Cuatro coroneles, siete capitanes, un teniente y un subteniente de Policía, supuestamente involucrados en la sublevación del 30 de septiembre (30-S), ayer fueron puestos en situación de disponibilidad por los consejos de Generales y Superior de la Policía Nacional.
Los coroneles son: Julio Cueva, Manuel Rivadeneira, Marcelo Echeverría, investigados en la Fiscalía por tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa; y el coronel Rolando Tapia, quien fue jefe de la escolta legislativa, quien es acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado.
El pasado fin de semana, los dos consejos estudiaron el parte informativo, realizado por Asuntos Internos de la Policía y otra documentación entregada sobre las actividades de los oficiales, el 30 de septiembre.
El Consejo Superior determinó que “existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional” contra los capitanes Paola Mafla Andrade, Álex López Cañizares, Francisco Zúñiga Gibaja, Pablo Córdova Coronel, Ricardo Paz y Miño Novillo, Geovany Fuentes Flores, Francisco Noboa Ramos; el teniente Juan Avilés Pastor y el subteniente Andrés Solano León.
Se informó que el parte policial, suscrito por el coronel Ernesto Solano, director de Inteligencia, adjunta fotografías de los policías que participaron en la revuelta.
Solano remite el listado de personal que presuntamente participó en la sublevación contra la Ley de Servicio Público el 30 de septiembre y se anota que la capitana Paola Mafla a las “10:00, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se la escuchaba que motivaba para que los policías reclamen sus ingresos económicos”.
En el caso del capitán Zúñiga, se señala que presumiblemente “se encontraba en la reja de la Unidad de Vigilancia Centro Occidente dando declaraciones a la prensa”.
En cuanto al capitán López se dice: “10:30. Exteriores del Hospital de la Policía en la puerta de acceso vehicular se encontraba el capitán López, quien vestía de civil y cubría la mitad de su rostro con un pañuelo. Él mismo se encontraba motivando a los policías para que lancen gritos de protesta por el interés económico quitados a través de la Ley de Servicio Público, así como daba declaraciones a una persona que lo grababa”.
Al capitán Paz y Miño presuntamente “se le observó en la avenida Mariana de Jesús y San Gabriel hablando por una Motorola mientras unos manifestantes se enfrentaban con un grupo de personas”.
Al capitán Fuentes, presuntamente “se le encuentra vestido con uniforme B-2, a la altura de la prevención del Hospital de la Policía, cerca del subteniente Solano”, a quien también “se le ubica cerca de la reja de la prevención de la Unidad Centro Occidente observando la quema de neumáticos”.
Al capitán Noboa se lo habría identificado en los exteriores de la Asamblea mientras se tomaban las instalaciones.
El teniente Avilés sería quien “ordenó al personal motorizado a ingresar a la Unidad para plegarse a la medida”.
Los oficiales en disponibilidad, según la Ley de Personal de la Policía, pasan a órdenes del Ministerio del Interior, donde permanecerán hasta por 60 días en situación de disponibilidad, mientras la Inspección General investigará, presentará las pruebas y practicará las diligencias solicitadas por los investigados.
Varios oficiales involucrados en este caso, que fueron consultados por este Diario, sostienen que es injusto que primero se ordene su disponibilidad y luego se les dé el derecho de defenderse; insisten en que se los inculpa sin tener pruebas suficientes, pero aclaran que defenderán su inocencia.
Los coroneles son: Julio Cueva, Manuel Rivadeneira, Marcelo Echeverría, investigados en la Fiscalía por tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa; y el coronel Rolando Tapia, quien fue jefe de la escolta legislativa, quien es acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado.
El pasado fin de semana, los dos consejos estudiaron el parte informativo, realizado por Asuntos Internos de la Policía y otra documentación entregada sobre las actividades de los oficiales, el 30 de septiembre.
El Consejo Superior determinó que “existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional” contra los capitanes Paola Mafla Andrade, Álex López Cañizares, Francisco Zúñiga Gibaja, Pablo Córdova Coronel, Ricardo Paz y Miño Novillo, Geovany Fuentes Flores, Francisco Noboa Ramos; el teniente Juan Avilés Pastor y el subteniente Andrés Solano León.
Se informó que el parte policial, suscrito por el coronel Ernesto Solano, director de Inteligencia, adjunta fotografías de los policías que participaron en la revuelta.
Solano remite el listado de personal que presuntamente participó en la sublevación contra la Ley de Servicio Público el 30 de septiembre y se anota que la capitana Paola Mafla a las “10:00, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se la escuchaba que motivaba para que los policías reclamen sus ingresos económicos”.
En el caso del capitán Zúñiga, se señala que presumiblemente “se encontraba en la reja de la Unidad de Vigilancia Centro Occidente dando declaraciones a la prensa”.
En cuanto al capitán López se dice: “10:30. Exteriores del Hospital de la Policía en la puerta de acceso vehicular se encontraba el capitán López, quien vestía de civil y cubría la mitad de su rostro con un pañuelo. Él mismo se encontraba motivando a los policías para que lancen gritos de protesta por el interés económico quitados a través de la Ley de Servicio Público, así como daba declaraciones a una persona que lo grababa”.
Al capitán Paz y Miño presuntamente “se le observó en la avenida Mariana de Jesús y San Gabriel hablando por una Motorola mientras unos manifestantes se enfrentaban con un grupo de personas”.
Al capitán Fuentes, presuntamente “se le encuentra vestido con uniforme B-2, a la altura de la prevención del Hospital de la Policía, cerca del subteniente Solano”, a quien también “se le ubica cerca de la reja de la prevención de la Unidad Centro Occidente observando la quema de neumáticos”.
Al capitán Noboa se lo habría identificado en los exteriores de la Asamblea mientras se tomaban las instalaciones.
El teniente Avilés sería quien “ordenó al personal motorizado a ingresar a la Unidad para plegarse a la medida”.
Los oficiales en disponibilidad, según la Ley de Personal de la Policía, pasan a órdenes del Ministerio del Interior, donde permanecerán hasta por 60 días en situación de disponibilidad, mientras la Inspección General investigará, presentará las pruebas y practicará las diligencias solicitadas por los investigados.
Varios oficiales involucrados en este caso, que fueron consultados por este Diario, sostienen que es injusto que primero se ordene su disponibilidad y luego se les dé el derecho de defenderse; insisten en que se los inculpa sin tener pruebas suficientes, pero aclaran que defenderán su inocencia.
