La investigación sobre la denuncia de cohecho presentada el viernes pasado por el asambleísta Galo Lara, de Sociedad Patriótica, contra funcionarios y magistrados de la Corte Constitucional (CC) se inició ayer en la Fiscalía General.
El anuncio lo hizo el fiscal general Washington Pesántez, antes de que los jueces de la propia Corte acudieran a su despacho a solicitar que intervenga en este caso, en el que se acusa a la Cervecería Nacional de pagar un millón de dólares a los jueces a cambio de un fallo laboral favorable.
“Les digo a ustedes que comencé con una indagación previa de oficio. Está por demás, si pretenden visitarme a denunciar o autodenunciar”, señaló Pesántez, lo que frenó la visita que tenían planificada realizar el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, y otros magistrados de ese organismo.
Según la denuncia de Lara, Cervecería Nacional habría hecho tres depósitos en la cuenta corriente de Alfredo Larrea Jijón, hermano de Arturo Larrea Jijón, quien es el secretario de la Corte, justo antes de que este organismo se pronunciara a favor de la empresa por una demanda de extrabajadores que exigían el pago de sus utilidades.
Tanto Alfredo como Arturo Larrea Jijón se han negado a dar declaraciones.
Además, la Cervecería solo emitió un comunicado, señalando que esos recursos son por servicios profesionales de Alfredo Larrea Jijón, quien tiene un bufete que proporciona asesoría y realiza trabajos para la empresa.
Tras conocer el anuncio del fiscal, el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, ofreció una rueda de prensa y dijo que la responsabilidad de probar el delito la tiene el asambleísta Lara, porque a ellos no les corresponde probar su inocencia. Y expresó que la Corte Constitucional no abrió ningún expediente administrativo interno para investigar ese caso y que, al tratarse de un delito común, deberá indagarse como tal.
Con ello intentó desmentir las afirmaciones del asambleísta Lara, que vinculó el supuesto cohecho con la sentencia de la CC en el caso de la Cervecería Nacional.
Para Pazmiño, “ese caso se estudió por la indebida utilización de las garantías jurisdiccionales de los jueces ordinarios... se trató de cubrir de aspectos constitucionales con aspectos de legalidad”.
Lara afirmó que es sospechoso que una empresa de tanto prestigio contrate a un abogado que tiene apenas un mes de ser profesional del Derecho, de una universidad a distancia. “Cuando el caso de la Cervecería Nacional inició su trámite en la CC, Alfredo Larrea, hermano del secretario de la CC, aún no era abogado, ya que su incorporación se registró el 28 de diciembre del 2010”, dijo.
“La Cervecería Nacional armó un contrato para justificar los recursos entregados”, dijo.
El viernes pasado, Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería, dijo a este Diario que la empresa tiene todo el respaldo de facturas de pago de Larrea Jijón y que están dispuestos a presentarlas. Ayer no contestó su teléfono.
El anuncio lo hizo el fiscal general Washington Pesántez, antes de que los jueces de la propia Corte acudieran a su despacho a solicitar que intervenga en este caso, en el que se acusa a la Cervecería Nacional de pagar un millón de dólares a los jueces a cambio de un fallo laboral favorable.
“Les digo a ustedes que comencé con una indagación previa de oficio. Está por demás, si pretenden visitarme a denunciar o autodenunciar”, señaló Pesántez, lo que frenó la visita que tenían planificada realizar el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, y otros magistrados de ese organismo.
Según la denuncia de Lara, Cervecería Nacional habría hecho tres depósitos en la cuenta corriente de Alfredo Larrea Jijón, hermano de Arturo Larrea Jijón, quien es el secretario de la Corte, justo antes de que este organismo se pronunciara a favor de la empresa por una demanda de extrabajadores que exigían el pago de sus utilidades.
Tanto Alfredo como Arturo Larrea Jijón se han negado a dar declaraciones.
Además, la Cervecería solo emitió un comunicado, señalando que esos recursos son por servicios profesionales de Alfredo Larrea Jijón, quien tiene un bufete que proporciona asesoría y realiza trabajos para la empresa.
Tras conocer el anuncio del fiscal, el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, ofreció una rueda de prensa y dijo que la responsabilidad de probar el delito la tiene el asambleísta Lara, porque a ellos no les corresponde probar su inocencia. Y expresó que la Corte Constitucional no abrió ningún expediente administrativo interno para investigar ese caso y que, al tratarse de un delito común, deberá indagarse como tal.
Con ello intentó desmentir las afirmaciones del asambleísta Lara, que vinculó el supuesto cohecho con la sentencia de la CC en el caso de la Cervecería Nacional.
Para Pazmiño, “ese caso se estudió por la indebida utilización de las garantías jurisdiccionales de los jueces ordinarios... se trató de cubrir de aspectos constitucionales con aspectos de legalidad”.
Lara afirmó que es sospechoso que una empresa de tanto prestigio contrate a un abogado que tiene apenas un mes de ser profesional del Derecho, de una universidad a distancia. “Cuando el caso de la Cervecería Nacional inició su trámite en la CC, Alfredo Larrea, hermano del secretario de la CC, aún no era abogado, ya que su incorporación se registró el 28 de diciembre del 2010”, dijo.
“La Cervecería Nacional armó un contrato para justificar los recursos entregados”, dijo.
El viernes pasado, Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería, dijo a este Diario que la empresa tiene todo el respaldo de facturas de pago de Larrea Jijón y que están dispuestos a presentarlas. Ayer no contestó su teléfono.
