Alianza País intentará una maniobra jurídica para sortear el malestar de los trabajadores públicos. En la reunión entre los asambleístas de la bancada y el Presidente de la República se resolvió allanarse al veto a la Ley de Servicio Público, pero los puntos de mayor conflicto serán mejorados en el Reglamento o en una reforma para esa normativa.
En la víspera, los legisladores oficialistas anunciaron que insistirán en 32 artículos de la ley aprobada por la Asamblea. Ayer, casi todos los 56 integrantes llegaron a la cita con el Mandatario en el Palacio de Carondelet. La mayoría arribó entre las 16:00 y 16:30. Luego de sesionar anteanoche y ayer al mediodía, habían llegado a un consenso: rechazar la propuesta para que los servidores públicos renuncien obligatoriamente a los 65 años y que las indemnizaciones puedan ser pagadas con bonos del Estado.
El asambleísta Mauro Andino entró a la reunión confiado de que el Presidente entendiera los argumentos que le presentarían. “El pago de los beneficios de la jubilación debe ser en dinero y no en bonos”, afirmó.
Sin embargo, Juan Carlos Casinelli, coordinador del bloque, adelantó lo que sucedería. La bancada se allanaría al veto, como había ocurrido con la Ley de Educación Superior y con el Código Territorial. Eso ocurriría a pesar de las amenazas de los funcionarios públicos de paralizarse a escala nacional. “Siempre y cuando sean hechas con respeto”, dijo el coordinador del bloque.
A la salida del encuentro, 19:00, el anuncio de Cassinelli se concretó. Su colega Gastón Gagliardo aseguró que acogerán el veto presidencial, pero que realizar algunas reformas a futuro sobre las renuncias, jubilaciones e indemnizaciones del burócratas.
Andino explicó en detalle la propuesta. Se pretende que en el reglamento a la Ley se estipule que los mayores de 65 años reciban sus remuneraciones en efectivo, mientras que para los menores a esa edad la fórmula sea 50% en efectivo y 50% en bonos. Y en la reforma legal, que pudiera presentarse en unos tres meses, se podrán definir otros puntos polémicos, como conocer qué pasará con la autonomía laboral de Contraloría y Procuraduría.(El comercio)
En la víspera, los legisladores oficialistas anunciaron que insistirán en 32 artículos de la ley aprobada por la Asamblea. Ayer, casi todos los 56 integrantes llegaron a la cita con el Mandatario en el Palacio de Carondelet. La mayoría arribó entre las 16:00 y 16:30. Luego de sesionar anteanoche y ayer al mediodía, habían llegado a un consenso: rechazar la propuesta para que los servidores públicos renuncien obligatoriamente a los 65 años y que las indemnizaciones puedan ser pagadas con bonos del Estado.
El asambleísta Mauro Andino entró a la reunión confiado de que el Presidente entendiera los argumentos que le presentarían. “El pago de los beneficios de la jubilación debe ser en dinero y no en bonos”, afirmó.
Sin embargo, Juan Carlos Casinelli, coordinador del bloque, adelantó lo que sucedería. La bancada se allanaría al veto, como había ocurrido con la Ley de Educación Superior y con el Código Territorial. Eso ocurriría a pesar de las amenazas de los funcionarios públicos de paralizarse a escala nacional. “Siempre y cuando sean hechas con respeto”, dijo el coordinador del bloque.
A la salida del encuentro, 19:00, el anuncio de Cassinelli se concretó. Su colega Gastón Gagliardo aseguró que acogerán el veto presidencial, pero que realizar algunas reformas a futuro sobre las renuncias, jubilaciones e indemnizaciones del burócratas.
Andino explicó en detalle la propuesta. Se pretende que en el reglamento a la Ley se estipule que los mayores de 65 años reciban sus remuneraciones en efectivo, mientras que para los menores a esa edad la fórmula sea 50% en efectivo y 50% en bonos. Y en la reforma legal, que pudiera presentarse en unos tres meses, se podrán definir otros puntos polémicos, como conocer qué pasará con la autonomía laboral de Contraloría y Procuraduría.(El comercio)
