Antes de ser enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, como anunció el Primer Mandatario, el Código de la Producción, Comercio e Inversiones fue remitido a los legisladores para un análisis previo de su contenido.
Sin embargo, el documento -por tratarse de un borrador del proyecto de ley- todavía está sujeto a cambios en el ámbito del Ejecutivo. Tanto que no contiene el capítulo relacionado con los incentivos estatales para la producción.
Justo los artículos que recibieron críticas de los industriales de Guayaquil que consideraron, en el mes de julio pasado, que la propuesta excluye a la gran empresa del reparto de esos incentivos.
Según la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, el capítulo “se encuentra aún en análisis y cuantificación de escenarios para su definición final”, dice en la carta que envió al titular del Legislativo, Fernando Cordero.
La intención de enviar un texto borrador es evitar que se repita lo sucedido durante el trámite de la reforma petrolera que entró en vigencia por el ministerio de la ley porque a la Asamblea se le agotaron los 30 días de plazo para aprobarla o negarla. Y el Código no sería el único que se socialice entre los legisladores antes de ser remitido oficialmente: el Código de Finanzas Públicas y Planificación, podría tener el mismo tratamiento.
Así el proyecto de Código de la Producción que les llegó a los asambleístas está compuesto por 168 artículos, organizados con cinco libros, y tiene 16 disposiciones derogatorias.
La norma parte del hecho de que “el Estado intervendrá en el desarrollo productivo y en la transformación de la matriz productiva, a través de la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos”.
Y lo hará, a través de un Consejo Sectorial de la Producción que estaría integrado por el ministerio coordinador de la Producción; los ministerios de Agricultura, Industrias y Servicios, Transporte y Obras Públicas, Turismo, Relaciones Laborales; los delegados de los organismos de Capacitación Técnica y Profesional, Comercio Exterior, Compras Públicas, Ciencia y Tecnología; Propiedad Intelectual; y las instituciones a cargo de la administración tributaria: tanto los internos como de comercio exterior.
También serían parte del Consejo el Organismo rector de la gestión de la Administración Pública, el Organismo rector de la Planificación; y todos los demás que considere el Presidente de la República.
Los representantes del sector productivo privado estarán representados en el Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior.
Según el texto del proyecto, los beneficios del nuevo Código se aplicarán, únicamente, para las inversiones productivas y nuevas que se realicen a partir de su vigencia. Excepto las que provengan de paraísos fiscales.
Sin embargo, el documento -por tratarse de un borrador del proyecto de ley- todavía está sujeto a cambios en el ámbito del Ejecutivo. Tanto que no contiene el capítulo relacionado con los incentivos estatales para la producción.
Justo los artículos que recibieron críticas de los industriales de Guayaquil que consideraron, en el mes de julio pasado, que la propuesta excluye a la gran empresa del reparto de esos incentivos.
Según la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, el capítulo “se encuentra aún en análisis y cuantificación de escenarios para su definición final”, dice en la carta que envió al titular del Legislativo, Fernando Cordero.
La intención de enviar un texto borrador es evitar que se repita lo sucedido durante el trámite de la reforma petrolera que entró en vigencia por el ministerio de la ley porque a la Asamblea se le agotaron los 30 días de plazo para aprobarla o negarla. Y el Código no sería el único que se socialice entre los legisladores antes de ser remitido oficialmente: el Código de Finanzas Públicas y Planificación, podría tener el mismo tratamiento.
Así el proyecto de Código de la Producción que les llegó a los asambleístas está compuesto por 168 artículos, organizados con cinco libros, y tiene 16 disposiciones derogatorias.
La norma parte del hecho de que “el Estado intervendrá en el desarrollo productivo y en la transformación de la matriz productiva, a través de la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos”.
Y lo hará, a través de un Consejo Sectorial de la Producción que estaría integrado por el ministerio coordinador de la Producción; los ministerios de Agricultura, Industrias y Servicios, Transporte y Obras Públicas, Turismo, Relaciones Laborales; los delegados de los organismos de Capacitación Técnica y Profesional, Comercio Exterior, Compras Públicas, Ciencia y Tecnología; Propiedad Intelectual; y las instituciones a cargo de la administración tributaria: tanto los internos como de comercio exterior.
También serían parte del Consejo el Organismo rector de la gestión de la Administración Pública, el Organismo rector de la Planificación; y todos los demás que considere el Presidente de la República.
Los representantes del sector productivo privado estarán representados en el Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior.
Según el texto del proyecto, los beneficios del nuevo Código se aplicarán, únicamente, para las inversiones productivas y nuevas que se realicen a partir de su vigencia. Excepto las que provengan de paraísos fiscales.
