Buenos Aires, EFE. Los ministros de Educación de Iberoamérica dieron hoy el visto bueno a la propuesta de Metas Educativas 2021, que implica invertir 100.000 millones de dólares para que los sistemas de enseñanza de la región den un vuelco cuantitativo y cualitativo en la próxima década.
Esto supone que los recursos destinados a educación pasarían del 5,1% al 5,5% del producto interno bruto (PIB), según el acuerdo que tendrá que aprobarse definitivamente en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 3 y 4 de diciembre próximo en Mar del Plata (Argentina), cuyo lema será "Educación e inclusión social".
Las mejoras educativas que se pretenden para la generación de los bicentenarios de independencia, como universalizar el acceso a la educación básica y aumentar la permanencia en las escuelas y el rendimiento académico, deberán sustentarse en programas sociales compartidos para que tengan éxito completo.
El principal de ellos, el de atención a la primera infancia, está valorado en 40.000 millones de dólares.
El programa pretende concienciar a la sociedad y las familias sobre los derechos de los niños, los beneficios de la educación y la erradicación del trabajo infantil.
Además, busca garantizar algo tan básico como el registro civil de todos los niños, pues se calcula que dos millones se quedan sin inscribir al año, y conseguir una formación adecuada de las personas encargadas de los menores en edades tempranas.
Otros se ocuparán de los alumnos y las poblaciones en riesgo de exclusión social, como niñas, grupos urbanos marginales, descendientes de aborígenes y de ascendencia africana.
El proyecto de mejoras socioeducativas prevé en un decenio un incremento acelerado de los porcentajes y del tiempo de escolarización (sobre todo en infantil y secundaria) y de la calidad de la enseñanza.
También busca reducir la repetición y un impulso de la formación técnico-profesional, además de subir la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Entre los objetivos generales, figuran la universalización de la enseñanza básica "equitativa e inclusiva", acabar con el analfabetismo (34 millones de personas) y con la deserción escolar y, de manera relacionada, con el trabajo infantil (10% de los niños de primaria), además de un mejor desarrollo profesional docente.
Otras metas son ampliar la duración de la jornada escolar, al menos tres horas de lectura obligatoria en primaria y dos en secundaria, y que entre el 30 y el 70 por ciento de los recién alfabetizados sigan estudios básicos.
También se fijan unos indicadores de cumplimiento parcial en 2015 y se establece un seguimiento bianual tanto del conjunto de la región como de los países, pues cada uno se plantea unos logros específicos, según su situación de partida y prioridades, dada la disparidad social, educativa y económica entre ellos.
El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Álvaro Marchesi, insistió en esas diferencias, de tal forma que el crecimiento medio de inversión sobre el PIB venga impulsado por los países que menos gastaban en 2008.
Entre los que menos gastaban ese año destacan Ecuador (2,1%), República Dominicana (2,2%), Perú (2,5%) o Uruguay (2,8%), frente a otros como Cuba (13,6%), Honduras (7%), Bolivia (6,3%) o Brasil (5,2%).
Esto supone que los recursos destinados a educación pasarían del 5,1% al 5,5% del producto interno bruto (PIB), según el acuerdo que tendrá que aprobarse definitivamente en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 3 y 4 de diciembre próximo en Mar del Plata (Argentina), cuyo lema será "Educación e inclusión social".
Las mejoras educativas que se pretenden para la generación de los bicentenarios de independencia, como universalizar el acceso a la educación básica y aumentar la permanencia en las escuelas y el rendimiento académico, deberán sustentarse en programas sociales compartidos para que tengan éxito completo.
El principal de ellos, el de atención a la primera infancia, está valorado en 40.000 millones de dólares.
El programa pretende concienciar a la sociedad y las familias sobre los derechos de los niños, los beneficios de la educación y la erradicación del trabajo infantil.
Además, busca garantizar algo tan básico como el registro civil de todos los niños, pues se calcula que dos millones se quedan sin inscribir al año, y conseguir una formación adecuada de las personas encargadas de los menores en edades tempranas.
Otros se ocuparán de los alumnos y las poblaciones en riesgo de exclusión social, como niñas, grupos urbanos marginales, descendientes de aborígenes y de ascendencia africana.
El proyecto de mejoras socioeducativas prevé en un decenio un incremento acelerado de los porcentajes y del tiempo de escolarización (sobre todo en infantil y secundaria) y de la calidad de la enseñanza.
También busca reducir la repetición y un impulso de la formación técnico-profesional, además de subir la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Entre los objetivos generales, figuran la universalización de la enseñanza básica "equitativa e inclusiva", acabar con el analfabetismo (34 millones de personas) y con la deserción escolar y, de manera relacionada, con el trabajo infantil (10% de los niños de primaria), además de un mejor desarrollo profesional docente.
Otras metas son ampliar la duración de la jornada escolar, al menos tres horas de lectura obligatoria en primaria y dos en secundaria, y que entre el 30 y el 70 por ciento de los recién alfabetizados sigan estudios básicos.
También se fijan unos indicadores de cumplimiento parcial en 2015 y se establece un seguimiento bianual tanto del conjunto de la región como de los países, pues cada uno se plantea unos logros específicos, según su situación de partida y prioridades, dada la disparidad social, educativa y económica entre ellos.
El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Álvaro Marchesi, insistió en esas diferencias, de tal forma que el crecimiento medio de inversión sobre el PIB venga impulsado por los países que menos gastaban en 2008.
Entre los que menos gastaban ese año destacan Ecuador (2,1%), República Dominicana (2,2%), Perú (2,5%) o Uruguay (2,8%), frente a otros como Cuba (13,6%), Honduras (7%), Bolivia (6,3%) o Brasil (5,2%).
