La jueza sustanciadora de la Corte Constitucional, Nina Pacari Vega, defendió ayer su informe preliminar sobre las cinco preguntas de enmienda constitucional planteadas por el presidente Rafael Correa, y recordó que la suerte de ese documento depende del pleno, conformado por ella y ocho vocales más.
El informe de Vega, entregado el pasado lunes, niega cuatro de las cinco preguntas del referéndum, por considerar que la facultad de esas reformas le corresponde a una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 444 de la Carta Suprema.
Asegura que su proyecto de dictamen está debidamente fundamentado.
El magistrado Hernando Morales dijo que la prioridad de los jueces en este momento es el análisis de las preguntas, pese a que en la CC hay preocupación por el deterioro de la imagen institucional por las denuncias de corrupción del asambleísta Galo Lara (SP).
A cada juez le toca proponer fundamentadamente eventuales reformas a los dos proyectos de dictamen presentados: el de Vega y el de Roberto Bhrunis que acepta las otras cinco preguntas, aunque con cambios, para la consulta popular, y que tienen que ver con el enriquecimiento privado, los juegos de azar, las corridas de toros, la Ley de Comunicación y la afiliación a la Seguridad Social.
El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, será el que decida la fecha de la sesión en que se debatirá el tema. El pronunciamiento final deberá darse hasta este 21 de febrero. Morales dijo que la votación podría ser en plancha (por cada uno de los informes de enmienda constitucional y de reforma legal) o pregunta por pregunta.
Al cuestionamiento de Correa de que Vega tiene una posición “antidemocrática”, ayer se sumaron la de otros funcionarios. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que “al Gobierno no le preocupa el informe de Nina Pacari Vega, porque ella fue puesta en la Corte Constitucional en el Congreso de la partidocracia, es cuota política de Pachakutik. (Sus conclusiones) es la crónica de un informe anunciado”.
En Carondelet, Mera sostuvo que la jueza “está actuando políticamente”, pues al ser cercana a Pachakutik, cualquier pregunta que haya realizado el Ejecutivo “la hubiera negado porque no está actuando en derecho; el derecho para ella, no ha servido para nada”.
El informe de Vega, entregado el pasado lunes, niega cuatro de las cinco preguntas del referéndum, por considerar que la facultad de esas reformas le corresponde a una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 444 de la Carta Suprema.
Asegura que su proyecto de dictamen está debidamente fundamentado.
El magistrado Hernando Morales dijo que la prioridad de los jueces en este momento es el análisis de las preguntas, pese a que en la CC hay preocupación por el deterioro de la imagen institucional por las denuncias de corrupción del asambleísta Galo Lara (SP).
A cada juez le toca proponer fundamentadamente eventuales reformas a los dos proyectos de dictamen presentados: el de Vega y el de Roberto Bhrunis que acepta las otras cinco preguntas, aunque con cambios, para la consulta popular, y que tienen que ver con el enriquecimiento privado, los juegos de azar, las corridas de toros, la Ley de Comunicación y la afiliación a la Seguridad Social.
El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, será el que decida la fecha de la sesión en que se debatirá el tema. El pronunciamiento final deberá darse hasta este 21 de febrero. Morales dijo que la votación podría ser en plancha (por cada uno de los informes de enmienda constitucional y de reforma legal) o pregunta por pregunta.
Al cuestionamiento de Correa de que Vega tiene una posición “antidemocrática”, ayer se sumaron la de otros funcionarios. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que “al Gobierno no le preocupa el informe de Nina Pacari Vega, porque ella fue puesta en la Corte Constitucional en el Congreso de la partidocracia, es cuota política de Pachakutik. (Sus conclusiones) es la crónica de un informe anunciado”.
En Carondelet, Mera sostuvo que la jueza “está actuando políticamente”, pues al ser cercana a Pachakutik, cualquier pregunta que haya realizado el Ejecutivo “la hubiera negado porque no está actuando en derecho; el derecho para ella, no ha servido para nada”.
