Ayer, la Veeduría Ciudadana creada por disposición del presidente Rafael Correa, para investigar la denuncia de millonarios contratos de obra pública suscritos por empresas supuestamente vinculadas a su hermano, Fabricio Correa, le presentó al contralor Carlos Pólit su informe final en el que comprueba la existencia de contratos por $700 millones, suscritos de forma irregular, lo que habría causado al país un perjuicio de $143 millones.A ello se suman 1 400 proveedores y trabajadores perjudicados en unos $ 9 millones por facturas impagas y glosas. Entre ellos constan cinco obras viales; planta de reinyección de agua en el pozo Auca 16, órdenes de trabajo de remediación ambiental, subcontratos en campos Auca, Cononaco, Bloque 15 y 5, con BGP y Sinopec, movimiento de tierras para el Plan Socio Vivienda en Guayaquil. Se presume la participación de las mineras Kinross-Aurelian y otras que comercializan crudo.
Pablo Chambers, vocero de la Veeduría, dijo que la Contraloría y la Procuraduría remitieron a la Fiscalía informes con indicios de responsabilidad civil y penal que no han sido investigados. Hay 23 procesos de la Contraloría a los que no ha dado paso la Fiscalía, dijo Chambers, tras precisar que el informe no es político y se sustenta en 1 año y siete meses de investigación.
En el informe se señala que el presidente Rafael Correa sí conocía sobre los contratos de su hermano y adjunta al menos cuatro evidencias de aquello y se advierte que no existe documento en el que el mandatario haya ordenado la terminación unilateral de los contratos de su hermano. Según la Ley de Régimen Administrativo, solo se pueden dar disposiciones por escrito, anotan los veedores. Según la veeduría, empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa aún mantienen contratos con el Estado y se pregunta por qué nadie ha sido sancionado.
Habla Correa. Fabricio Correa dijo que no ha recibido ninguna llamada oficial por parte de la Veeduría Ciudadana para contrastar la información que se entregó ayer en la Contraloría.
Correa dice estar esperando el informe oficial con firma de responsabilidad e iniciar las acciones legales competentes, porque asegura que son calumnias.
Respecto a los $ 700 millones en contratos que, según el informe, mantiene con el Gobierno dijo: cada vez han ido aumentando la cifra, lo que a mi criterio le quita credibilidad.
Explicó que de no comprobar las acusaciones los veedores tendrán que enfrentar las acciones legales, algo que ha anticipado desde que lo entrevistó la CNN en julio de 2010.
