forma contractual que sea favorable para el Estado pero, a la par, atractiva para las empresas privadas. Sin una razonable rentabilidad, las empresas privadas dejarán de invertir. Pero, al mismo tiempo, es necesario garantizar estabilidad en las reglas. El negocio petrolero exige un horizonte claro de mediano plazo. Solo así se genera un ambiente propicio para la inversión de riesgo.
Por prejuicios ideológicos, el Gobierno no ha generado un ambiente favorable para las inversión privada. Buscar un papel dinamizador clave para la inversión pública en el crecimiento de la economía no debería considerase como reñido a incentivar la inversión privada, más aún en un sector como el petrolero, en el que se requieren aportes de magnitud en cuanto a capital y cada vez mejores tecnologías.
