
La Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional deberá entregar hoy al presidente de la legislatura, Fernando Cordero, el informe para segundo y definitivo debate del Código de Planificación y Finanzas, a solo cinco días de que concluya el plazo para que entre en vigencia por el ministerio de la ley.
Conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión, presidida por Francisco Velasco (AP), tiene cuatro días de plazo para elaborar el informe, luego del primer debate que se cumplió la noche del pasado jueves.
Este Código, enviado por el Ejecutivo como económico urgente, deroga varias leyes: orgánica de Administración Financiera y Control, orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal; orgánica para la Recuperación del uso de los Recursos Petroleros y Racionalización Administrativa de los procesos de endeudamiento; y el primer capítulo de la ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público.
El jueves pasado, los prianistas Vicente Taiano y Rodolfo Baquerizo recogieron firmas para pedir al presidente de la República archivar el proyecto y que lo envíe por la vía ordinaria. Ambos presentaron la moción, pero el presidente de la Asamblea negó el pedido.
Uno de los puntos más polémicos es el de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán presentar el plan anual de proyectos al Consejo Nacional de Planificación. Esto crearía 757 partidas presupuestarias (son 757 Gobiernos Autónomos).
Otro es que el ministro de Finanzas podrá emitir instrumentos de financiamiento público, como bonos, certificados de depósito u otros papeles. (DLB)
El ministro de Finanzas podrá subir o bajar un 15% del Presupuesto sin tener que pedir autorización a la Asamblea nacional.
El Procurador podrá decidir donde y bajo qué legislación, el Estado podrá ir a un arbitraje internacional.
Encaje.- Las instituciones financieras podrán destinar hasta un 75% su encaje depositado en el Banco Central para la compra de papeles del Estado.
Deuda.- El límite de endeudamiento público será el 50% del Producto Interno Bruto (PIB).