Por pedido de la justicia española, 23 personas son investigadas en Ecuador como parte de una red de lavado de activos que habría movido unos 6 millones de euros (8,3 millones de dólares), dinero que llegaba desde España y era enviado a Colombia, aparentemente para financiar actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La asistencia penal internacional se hizo a la Fiscalía del Ecuador por el Juzgado Central de Instrucción número 5 con sede en Madrid, España, dentro del caso iniciado en el país ibérico en agosto del 2008, donde la semana anterior fue apresada Jenny Fasce Schomaker junto a otras 40 personas.
El proceso iniciado en Ecuador señala que en los operativos fueron detenidas nueve personas: en Tulcán, Milton Ismael Vallejo Dorado (48 años), Patricio Tadeo Imbacuán Rosero (45) y Jonathan Manuel Rosero Ruano (30); mientras que en Quito se arrestó a María Elena Fasce Schomaker (46) y a Omar Patricio Erazo Ortega (30). Además, en Manta se detuvo a los hermanos Janeth y Emilio Fasce Schomaker junto a Ángela Liliana Vélez Franco (45) y Anastasia Lorena Cedeño López. Sin embargo, Janeth Fasce afirmó que su hermano Walter también fue detenido.
El martes, en la audiencia de formulación de cargos a los nueve sindicados, el juez 21º de lo Penal de Pichincha, Héctor Santiago Coba, dio paso a la instrucción fiscal, pero no les dictó prisión sino que dispuso una medida cautelar por la cual deben presentarse cada 15 días ante un juez. La Fiscalía no entregó pruebas contundentes que evidencien relación de los detenidos con el delito, explicó.
El director nacional Antinarcóticos, Crnel. Edmundo Mera, informó que hace tres semanas se iniciaron las acciones para ubicar a las 23 personas supuestamente vinculadas a la organización, de las cuales 4 son colombianas.
Según la solicitud española estas 23 personas estarían dedicadas al presunto delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, a través de giros enviados desde España a Ecuador. Aparentemente las remesas eran introducidas al país mediante varias cuentas. Una parte del dinero consignado era invertido en bienes raíces en las tres ciudades y otra cifra –aún no definida– habría sido enviada a Colombia a grupos irregulares como las FARC.
El documento español da nombres y apellidos de las personas que deben ser investigadas y retenidas. La empresa Modelcua S.A. que funciona en la capital, así como el gerente y los empleados de la cooperativa 29 de Octubre, agencia Tulcán, fueron también requeridas para investigaciones.
Dentro del caso, el juez ordenó el allanamiento a un inmueble donde funciona un almacén de alimentos balanceados y Modelcua, y dos departamentos en Quito. Todos los documentos encontrados fueron incautados.
La asistencia penal internacional se hizo a la Fiscalía del Ecuador por el Juzgado Central de Instrucción número 5 con sede en Madrid, España, dentro del caso iniciado en el país ibérico en agosto del 2008, donde la semana anterior fue apresada Jenny Fasce Schomaker junto a otras 40 personas.
El proceso iniciado en Ecuador señala que en los operativos fueron detenidas nueve personas: en Tulcán, Milton Ismael Vallejo Dorado (48 años), Patricio Tadeo Imbacuán Rosero (45) y Jonathan Manuel Rosero Ruano (30); mientras que en Quito se arrestó a María Elena Fasce Schomaker (46) y a Omar Patricio Erazo Ortega (30). Además, en Manta se detuvo a los hermanos Janeth y Emilio Fasce Schomaker junto a Ángela Liliana Vélez Franco (45) y Anastasia Lorena Cedeño López. Sin embargo, Janeth Fasce afirmó que su hermano Walter también fue detenido.
El martes, en la audiencia de formulación de cargos a los nueve sindicados, el juez 21º de lo Penal de Pichincha, Héctor Santiago Coba, dio paso a la instrucción fiscal, pero no les dictó prisión sino que dispuso una medida cautelar por la cual deben presentarse cada 15 días ante un juez. La Fiscalía no entregó pruebas contundentes que evidencien relación de los detenidos con el delito, explicó.
El director nacional Antinarcóticos, Crnel. Edmundo Mera, informó que hace tres semanas se iniciaron las acciones para ubicar a las 23 personas supuestamente vinculadas a la organización, de las cuales 4 son colombianas.
Según la solicitud española estas 23 personas estarían dedicadas al presunto delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, a través de giros enviados desde España a Ecuador. Aparentemente las remesas eran introducidas al país mediante varias cuentas. Una parte del dinero consignado era invertido en bienes raíces en las tres ciudades y otra cifra –aún no definida– habría sido enviada a Colombia a grupos irregulares como las FARC.
El documento español da nombres y apellidos de las personas que deben ser investigadas y retenidas. La empresa Modelcua S.A. que funciona en la capital, así como el gerente y los empleados de la cooperativa 29 de Octubre, agencia Tulcán, fueron también requeridas para investigaciones.
Dentro del caso, el juez ordenó el allanamiento a un inmueble donde funciona un almacén de alimentos balanceados y Modelcua, y dos departamentos en Quito. Todos los documentos encontrados fueron incautados.
