Los bienes patrimoniales de los ciudadanos estarán al acceso de todos y serán centralizados por un organismo controlado por la Presidencia de la República. Así lo prevé el proyecto de ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, que está listo para segundo debate en la Asamblea.
El art. 31 de la propuesta contempla la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y puntualiza que estará “adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones”. De hecho, la “máxima autoridad y representante legal” de ese nuevo organismo “será la Directora o Director Nacional, designada o designado por la Ministra o Ministro”.
Juan Carlos Solines, ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sostiene que pretender que el Ministro de Telecomunicaciones controle al Sistema Nacional de Datos evidencia la intención de concentrar el poder.
“A través de un Ministerio se va a coordinar la designación de registradores a nivel de cantones. Como dice un viejo dicho, información es poder; entonces, quien controle, registre y designe (es decir, el Ministro) a quiénes van a administrar y recoger la información va a tener el poder absoluto”.
Según el art. 30 de la propuesta legal, el Sistema Nacional de Registro de Datos, que será presidido por la Dirección Nacional, concentrará vasta información.
A su base de datos llegarán los archivos de los registros civil, de la propiedad inmueble, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, vehicular, de naves y aeronaves, de patentes, de propiedad intelectual y otros públicos.
Asimismo, será atribución de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos “nombrar a los registradores o registradoras de la propiedad inmueble y mercantiles”, según el artículo 32, numeral 5 del proyecto de ley.
El oficialismo justifica el control político de los registros que custodian datos personales, patrimoniales y de otra índole. El art. 265 de la Constitución establece que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de forma concurrente entre la Función Ejecutiva y las municipalidades, señala el bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional.
El legislador Juan Carlos Casinelli (Alianza País) señala que precisamente uno de los mayores problemas en el tema patrimonial es que no hay un ente que centralice la información.
Los archivos patrimoniales ya son públicos, pero si yo quiero saber de los bienes de una persona tengo que recorrerme todo el país, cantón por cantón, para conseguir la información real, dice.
Los registros de la propiedad funcionan en los cantones y guardan las inscripciones de bienes de cada localidad; pero su información no está cruzada ni almacenada en un registro nacional.
Para el asambleísta de oposición Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica (PSP), “la intención es la misma que persigue el presidente (Rafael) Correa en todas sus acciones: tener poder total para someter a la población. Con la Ley de Registro de Datos, el Ejecutivo tendrá el control total de los datos de los ecuatorianos”.
Solines sostiene que en países que tienen tradición en la legislación sobre la protección de datos y manejo de registro de datos los órganos que administran y regulan este tema son independientes. “Si un órgano va a controlar la información de los ciudadanos tiene que ser técnico y no político. La actividad de los ministerios se ajusta y adapta a la visión política de un determinado Gobierno”.
El asambleísta oficialista César Rodríguez (País) discrepa. Señala que el Ministerio de Telecomunicaciones tendrá la función de regular los registros de datos, “porque se trata de una entidad técnica. No es un ente político”.
Ayer, este Diario acudió al Ministerio de Telecomunicaciones en busca de una versión del ministro Jorge Glass. La asesora de comunicación dijo que él estaba ocupado y ofreció dar una respuesta más tarde, telefónicamente, para concretar una entrevista. Pero luego se señaló que el Secretario de Estado se encontraba en una reunión a puerta cerrada.
El art. 31 de la propuesta contempla la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y puntualiza que estará “adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones”. De hecho, la “máxima autoridad y representante legal” de ese nuevo organismo “será la Directora o Director Nacional, designada o designado por la Ministra o Ministro”.
Juan Carlos Solines, ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sostiene que pretender que el Ministro de Telecomunicaciones controle al Sistema Nacional de Datos evidencia la intención de concentrar el poder.
“A través de un Ministerio se va a coordinar la designación de registradores a nivel de cantones. Como dice un viejo dicho, información es poder; entonces, quien controle, registre y designe (es decir, el Ministro) a quiénes van a administrar y recoger la información va a tener el poder absoluto”.
Según el art. 30 de la propuesta legal, el Sistema Nacional de Registro de Datos, que será presidido por la Dirección Nacional, concentrará vasta información.
A su base de datos llegarán los archivos de los registros civil, de la propiedad inmueble, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, vehicular, de naves y aeronaves, de patentes, de propiedad intelectual y otros públicos.
Asimismo, será atribución de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos “nombrar a los registradores o registradoras de la propiedad inmueble y mercantiles”, según el artículo 32, numeral 5 del proyecto de ley.
El oficialismo justifica el control político de los registros que custodian datos personales, patrimoniales y de otra índole. El art. 265 de la Constitución establece que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de forma concurrente entre la Función Ejecutiva y las municipalidades, señala el bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional.
El legislador Juan Carlos Casinelli (Alianza País) señala que precisamente uno de los mayores problemas en el tema patrimonial es que no hay un ente que centralice la información.
Los archivos patrimoniales ya son públicos, pero si yo quiero saber de los bienes de una persona tengo que recorrerme todo el país, cantón por cantón, para conseguir la información real, dice.
Los registros de la propiedad funcionan en los cantones y guardan las inscripciones de bienes de cada localidad; pero su información no está cruzada ni almacenada en un registro nacional.
Para el asambleísta de oposición Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica (PSP), “la intención es la misma que persigue el presidente (Rafael) Correa en todas sus acciones: tener poder total para someter a la población. Con la Ley de Registro de Datos, el Ejecutivo tendrá el control total de los datos de los ecuatorianos”.
Solines sostiene que en países que tienen tradición en la legislación sobre la protección de datos y manejo de registro de datos los órganos que administran y regulan este tema son independientes. “Si un órgano va a controlar la información de los ciudadanos tiene que ser técnico y no político. La actividad de los ministerios se ajusta y adapta a la visión política de un determinado Gobierno”.
El asambleísta oficialista César Rodríguez (País) discrepa. Señala que el Ministerio de Telecomunicaciones tendrá la función de regular los registros de datos, “porque se trata de una entidad técnica. No es un ente político”.
Ayer, este Diario acudió al Ministerio de Telecomunicaciones en busca de una versión del ministro Jorge Glass. La asesora de comunicación dijo que él estaba ocupado y ofreció dar una respuesta más tarde, telefónicamente, para concretar una entrevista. Pero luego se señaló que el Secretario de Estado se encontraba en una reunión a puerta cerrada.
