Miles de ciudadanos aglutinados en la denominada Coordinadora de la Marcha Blanca reclaman y exigen mayor control policial en la provincia fronteriza de Sucumbíos, ante la serie de crmenes y otros delitos en los cuales están inmersos incluso elementos policiales. Con un manifiesto dirigido al presidente Rafael Correa y a las entidades responsables de regular justicia y seguridad, los ciudadanos y organizaciones sociales de la provincia participarán este viernes11 de diciembre del presente año de una marcha contra la no violencia y la impunidad.
Se espera superar las cinco mil personas como expectativa y que se adhieran las autoridades locales, a fin de conformar una verdadera Junta de Seguridad Ciudadana, con participación de la ciudadanía en la planificación de las nuevas políticas públicas como lo exige la constitución en vigencia.
Edgar Quezada, Coordinador del evento señala que esto no es un acto político, sino un mecanismo previsto en la constitución de participación ciudadana, de ejercer su derecho a la participación, generando políticas de seguridad en marcadas en derecho y respetando la dignidad humana.
La falta de probidad en algunas autoridades judiciales, fiscales, administrativas e incluso de designación popular, genera un malestar en la población quienes exigen consenso y mayor apertura para discutir estos temas en forma clara y transparente, no enclaustrados en una oficina.
La falta de organización, planificación, y coordinación evidencian un divorcio permanente entre las autoridades y la población civil, situación que no ocurría en la administración anterior, fortalecio las relaciones con la población, con la participación directa conformando el Observatorio Ciudadano de Seguridad, que hoy ya no exite, dando como resultado bajos índices de delincuencia, se redujeron al 0.03 % en la actualidad supera el 15 % y va en aumento según los mismos informes proporcionados por las autoridades.
Algunos sectores de la población exigen cambios inmediatos en la administración de la provincia y en la cúpula policial, toda vez que el Gobierno Nacional les ha dotado a la Policía Nacional de cuarteles, armas, vehículos, motocicletas e incluso se incremento personal, sin embargo no hay presencia policial en las calles y carreteras de la capital petrolera del país y emporio comercial fronterizo.
Los comerciantes señalan que todos los días son objetos de asaltos, por parte de antisociales que saquean sus negocios o arremeten contra los clientes, mientras los policías, pasan solo con el celular en la mano chateando o sentados en los gabinetes de belleza de los centros comerciales, no hay control policial en la urbe.
La ciudadanía exige emprender un dialogo local con las autoridades y exigir transparencia a policías, jueces y fiscales, ya que la conformación del observatorio de justicia entrará en vigencia para dilucidar algunas denuncias. La veeduría ciudadana es una exigencia.
Los secuestros, los homicidios, robos a centros comerciales, asaltos en ls carreteras, la extorción y el robo de motocicletas y automotores van en aumento día a día.
Se espera superar las cinco mil personas como expectativa y que se adhieran las autoridades locales, a fin de conformar una verdadera Junta de Seguridad Ciudadana, con participación de la ciudadanía en la planificación de las nuevas políticas públicas como lo exige la constitución en vigencia.
Edgar Quezada, Coordinador del evento señala que esto no es un acto político, sino un mecanismo previsto en la constitución de participación ciudadana, de ejercer su derecho a la participación, generando políticas de seguridad en marcadas en derecho y respetando la dignidad humana.
La falta de probidad en algunas autoridades judiciales, fiscales, administrativas e incluso de designación popular, genera un malestar en la población quienes exigen consenso y mayor apertura para discutir estos temas en forma clara y transparente, no enclaustrados en una oficina.
La falta de organización, planificación, y coordinación evidencian un divorcio permanente entre las autoridades y la población civil, situación que no ocurría en la administración anterior, fortalecio las relaciones con la población, con la participación directa conformando el Observatorio Ciudadano de Seguridad, que hoy ya no exite, dando como resultado bajos índices de delincuencia, se redujeron al 0.03 % en la actualidad supera el 15 % y va en aumento según los mismos informes proporcionados por las autoridades.
Algunos sectores de la población exigen cambios inmediatos en la administración de la provincia y en la cúpula policial, toda vez que el Gobierno Nacional les ha dotado a la Policía Nacional de cuarteles, armas, vehículos, motocicletas e incluso se incremento personal, sin embargo no hay presencia policial en las calles y carreteras de la capital petrolera del país y emporio comercial fronterizo.
Los comerciantes señalan que todos los días son objetos de asaltos, por parte de antisociales que saquean sus negocios o arremeten contra los clientes, mientras los policías, pasan solo con el celular en la mano chateando o sentados en los gabinetes de belleza de los centros comerciales, no hay control policial en la urbe.
La ciudadanía exige emprender un dialogo local con las autoridades y exigir transparencia a policías, jueces y fiscales, ya que la conformación del observatorio de justicia entrará en vigencia para dilucidar algunas denuncias. La veeduría ciudadana es una exigencia.
Los secuestros, los homicidios, robos a centros comerciales, asaltos en ls carreteras, la extorción y el robo de motocicletas y automotores van en aumento día a día.
