Los proyectos que aún reposan en el Legislativo sin que haya fecha para su debate final y aprobación son los de Cultura, Agua, Educación General y Comunicación. A excepción de este último, los otros tres deben pasar por un proceso de consulta prelegislativa que ni siquiera cuenta con reglas claras (ver notas adjuntas).Aún así, los parlamentarios de oposición y los de minorías consideran que hay razones más complejas que frenaron la aprobación de esos cuerpos. Una de ellas, la dificultad que ha tenido el bloque PAIS para consolidar una mayoría.
“En la Constituyente de Montecristi y en el Congresillo los oficialistas tenían más que votos suficientes y por eso se acostumbraron a aprobar todo sin acoger observaciones de nadie”, afirma Paco Moncayo (Alianza Libertad). Y agrega que en la actual Asamblea el bloque PAIS ya no pudo mantener esa dinámica porque no tiene los 63 legisladores que requiere para aprobar leyes.
Para Vicente Taiano (Prian), otro factor que ha incidido en que las cuatro leyes aún no estén aprobadas es la protesta social que a su vez ha generado “que el Gobierno vaya dejando en el camino a quienes eran sus aliados”.
Es el caso del MPD y de Pachakutik, que tomaron distancia del régimen por desacuerdos en temas como la Ley de Educación Superior y la del Agua. Incluso, previo a la aprobación de esta última, hubo una importante protesta indígena que frenó el tema.
Más allá de esto, Taiano y Jorge Escala (MPD) coinciden en que uno de los grandes problemas de las leyes obligatorias que han sido tramitadas hasta ahora es el “excesivo control” del Ejecutivo en cada sector. “Eso nos conduce a un totalitarismo”, expresa el prianista.
Para Betty Amores (PAIS), en cambio, la tarea legislativa ha sido positiva pero se ha visto empañada “por la defensa de intereses particulares que rechazan una ley solo porque les quita privilegios”.
A eso atribuye que “sigue habiendo resistencia” a proyectos como el de Comunicación que, a criterio de la legisladora, aún no tiene las condiciones políticas para ser aprobado.
Esta afirmación la comparte el titular del Legislativo, Fernando Cordero, quien apunta a que es necesario ahondar en diálogos y buscar consensos con otros partidos políticos para así destrabar las leyes y cumplir con el mandato constitucional. Y es que para el inicio del tercer año de vigencia de la Carta Magna el oficialismo ya tiene trazada su agenda.
“Vamos por la radicalización de las leyes sociales y por las que mejorarán los procesos productivos”, destaca Cordero, y agrega que entre las que tendrán prioridad están el proyecto de Código de la Producción, el de Economía Solidaria y la nueva Ley de Seguridad Social.
La posibilidad de que estas normas sean elaboradas y aprobadas por consenso, advierte Moncayo, “dependerá de que la oposición no intente bloquear todo y de que PAIS respete los acuerdos políticos”. Tras la crisis del 30 de septiembre, el oficialismo ha anunciado cambios en su dinámica parlamentaria que el tiempo dirá si se concretan o no.
