Cinco temas sensibles del proyecto de Ley de Comunicación serán analizados en detalle por los asambleístas de Alianza País. Eso se acordó en la sesión del lunes que se cumplió en el primer piso de la sede legislativa.
El debate en la bancada oficialista fue duro, sin que eso quiera decir que exista una división, aclararon ayer cuatro de los cinco coordinadores de esta bancada: Pamela Falconí, Gina Godoy, César Rodríguez y Vethowen Chica.
En la reunión, los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre las posibles reformas a los contenidos del proyecto legal, pero identificaron los temas sensibles y se dieron un plazo de ocho días para pulir los conceptos y la estrategia que usarán en el primer debate de la ley en el Pleno.
Esa sesión está prevista para la mañana del jueves 10, Día Mundial de los Derechos Humanos que, en el artículo 19 de la Declaración Universal, hace énfasis sobre la libertad de expresión.
Los puntos conflictivos que afectan a la ley tienen que ver con la inclusión o no en el documento del tema de Telecomunicaciones (administración de frecuencias). El segundo punto se refiere a la profesionalización de los periodistas. El tercero pone énfasis al registro obligatorio de medios. Como cuarto punto está la regulación y control de la prensa. Finalmente, consta la conformación del Consejo de Comunicación.
La semana pasada, varias voces de Alianza País mostraron su preocupación por los temas que se incluyeron en la propuesta que presentó la Comisión ocasional.
Desde el 15 de septiembre pasado, un grupo de 11 asambleístas de diferentes partidos se encargó de redactar el documento para entregarlo al Pleno. Pero, finalmente, quedó aprobado por los seis legisladores oficialistas.
Incluso, los integrantes de ese movimiento dijeron que no se elaboró una Ley de Comunicación sino una Ley para Medios. Para el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, a la Comisión ocasional le faltó tiempo para mejorar el texto y advirtió que ese tiempo se recuperará en el primero y segundo debates.
Sin embargo, esas críticas no fortalecieron la idea de archivar el documento y armar uno nuevo. Pero, anteayer, el buró político de Alianza País negó cualquier posibilidad de dar baja al texto de la Comisión.
La decisión fue tomada a pesar de que la oposición decidió reunir firmas, al interior de la Legislatura, para lograr tal propósito antes de que el Pleno inicie el debate. La idea la impulsaron el socialcristiano, Leonardo Viteri, y César Montúfar, asambleísta de Concertación Nacional.
Ellos recibieron el apoyo de las bancadas del PSC, Sociedad Patriótica y el Prian. Su argumento es que la totalidad del proyecto de ley atenta contra los derechos y las libertades de expresión, información y opinión. Por lo tanto, no podría ser modificado durante la discusión en el Pleno.
Hasta la tarde de ayer, la oposición alcanzó a reunir 47 de las 63 firmas para apuntalar esa propuesta. No se descarta que más asambleístas se sumen. Además, se ha buscado el apoyo de sectores sociales. Por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión pidió archivar el proyecto.
Mientras tanto, ayer el presidente Rafael Correa dijo que no tiene planificado participar en ningún taller de Alianza País sobre la Ley de Comunicación. A su regreso de Portugal, el Mandatario descartó avalar la figura de la autorregulación de los medios. Luego, criticó las publicaciones que la prensa hace sobre su Gobierno y convocó a un gran debate sobre los mecanismos para regular los contenidos.
El debate en la bancada oficialista fue duro, sin que eso quiera decir que exista una división, aclararon ayer cuatro de los cinco coordinadores de esta bancada: Pamela Falconí, Gina Godoy, César Rodríguez y Vethowen Chica.
En la reunión, los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre las posibles reformas a los contenidos del proyecto legal, pero identificaron los temas sensibles y se dieron un plazo de ocho días para pulir los conceptos y la estrategia que usarán en el primer debate de la ley en el Pleno.
Esa sesión está prevista para la mañana del jueves 10, Día Mundial de los Derechos Humanos que, en el artículo 19 de la Declaración Universal, hace énfasis sobre la libertad de expresión.
Los puntos conflictivos que afectan a la ley tienen que ver con la inclusión o no en el documento del tema de Telecomunicaciones (administración de frecuencias). El segundo punto se refiere a la profesionalización de los periodistas. El tercero pone énfasis al registro obligatorio de medios. Como cuarto punto está la regulación y control de la prensa. Finalmente, consta la conformación del Consejo de Comunicación.
La semana pasada, varias voces de Alianza País mostraron su preocupación por los temas que se incluyeron en la propuesta que presentó la Comisión ocasional.
Desde el 15 de septiembre pasado, un grupo de 11 asambleístas de diferentes partidos se encargó de redactar el documento para entregarlo al Pleno. Pero, finalmente, quedó aprobado por los seis legisladores oficialistas.
Incluso, los integrantes de ese movimiento dijeron que no se elaboró una Ley de Comunicación sino una Ley para Medios. Para el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, a la Comisión ocasional le faltó tiempo para mejorar el texto y advirtió que ese tiempo se recuperará en el primero y segundo debates.
Sin embargo, esas críticas no fortalecieron la idea de archivar el documento y armar uno nuevo. Pero, anteayer, el buró político de Alianza País negó cualquier posibilidad de dar baja al texto de la Comisión.
La decisión fue tomada a pesar de que la oposición decidió reunir firmas, al interior de la Legislatura, para lograr tal propósito antes de que el Pleno inicie el debate. La idea la impulsaron el socialcristiano, Leonardo Viteri, y César Montúfar, asambleísta de Concertación Nacional.
Ellos recibieron el apoyo de las bancadas del PSC, Sociedad Patriótica y el Prian. Su argumento es que la totalidad del proyecto de ley atenta contra los derechos y las libertades de expresión, información y opinión. Por lo tanto, no podría ser modificado durante la discusión en el Pleno.
Hasta la tarde de ayer, la oposición alcanzó a reunir 47 de las 63 firmas para apuntalar esa propuesta. No se descarta que más asambleístas se sumen. Además, se ha buscado el apoyo de sectores sociales. Por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión pidió archivar el proyecto.
Mientras tanto, ayer el presidente Rafael Correa dijo que no tiene planificado participar en ningún taller de Alianza País sobre la Ley de Comunicación. A su regreso de Portugal, el Mandatario descartó avalar la figura de la autorregulación de los medios. Luego, criticó las publicaciones que la prensa hace sobre su Gobierno y convocó a un gran debate sobre los mecanismos para regular los contenidos.
