Ante el recurso de acción de protección extraordinaria planteado por las comunidades indígenas, como un intento por definir el alcance de aplicación de la justicia indígena en el caso La Cocha, se analizan externamente propuestas para crear la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la jurisdicción indígena y la ordinaria.
Una de las propuestas para crear esta ley fue planteada por la asambleísta Lourdes Tibán, el pasado 2 de febrero. La legisladora de Pachakutik propone establecer qué delitos se pueden o no juzgar al interior de las comunidades indígenas.
Tibán dijo que los delitos contra la seguridad del Estado, narcotráfico y en contra de la administración pública no pueden ser juzgados por la justicia indígena.
Entidades del Estado y organizaciones como Unifem (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) realizaron dos talleres para crear una propuestas para este cuerpo legal.
Jorge Paladines, de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, explicó que allí se cotejó la propuesta con la ley indígena de Bolivia, que excluye delitos de lesa humanidad y en contra de la seguridad del Estado, entre otros aspectos como territorialidad.
“La muerte o asesinato de una persona que se realice en las comunidades donde se aplique la justicia indígena es un tema delicado”, aseguró el jurista Paladines.
El funcionario expresó que se consensuó con otras leyes de Colombia, México, entre otros países; y se consideró también la propuesta de la legisladora Tibán.
Dentro de la primera fase de la agenda para la elaboración de la ley del Ministerio de Justicia, se reunió ayer el titular de esta cartera de Estado, José Serrano, con la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, para tratar algunas acciones de inconstitucionalidad en casos como el de La Cocha.
Álex Alajo, dirigente de esa comunidad, de la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, dijo que mediante un acta se procedió a sancionar a cuatro de los implicados en la muerte de Marco Antonio Olivo, ocurrida el pasado 9 de mayo, en la misma parroquia. Luego de una semana, al tener los elementos ‘convincentes’, se sancionó al quinto presunto implicado en esta causa.
El dirigente explicó que ellos actuaron amparados en la Constitución, que otorga a los pueblos indígenas funciones jurisdiccionales a base de sus tradiciones ancestrales.
Raúl Ilaquiche, abogado que solicitó el recurso de protección, pidió al juez de la Corte Constitucional, Manuel Viteri, la libertad de los implicados en el proceso y que se revise si las autoridades indígenas en el momento de ejercer funciones jurisdiccionales podían resolver el caso de la muerte de Olivo.
Una de las propuestas para crear esta ley fue planteada por la asambleísta Lourdes Tibán, el pasado 2 de febrero. La legisladora de Pachakutik propone establecer qué delitos se pueden o no juzgar al interior de las comunidades indígenas.
Tibán dijo que los delitos contra la seguridad del Estado, narcotráfico y en contra de la administración pública no pueden ser juzgados por la justicia indígena.
Entidades del Estado y organizaciones como Unifem (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) realizaron dos talleres para crear una propuestas para este cuerpo legal.
Jorge Paladines, de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, explicó que allí se cotejó la propuesta con la ley indígena de Bolivia, que excluye delitos de lesa humanidad y en contra de la seguridad del Estado, entre otros aspectos como territorialidad.
“La muerte o asesinato de una persona que se realice en las comunidades donde se aplique la justicia indígena es un tema delicado”, aseguró el jurista Paladines.
El funcionario expresó que se consensuó con otras leyes de Colombia, México, entre otros países; y se consideró también la propuesta de la legisladora Tibán.
Dentro de la primera fase de la agenda para la elaboración de la ley del Ministerio de Justicia, se reunió ayer el titular de esta cartera de Estado, José Serrano, con la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, para tratar algunas acciones de inconstitucionalidad en casos como el de La Cocha.
Álex Alajo, dirigente de esa comunidad, de la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, dijo que mediante un acta se procedió a sancionar a cuatro de los implicados en la muerte de Marco Antonio Olivo, ocurrida el pasado 9 de mayo, en la misma parroquia. Luego de una semana, al tener los elementos ‘convincentes’, se sancionó al quinto presunto implicado en esta causa.
El dirigente explicó que ellos actuaron amparados en la Constitución, que otorga a los pueblos indígenas funciones jurisdiccionales a base de sus tradiciones ancestrales.
Raúl Ilaquiche, abogado que solicitó el recurso de protección, pidió al juez de la Corte Constitucional, Manuel Viteri, la libertad de los implicados en el proceso y que se revise si las autoridades indígenas en el momento de ejercer funciones jurisdiccionales podían resolver el caso de la muerte de Olivo.
